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El nuevo plan fiscal, que definirá cómo se usarán los fondos disponibles en la isla, será a cinco años y más apegado a la realidad, según Gerardo Portela, de la Aafaf. ([email protected])

En unas dos semanas, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) tendrá una idea más clara de cuándo y cuánto dinero federal recibirá Puerto Rico de la línea de crédito de $4,900 millones que aprobó el Congreso para, entre otras cosas, aliviar la situación de liquidez que experimenta la isla, indicó el director ejecutivo de la agencia, Gerardo Portela Franco.

Los fondos se aprobaron para el programa de Préstamos Comunitarios por Desastres (CDL) de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y también estarán disponibles para dar liquidez a otras jurisdicciones afectadas por los huracanes Harvey, Irma y María.

Aunque se entiende que la mayor parte de ese dinero vendrá a la isla, Portela recordó que municipios en Texas e Islas Vírgenes podrán solicitar ayuda bajo ese programa. A principios de este mes, el gobernador de Islas Vírgenes, Kenneth E. Mapp, informó a medios de esa jurisdicción, que trabajaba en la documentación del préstamo por la suma de $400 millones. La cifra es el doble de lo que se estimó en principio para ese territorio.

Según Portela, la Aafaf trabaja con el Tesoro estadounidense “en un calendario propuesto para el primer desembolso” que recibiría la isla a través del CDL.

De esa negociación sobre lo que recibirá la isla, surgirán datos cruciales para hacer los nuevos estimados del plan fiscal que la administración de Ricardo Rosselló Nevares debe presentar a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el próximo 22 de diciembre.

Mientras la Aafaf intenta llegar a un acuerdo definitivo con el Tesoro federal y trabaja con un nuevo plan fiscal, su situación de liquidez ofrece un cuadro más robusto de lo que, en realidad, se encuentra, aseguró Portela.

$400 millones para operar

El pasado 31 de octubre, Portela dijo a la JSF que el gobierno necesitaría $5,100 millones para cubrir su necesidad de dinero en efectivo.

Se anticipó, además, que el huracán María desarticulará los recaudos al fisco y que habrá un baja de hasta 53%.

Sin embargo, el informe de liquidez publicado esta semana por la Aafaf no muestra una caída tan abrupta.

En lo que va de año fiscal, los recaudos se han quedado cortos por unos $769 millones en relación con las proyecciones.

Mientras que el gobierno ha hecho contrapeso a esa tendencia de disminución de recaudos porque los gastos han bajado casi en igual proporción. Al pasado 17 de noviembre, por ejemplo, la partida de pago a suplidores se encontraba unos $385 millones por debajo de los estimados, pues según el informe, la entrada de facturas para pago se interrumpió por el paso del ciclón.

Como resultado, al pasado 17 de noviembre, la cuenta principal de Hacienda (TSA, en inglés) tenía unos $1,810 millones. La cifra no incluye unos $290 millones en fondos “clawback” que el gobierno quitó a corporaciones públicas y que se encuentran depositados en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF)y el Banco Popular.

El gobierno le había dicho a la jueza Laura Taylor Swain que para diciembre no tendría dinero. ¿Cuán verdadero sigue siendo ese cuadro?, le preguntó este diario a Portela.

“Ahora mismo, la cuenta TSA está en unos $1,800 millones, pero hay que tener en cuenta que se necesitan unas reservas para poder ofrecer los servicios esenciales al pueblo de Puerto Rico”, dijo.

Portela explicó que los eventos en torno al huracán María requieren tomar medidas para asegurar la continuidad de las operaciones.

De la cifra en caja, explicó Portela, unos $1,000 millones se han reservado para el pago de la nómina o gastos similares, o para parear alguna asignación de fondos que pueda requerir FEMA.

Además, dijo Portela, el gobierno necesita mantener una contingencia para los municipios devastados por el ciclón; separar el dinero de los abogados que litigan los casos Promesa, que ronda $400 millones, y tener efectivo para auxiliar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en caso de que agoten sus propias reservas.

Se trata de contingencias y reservas que no necesariamente se utilizarán, dijo Portela, pero que son ineludibles ante la precaria situación en que se encuentra Puerto Rico.

“Si pones todo eso en contexto, lo que tenemos aproximadamente son $400 millones”, dijo Portela.

Ese cuadro de precariedad, al parecer, se verá en el plan fiscal revisado que la Aafaf presentará el próximo 22 de diciembre, la fecha establecida por el organismo federal.

Hoy, Portela participará de la segunda sesión de diálogo que la JSF ha establecido de cara a la evaluación y certificación del plan fiscal.

A preguntas de El Nuevo Día, Portela no confirmó si los estimados en los que trabaja la Aafaf prevén una caída de hasta 15% en la actividad económica como recientemente estimó -en el peor de los casos- el economista Juan Lara durante la primera sesión de diálogo de la JSF.

Tampoco precisó si en el nuevo plan fiscal habrá una partida para pagar a los bonistas, o qué términos y condiciones negocia en el préstamo de emergencia a través del programa de Préstamos Comunitarios por Desastres (CDL) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Vivas las discrepancias

Lo que Portela sí dejó claro es que los vientos de María no se llevaron las diferencias de criterio que existían entre la administración Rosselló Nevares y la JSF antes del azote de ese huracán el pasado 20 de septiembre. Portela aseguró que el plan fiscal revisado que se presentará a la JSF seguirá apostando a proteger los empleos del sector público, al pago de las pensiones y la prestación de los servicios esenciales a la población.

“El plan reflejará la dirección de política pública del gobernador”, anticipó Portela.

Antes de que el huracán María provocara la destrucción o daños de unos 472,000 hogares en Puerto Rico, según estimados oficiales, Rosselló Nevares y la JSF se encontraban en lados opuestos, particularmente por la exigencia del ente federal para activar la reducción de la jornada laboral como medida de ahorro.

Las discrepancias entre las partes subieron de tono cuando la JSF intentó sin éxito, nombrar al coordinador de Revitalización, Noel Zamot, como oficial de Transformación de la AEE.

Esta semana, la JSF cuestionó al gobernador por qué adelantó el bono de Navidad a los empleados públicos en el contexto de estrechez que exhibe la caja del Departamento de Hacienda.

La ficha federal

Según Portela, los cambios más drásticos que se verán en “el plan 2.0” responderán a los supuestos económicos post-María y al dinero que el gobierno federal asignará a Puerto Rico, tanto para fortalecer la liquidez del erario como para proyectos permanentes.

“En vez de 10 años, va a ser a cinco años. Creo que va a ser un plan más real, dadas las circunstancias de la crisis económica y fiscal y también la crisis por el paso del huracán María”, dijo Portela al revelar que en esta condición se trabaja en una alternativa para mitigar el impacto del plan en los municipios.

“El componente de fondos federales va a ser muy importante, y lo otro será la evaluación preliminar de daños estructurales por el paso del huracán”, indicó.

“Hay corporaciones públicas como la AEE y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que necesitan liquidez. Es importante algún tipo de inyección de liquidez porque, por el paso del huracán, no pudieron facturar, afectando sus ingresos”, dijo Portela.

Se le preguntó al funcionario si ese dinero de CDL irá a gastos del Fondo General y para corporaciones públicas.

“Se va a usar para Puerto Rico. No solo para el gobierno central, también se utilizará para corporaciones públicas”, dijo Portela.


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