El proyecto de ley es evaluado en la Cámara de Representantes.

Nota del editor: Ante la revisión del Código Civil que trabaja la Legislatura, El Nuevo Día convocó a representantes de varios sectores de la sociedad con el objetivo de darles voz a las diversas posturas vinculadas a los cambios propuestos mediante el proyecto que se discute en la Cámara de Representantes.

Hoy presentamos el resultado de esa primera convocatoria, en la que un grupo de defensores de derechos civiles esboza su visión sobre la medida, particularmente en lo relacionado con el libro de Familia. Mañana, en este mismo espacio, presentaremos las posturas de un grupo de profesionales con una visión conservadora, quienes también participaron de una mesa redonda con este diario.

 El proyecto de ley que se evalúa en la Cámara de Representantes para crear un nuevo Código Civil contiene disposiciones que atentan contra los derechos de poblaciones vulnerables, no reconoce múltiples avances legales y científicos de las pasadas nueve décadas, y contiene imprecisiones en su redacción que crearían problemas para implementarlo si es aprobado tal y como está.

Ante ese panorama, defensores de derechos civiles y expertos en Derecho se oponen a su aprobación.

“El Código Civil debe estar vigente de aquí a muchos años y, por eso, se incluyen derechos de avanzada. Eso no lo vemos en este Código, que echa por la borda muchos elementos de derechos humanos”, sostuvo la socióloga Sara Benítez, portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres (MAM).

Reconocerles derechos a los que identifica como “niños no nacidos” y establecer que solo parejas heterosexuales pueden adoptar niños son solo dos de las disposiciones contenidas en el proyecto de ley que son contrarias a normativas vigentes, señaló Benítez.

La propuesta para crear un nuevo Código Civil -presentada en junio pasado- fue precedida por el trabajo que encabezó durante una década la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico.

No obstante, el proyecto de ley que salió de la Comisión cameral de lo Jurídico, presidida por la representante María Milagros Charbonier, incluye conceptos que ignoran el estado de derecho vigente en el país, señaló la catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana Esther Vicente.

El documento no reconoce decisiones del Tribunal Supremo federal que han cambiado el panorama legal de la isla -como la jurisprudencia que dio paso al reconocimiento de los matrimonios entre parejas del mismo sexo- ni del Tribunal Federal del distrito de Puerto Rico, señaló el portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE), el abogado Osvaldo Burgos.

Aunque un Código Civil que no reconozca la jurisprudencia vigente parecería estar abocado a convertirse en letra muerta, el catedrático Ricardo González Méndez, miembro de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, recordó que el lenguaje tendría validez si hay cambios a nivel federal.

“El gobernador (Ricardo Rosselló Nevares) dijo que él no va a firmar algo que no fuera constitucional. Si esto (la discusión del proyecto) se alarga, cambia la configuración del Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo de Estados Unidos cambia la jurisprudencia, esto sería constitucional”, expresó González Méndez.

El Código Civil que está vigente en Puerto Rico -aprobado en 1930- debe ser actualizado, pero el proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa no es una opción aceptable, argumentó Vicente.

Definición de la vida

El propuesto Código Civil del Siglo XXI se compone de un Título Preliminar -que dispone los principios generales y cómo se debe interpretar la ley- y cinco libros: Relaciones Jurídicas (Persona), Familia, Derechos Reales, Obligaciones, y Contratos y Sucesiones.

Solo en el Título Preliminar y en los Libros de Persona y Familia, hay 40 artículos que son contrarios a derechos fundamentales reconocidos, crean dudas sobre su implementación o no guardan relación con las leyes vigentes, indicó Benítez.

Uno de los puntos más controvertidos de la propuesta es que otorga derechos a los “no nacidos”, destacó la socióloga.

“Utilizar lenguaje que les daderechos a fetos, gametos y embriones restringe el derecho de la mujer de tomar decisiones sobre su cuerpo e intimidad”, expresó Esther Vicente.

El Código Civil vigente concede personalidad jurídica al nacer.

La medida bajo discusión establece que la personalidad jurídica comenzará al momento de la concepción y, para establecer cuándo sucedió esto, se contarán 280 días previos al nacimiento, detalló Benítez.

Esto podría dar paso a controversias en los tribunales, pues no todos los infantes nacen a las 40 semanas de gestación, argumentó Ricardo González Méndez. Bajo el proyecto de ley, los no nacidos tendrían derecho a heredar, lo que, por ejemplo, generaría escenarios legales nuevos si surgen controversias, indicó Vicente.

