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Congresista Nydia Velázquez. (GFR Media)

Con apoyo bipartidista, la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) presentó anoche el proyecto de ley que busca llenar un hueco que dejó la ley Promesa y evitar conflictos de intereses de empresas relacionadas a la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico.

Velázquez anunció hoy la presentación de su medida, la cual preparó después de denunciarse conflictos de la empresa McKinsey, principal asesora de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a cargo de las finanzas públicas de la Isla.

La congresista reconoció a El Nuevo Día que, en momentos en que la Cámara de Representantes intenta cerrar hoy sus trabajos, la medida quedará pendiente para la próxima sesión del Congreso que empieza el 3 de enero.

La legislación tiene el respaldo del saliente presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano Rob Bishop (Utah), y del líder de la minoría demócrata, Raúl Grijalva (Arizona).

También tiene el apoyo de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, y el congresista Andy Biggs (Arizona), ambos republicanos.

Grijalva será en enero el próximo presidente del Comité de Recursos Naturales. Biggs es miembro del Comité de lo Jurídico.

La propuesta de Velázquez obligaría a abogados, contables, consultores, agentes y otros profesionales contratados por la JSF para el proceso de reestructuración de la deuda pública a divulgar ante la Oficina del Síndico de Bancarrota del Departamento de Justicia de Estados Unidos sus conexiones con deudores, acreedores, la Junta de Supervisión Fiscal y empleados de la Junta, antes de poder ser compensado.

Si la declaración de la empresa consultora no se presenta o el Síndico determina que existe un conflicto de interés, la corte puede ordenar que no se le pague.

La legislación aplicaría a los procesos de reestructuración de la deuda bajo el título III de la ley Promesa, que creó un sistema de bancarrota judicial que está en manos de la jueza Laura Taylor Swain.

En septiembre pasado, el diario The New York Times divulgó que subsidiarias de la principal empresa asesora de la JSF, Mckinsey, tienen unos $20 millones en bonos del gobierno de Puerto Rico.

“La gente de Puerto Rico no puede tener fe en que esta JSF está poniendo sus intereses en primer lugar si los consultores que ayudan a implementar la reestructuración podrían beneficiarse de la cantidad de servicio de deuda disponible bajo los mismos planes fiscales que diseñan", dijo Velázquez.

La congresista Velázquez afirmó que “como mínimo, los mismos requisitos de divulgación que se aplican a una bancarrota ordinaria en (EE.UU.) deben ser válidos para Puerto Rico”, pues considera que cualquier criterio más bajo “impugna la integridad del proceso ".

Un portavoz de Mckinsey dijo que ha cumplido con los requisitos de divulgación y que su subsidiaria con bonos de Puerto Rico, MIO Partners, opera independientemente a sus tareas de consultoría.

De acuerdo a los informes de la JSF, McKinsey puede facturar hasta $15.4 millones por sus tareas durante el año fiscal puertorriqueño 2018-2019, lo que representa una cuarta parte de todo su presupuesto de $64.7 millones.

The New York Times informó hoy que en octubre pasado, asesores del Congreso le expresaron preocupación al presidente de la JSF, José Carrión III, sobre las inversiones de la subsidiaria de McKinsey.

Carrión III habría reconocido entonces una apariencia de conflicto. La JSF hace su propio análisis sobre el asunto.

La comisionada González, por su parte, adelantó ayer su respaldo a la legislación luego de superar dudas en torno a si la legislación era si iba a impedir que empresas pequeñas en Puerto Rico pudieran obtener contratos con la JSF.


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