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Con los fondos también podrán financiarse la compra y suministro de pruebas de detección del COVID-19. (Achivo)
Con los fondos también podrán financiarse la compra y suministro de pruebas de detección del COVID-19. (Achivo)

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Washington - Las guías del Departamento del Tesoro federal sobre el uso de los $2,200 millones que el gobierno de Puerto Rico recibió el miércoles para asistir con los gastos de la emergencia que genera el coronavirus permiten que se otorgue asistencia adicional a las pequeñas empresas y se auxilie a los municipios.

Así mismo, autorizan financiar con ese dinero -que es parte de la ley de estímulo económico federal Cares-, los gastos de la enseñanza a distancia debido al cierre de escuelas, y la entrega de alimentos a adultos mayores u otros sectores vulnerables de la población, como los desamparados.

Aunque la gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo que todavía no se habían notificados las normas referentes a esos fondos, el Departamento del Tesoro las publicó el mismo miércoles que desembolsó el dinero.

Según las normas del Tesoro, los gobiernos estatales, territoriales y locales que reciben esa asignación, solo podrán utilizarla para “responder a la emergencia pública de salud”. Los gastos no pueden haber estado presupuestados antes de la emergencia y el dinero debe utilizarse entre el 1 de marzo y el 30 de diciembre de 2020.

Como era de esperarse, las guías permiten que el dinero se destine a gastos relacionados con el fortalecimiento de los hospitales públicos, clínicas y otros centros de salud, incluso para habilitar instalaciones temporales, sus costos de construcción y el transporte médico de emergencia.

También podrán financiarse la compra y suministro de pruebas de detección del COVID-19, incluidas las pruebas serológicas, los costos de establecer medicina pública, la desinfección de áreas públicas, la adquisición de suministros médicos, desinfectantes, y equipos de protección de personal (PPE).

Las guías federales autorizan además asignar fondos para gastos por asistencia técnica a los gobiernos municipales, medidas de seguridad públicas, el costo de colocar a personas en cuarentena, gastos de nómina para seguridad pública, salud pública, y cuidado médico, y de asegurar la salud en las prisiones.

Para poder cumplir con las medidas de salud pública, las normas el Tesoro aprueban que los $2,200 millones puedan financiar las capacidades de los gobiernos para que sus empleados desempeñen trabajo remoto.

El gobierno de Puerto Rico, además, podrá costear con ese dinero las licencias por enfermedad y familiares que sean necesarias para mantener las medidas que buscan evitar la propagación del virus.

Con respecto a medidas económicas, el Tesoro autorizó que el dinero se utilice para proveer subsidios a pequeños empresarios que reembolsen el costo de la interrupción de la economía, el costo de los seguros de desempleo - si no han sido reembolsados por el gobierno federal-, y gastos de apoyo a la nómina gubernamental.

La ayuda a los pequeños empresarios sería independiente a los programas establecidos por la ley Cares a través de la Administración de Pequeños Negocios (SBA).

Como ejemplo de iniciativas prohibidas por estas guías, el Tesoro mencionó el pareo de fondos para los servicios médicos asociados a Medicaid, daños que son cubiertos por seguros y gastos de nómina de los gobiernos de personal cuyas tareas no están relacionadas a la mitigación o respuesta a esta emergencia de salud pública.

Piden agilidad

La alcaldesa de San Juan y precandidata del Partido Popular Democrático (PPD) a gobernadora, Carmen Yulín Cruz, sostuvo que los $2,200 millones deben utilizarse para restablecer los $350 millones en subsidios que se le recortaron a los municipios.

“En este momento ese dinero puede ser la diferencia entre un servicio que salve vidas”, indicó la alcaldesa Cruz en Twitter.

El también precandidato a gobernador por el PPD Eduardo Bhatia, portavoz de la minoría en el Senado de Puerto Rico, ha abogado porque el fondo de estabilización fiscal se utilice para crear una cubierta de emergencia para los 250,000 que no tienen un plan médico en la Isla, financiar la parte B de Medicare (servicios ambulatorios) a los que también tienen el plan de salud Vital, invertir en tecnología digital y en un programa para proveer alimentos a los más vulnerables.

Bhatia también abogó por crear una estrategia para desinfectar áreas públicas, otorgar más subsidios a las pequeñas empresas y un programa de capacitación laboral enfocado en el trabajo remoto para asistir con la reintegración al mercado laboral.