El licenciado Osvaldo Carlo Linares, presidente de la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés) de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), testificó este martes que las tres compañías finalistas del proceso de generación contaban con personas que llevaban a cabo gestiones que él interpretaba como cabildeo a favor de la adjudicación de contratos, entre ellos, Alfredo Escalera, fundador de la firma de Globalize, a nombre de Power Expectations, y el exsecretario de Asuntos Públicos Anthony Maceira, en representación de Gothams Energy.

Si bien Carlo Linares indicó a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que Escalera habría cabildeado por el contrato, subrayó que, posteriormente, Power Expectations declaró bajo juramento que no tenía personal que realizara esas funciones. Lo mismo hicieron Gothams Energy y Javelin Global Commodities, la tercera empresa en el proceso.

Según Carlo Linares, Power Expectations le representó que Escalera –un exvicealcalde de San Juan– interactuó con el 3PPO en calidad de “asesor de negocios” durante una sesión de negociación, a finales de octubre de 2025. El contrato otorgado a Power Expectations para el suplido de 400 megavatios fue cancelado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el pasado 18 de agosto.

Maceira, quien ha tenido contratos con el Senado, habría realizado gestiones a través de su firma de servicios legales, MZLS, y Javelin habría canalizado las comunicaciones por medio del bufete McConnell Valdés. Según Carlo Linares, el exsecretario de la Gobernación Marcos Rodríguez Ema es una de las figuras que habría representado a Javelin ante el 3PPO.

Horas después de la vista, el abogado Carlos Steffens Guzmán, en representación de Gothams, remitió una misiva a Carlo Linares en la que recalcó que Maceira “no ha realizado gestión alguna de cabildeo en Puerto Rico para la empresa”.

“Su encomienda ha sido estrictamente jurídica incluyendo la revisión y negociación de documentos contractuales, el análisis ambiental y de permisos, análisis regulatorio y acuerdos con suplidores. Dos de sus abogados participaron en reuniones con la 3PPO en su carácter de asesores legales de Gothams –participación que no constituye cabildeo– y dichas reuniones no fueron coordinadas por MZLS”, afirmó Steffens Guzmán.

El abogado, de igual forma, negó que la propuesta de Gothams para instalar una barcaza generatriz incumpliera con requisitos ambientales o que, en algún momento, la empresa fuera sancionada por el gobierno federal.

La lista de cabilderos o representantes que abogaron a favor de los licitadores en el proceso de generación temporal es uno de los requerimientos que la Junta de Supervisión Fiscal emitió en agosto al 3PPO, la AAPP y la AEE.

En la vista cameral, Carlo Linares también reveló que, tras la anulación del acuerdo de Power Expectations –que recurrió al Tribunal Federal para revertir la cancelación– el 3PPO retomó conversaciones con Gothams y Javelin con miras a formalizar contratos de generación temporal. Una fuente confirmó a El Nuevo Día que Javelin, que se había retirado del proceso hace unos meses, reinició discusiones con el 3PPO en la primera semana de septiembre.

A lo largo de la vista, Carlo Linares se hizo eco de ciertas posturas esbozadas, hace dos semanas, por el zar de Energía y director ejecutivo de la AAPP, Josué Colón, como la imposibilidad de que, a base de la estructura del contrato de generación temporal, se produjera un “tumbe”, toda vez que la compensación de Power Expectations se basaba exclusivamente en la capacidad despachada.

En otros aspectos, el presidente de Regulatory Compliance Services (ReComS) –compañía que brinda servicios de 3PPO– pareció contradecir a Colón, particularmente cuando describió el grado de intervención que mantenía la AAPP a lo largo de la licitación, al subrayar que el 3PPO no operó con la independencia que suele tener al administrar trámites de adquisición de LUMA Energy o Genera PR.

En términos generales, sin embargo, Carlo Linares defendió el rol que jugaron tanto el 3PPO como la AAPP y la AEE, entidades que ejercían “supervisión directa” sobre su firma.

“Diversas comunicaciones muestran que tanto el ingeniero Colón y el licenciado Juan González (asesor legal externo tanto de la AAPP como del zar de Energía y la AEE) y el licenciado Lionel Santa (asesor legal general de la AAPP) daban seguimiento continuo a este proceso. En adición, representantes de la AAPP participaron del proceso de negociación”, estipuló, en la ponencia escrita que entregó a la Comisión de Gobierno.

