El director ejecutivo de ACLU, además, criticó que la medida fue aprobada sin vistas públicas y sin mayor discusión legislativa. (GFR Media) (horizontal-x3)
El director ejecutivo de ACLU, además, criticó que la medida fue aprobada sin vistas públicas y sin mayor discusión legislativa. (GFR Media)

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) catalogó como inconstitucionales las recientes enmiendas realizadas a la Ley de Vehículos y Tránsito que permitirían que un oficial de la Policía obligue a un conductor a someterse a una prueba de sangre para determinar si maneja bajo los efectos de bebidas embriagantes o sustancias controladas, aun si dio negativo a una prueba de aliento para detectar nivel de embriaguez.

En declaraciones escritas, el director ejecutivo en Puerto Rico de ACLU, William Ramírez, sostuvo que los cambios violan la disposición constitucional que le garantiza a los ciudadanos un debido proceso de ley al enfrentar situaciones ante el Estado.

“Exime al ministerio fiscal de alegar, presentar evidencia y probar la reincidencia respecto a dicha violación a la Ley de Tránsito, lo cual el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 2006 y reiterado en 2012, ya sentenció viola la disposición sobre el debido proceso de ley de nuestra Constitución”, expresó Ramírez.

El estatuto indica que “se considerará que toda persona que transite por las vías públicas de Puerto Rico conduciendo un vehículo, un vehículo de motor, un vehículo pesado de motor o un vehículo todo terreno habrá prestado su consentimiento para someterse a la prueba de campo estandarizada de sobriedad (Standard Field Sobriety Test) así como al análisis químico o físico de su sangre, o de su aliento o de cualquier sustancia de su cuerpo”.

Si un agente del orden público tiene “motivo fundado” para creer que un conductor está bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas, este “someterá a la persona detenida o arrestada a un análisis químico de sangre” aun si ha arrojado resultados negativos en una prueba de aliento. La persona quedaría en libertad si con la prueba de sangre se determina que no está bajo los efectos de ninguna sustancia, establece la legislación, aprobada por la Legislatura el 24 de abril.

Tras la aprobación de la ley, la directora ejecutiva de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Darelis López Rosario, explicó la semana pasada que esta le da herramientas a la Policía para identificar a los conductores que han utilizado sustancias controladas, pues la prueba de aliento no es suficiente. 

Dichas enmiendas adolecen de serias deficiencias tanto bajo la Constitución de Estados Unidos como la Constitución de Puerto Rico. Entre ellas, violaría el derecho de toda persona a estar libre de registros y allanamientos irrazonables, el derecho a la privacidad y autonomía, el debido proceso de ley que cobija a todos los acusados; y, posiblemente plantée una violación a la doctrina de separación de poderes. En este último, la Legislatura con el aval del Ejecutivo usurpa la función judicial de examinar toda petición para órdenes de registro y allanamientos”, indicó Ramírez.

El director ejecutivo de ACLU, además, criticó que la medida fue aprobada sin vistas públicas y sin mayor discusión legislativa.

Los cambios en cómo se realizan los análisis químicos para detectar el uso de alcohol en conductores fueron incluidos en el Senado como enmiendas en pleno hemiciclo senatorial durante la discusión del proyecto que originalmente solo extendía el período para renovar la licencia de conducir.

“Estamos seguros de que abogados y abogadas criminalistas harán los planteamientos necesarios para suprimir toda aquella evidencia que se obtenga de forma inconstitucional. El gobierno no puede continuar violando la constitución en la consecución de sus políticas públicas erradas”, añadió Ramírez.


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