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Fachada del Capitolio de Estados Unidos, en Washington D.C. (horizontal-x3)
Fachada del Capitolio de Estados Unidos, en Washington D.C. (EFE)

Washington - Ante la investigación sobre su contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la empresa Whitefish dedicó por lo menos $150,000 a cabildear en el Congreso durante el último trimestre de 2017.

En medio del escándalo que manchó la credibilidad en Washington sobre el proceso de contratación del gobierno de Puerto Rico, Whitefish contrató al bufete de Foley & Lardner para defenderse de la investigación y el escrutinio al que se ha enfrentado en el Congreso.

En varios comités del Congreso, a finales de 2017, las audiencias sobre la catástrofe causada por el huracán María en Puerto Rico estuvieron centradas en el escándalo del contrato de Whitefish, que alcanzó los $300 millones y tuvo que ser cancelado.

Foley & Lardner – que tuvo contratos con el Banco Gubernamental de Fomento durante el gobierno de Alejandro García Padilla-, dedicó cinco cabilderos a su presión en el Capitolio federal en el último trimestre de 2017, de acuerdo con el informe sometido ante el Congreso, que fue publicado primero por la página de internet Open Secrets.

Los cabilderos de Foley & Lardner vinculados al trabajo para Whitefish son: los ex congresistas David Cardoza, demócrata, y Scott Klug, republicano; los ex asesores legislativos Jennifer Walsh y Ted Bornstein; y el abogado Michael Crossen.

Cardoza fue miembro del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, que mantiene abierta una investigación sobre el contrato de Whitefish. Klug fue congresista por Wisconsin en la década de 1990.

Ken Luce, portavoz de Whitefish, ha indicado a la publicación The Hill que por medio de Foley & Lardner buscaron tener conversaciones productivas con miembros del Congreso.

Como presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano Rob Bishop (Utah), mantiene abierta una pesquisa sobre el contrato. Según dijo recientemente a El Nuevo Día un funcionario del comité, todavía la comisión reclama información relacionada al acuerdo entre la AEE y Whitefish.

A finales de 2017, The Wall Street Journal informó que el contrato era examinado también por el FBI.

En noviembre pasado, el Comité de Recursos Naturales divulgó documentos que indican que  que la jefatura de la AEE ignoró recomendaciones del bufete Greenburg Traurig para proteger a la corporación pública en el contrato.

También dieron a conocer una oferta personal que le hiciera el presidente de la empresa energética, Andrew Techmanski al jefe de la División de Suministros de la corporación pública, Ramón Caldas Pagán, para llevarle suministros - generadores, agua o comida - como parte de su movilización a Puerto Rico. Whitefish ha indicado que nunca le entregaron nada personal a Caldas Pagán.

El contrato de Whitefish con la AEE generó un escándalo por los altos costos de sus tarifas, el hecho de que no tenía personal suficiente para emprender sus tareas de inmediato y que era una pequeña firma de la misma localidad en Montana del secretario del Interior, Ryan Zinke.

El gobierno del presidente Donald Trump ha rechazado haber intervenido en favor del contrato de Whitefish, aunque el presidente de la empresa llegó a telefonear a Zinke, cuyo hijo trabajo un verano con esa compañía, para pedirle ayuda en el transporte de equipo a Puerto Rico.

En medio de la investigación del Congreso, el gobernador Ricardo Rosselló ordenó que se cancelara el contrato a Whitefish y después de semanas de controversia terminó por pedir la salida de la AEE de su entonces director ejecutivo, Ricardo Ramos.

FEMA no ha pagado nada

Mientras, FEMA confirmó el jueves que la AEE no ha pedido reembolso del dinero que le pagó a Whitefish.

FEMA indicó que si se les presentara alguna factura, tendrían que determinar si es elegible para reembolso, si el trabajo cumplió con las normas de ley y compara, y si se hizo a un costo razonable. “Como hasta la fecha no hemos recibido esa solicitud, no se ha tomado una decisión al respecto”, indicó Delyris Aquino Santiago, portavoz de FEMA.

 


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