Carlo Linares describió como “activa” la participación de ambas corporaciones públicas en el proceso que se ha extendido desde marzo de 2025, y que ha incluido dos licitaciones. Tras la cancelación del primer proceso, en julio de 2025, se abrió una segunda licitación que produjo el contrato de 400 MW con Power Expectations.

“Bajo el contrato existente entre la AAPP y ReComS, la presencia de representantes de la AAPP y la AEE es requerida cuando se trata de contratos que obligan a entidades gubernamentales. En este caso, el contrato es de la AEE, por lo que el rol de independencia del 3PPO desaparece y se sustituye por uno de recomendación y ejecución de lo que autoricen la AAPP y la AEE. La participación activa de la AAPP y la AEE no es una irregularidad, sino lo que se requiere cuando el contratante es una entidad gubernamental”, abundó el abogado, quien posteriormente señaló que Colón –contrario a los abogados– no estuvo presente en las sesiones de negociación contractual.

La existencia del 3PPO, dispuesta en los contratos de LUMA y Genera PR, tiene, de ordinario, el propósito principal de mitigar los conflictos de interés de los dos operadores privados en procesos competitivos en que participan sus respectivas matrices.

En pasados días, El Nuevo Día ha revelado múltiples mensajes de texto –que datan de junio de 2025– que Colón habría enviado en un chat con funcionarios y consultores legales en busca de acelerar la adjudicación y firmas del contrato de generación temporal.

Culminada la vista, Carlo Linares dijo a periodistas que él forma parte del chat en el que Colón circuló los mensajes, y en el que también figuraban los licenciados González y Santa, la ex directora ejecutiva de la AEE Mary Carmen Zapata y el director jurídico de la corporación pública, Alexis Rivera Medina.

De otra parte, aseguró que el 3PPO no tenía la obligación de analizar el trasfondo de Jobadiah Sinclair Weeks, también conocido por su alias de Joby Weeks, el criptoempresario convicto de fraude que Power Expectations designó como firmante del contrato de generación en nombre de Enchanted Rock. Ese trámite dio paso a las alegaciones de fraude de parte de ERock, la matriz de Enchanted Rock, que alegó que su subsidiaria no tenía autorización para conformar el consorcio.

En el contrato cancelado, el nombre de Weeks aparece escrito como “Jhoby Weaks”, hecho que Carlo Linares minimizó, en el aparte con los medios, al sostener que las personas pueden aparecer bajo algún tipo de “alias”.

A la luz del testimonio de Carlo Linares, el portavoz popular en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, se refirió a Colón como el “zar de la mentira”, señalando que el funcionario no entregó copia del chat en que habría brindado directrices en torno al proceso de contratación. También, aludió a una reunión del 29 de julio, en la que se evaluó la sustitución de Enchanted Rock, en la que estuvieron presentes Colón, Zapata, Carlo Linares y oficiales de Power Expectations y Reyes Contractor Group, los otros miembros del consorcio, y de Flotek Industries, la empresa que se autorizó a entrar al grupo.

“Solicitaremos que la comisión y su equipo de trabajo comiencen a revisar la grabación de la vista pública anterior en que participó Josué Colón e indicó, a preguntas de todos los compañeros, que no había participado en absolutamente nada, para que se comience automáticamente un referido a las autoridades pertinentes por un posible perjurio”, planteó Ferrer Santiago.

“Va a ser parte del trabajo”, replicó el presidente de la comisión, Víctor Parés Otero.

En su turno de preguntas, Ferrer Santiago también mencionó que, de acuerdo con documentos suministrados por Carlo Linares, en agosto de 2025 –mientras el 3PPO elaboraba su informe sobre los licitadores–, se celebró una reunión en la que uno de los participantes supuestamente afirma: “lo que la gobernadora está buscando en términos políticos ustedes lo entienden más que yo. Es ella poder levantarse un día de estos y decir: ‘mira, nos jodieron. Baja el proceso, ya lo adjudicamos y vamos a tener los primeros 100 MW’. Ella espera tener un triunfo político del proceso”.

Carlo Linares, en el intercambio con Ferrer Santiago, dijo no haber participado de esa reunión, tras lo cual el legislador solicitó copia de la grabación y el listado de asistentes.