“El concebido no es un término científico, es un término teológico. El cigoto, embrión, feto, tienen potencial de ser un ser humano, pero no lo son”, expresó el catedrático.

Del mismo modo, el documento parece dar más derechos al feto que a la mujer, argumentó Benítez. En su artículo 114 establece que uno de los escenarios bajo el cual se puede emitir una declaración de incapacidad parcial es si una embarazada “usa bebidas alcohólicas, sustancias controladas, con tal extensión y severidad que existe un riesgo sustancial para la salud del niño no nacido”.

La declaración duraría hasta que culmine el embarazo o hasta que la mujer se rehabilite “de su adicción”.

El proyecto permite que la pareja de la embarazada, su familia o cualquier persona con interés solicite la declaración de incapacidad, lo cual aumenta la vulnerabilidad de las mujeres, particularmente las que se encuentren en situaciones de violencia de género, sostuvo Vicente.

“El proyecto incluso habla de una acción que pongaen riesgo al niño no nacido. Una mujer puede decidir ponerle fin al embarazo, pero otra persona solicita declararla incapacitada y pide el internamiento. Tendrían que amarrar a la mujer para que no interrumpa el embarazo”, dramatizó Burgos.

Falta de precisión

Más allá de cambiar el estado de derecho vigente, la pieza legislativa trabajada en la Cámara baja utiliza varios términos para referirse a un mismo concepto.

Cuando se trata de leyes, la precisión es fundamental, pues no se debe dejar espacio a dudas, sostuvo Burgos.

Pero, en el caso del proyecto para un nuevo Código Civil, hay ocho términos diferentes para referirse a un feto, destacó la abogada Johanna Pinette, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés). Concebido, concebido no nacido, niño no nacido, persona no nacida, nasciturus, niño por nacer, ser en gestación y ser humano en gestación se utilizan indistintamente a lo largo del texto.

Asimismo, el Libro de Familia no incluye un reconocimiento de las uniones de hecho. No obstante, en la propuesta hay dos menciones a ese término, que se refiere a las parejas que conviven sin estar casadas, señaló Pinette.

“Cuando se ve en su totalidad, hay un sentido de que en el nuevo proyecto se hizo un copy/paste (del proyecto anterior)... Cortaron, añadieron cosas que cambian el sentido por completo de lo que se había propuesto”, indicó la abogada de la ACLU.

El proyecto de ley carece de un memorial explicativo -a diferencia de los borradores que se publicaron la pasada década- por lo cual se desconoce la base filosófica o el raciocinio detrás de los cambios introducidos, particularmente los más controvertibles, destacó el ex director ejecutivo de la desaparecida Comisión Revisora, César Alvarado.

Benítez, además, apuntó que la pieza no utiliza lenguaje inclusivo, sino que hace referencia a que todos los términos masculinos se refieren a todos los seres humanos.

Tampoco se reconoce la identidad de género y la orientación sexual en la medida como instancias contra las cuales no se podrá discriminar, señaló Burgos, a pesar de que existe una ley que prohíbe el discrimen por esas razones.

El uso de lenguaje genérico también podría poner en peligro lo que se reconoce como avances en el Código Civil. Burgos detalló que el artículo 398 establece que el matrimonio estaría constituido por “dos personas”, a diferencia del Código de 1930, que establece que estará constituido por “un hombre y una mujer”.

Aunque daría la impresión de que, con este lenguaje, se reconocen los matrimonios del mismo sexo, el portavoz de CABE indicó que el proyecto no adopta la jurisprudencia de Obergefell versus Hodges, el caso en el cual el Tribunal Supremo federal concluyó que las prohibiciones de los estados a los matrimonios entre personas del mismo sexo eran inconstitucionales.

“Tenemos dificultad con el lenguaje porque es lenguaje genérico que estaría expuesto a que haya un cambio en la jurisprudencia en Estados Unidos, que podría ser algo tan sencillo como decir que los estados se encarguen de manejar este tema. Ya tuvimos una experiencia con el lenguaje genérico en la Ley 54 (de Violencia Doméstica)”, manifestó Burgos, en referencia a que fue necesario, en 2013, enmendar la Ley 54 de 1989 para aclarar que también aplica a las parejas del mismo sexo.

Asimismo, al definir las responsabilidades de la sociedad de bienes gananciales de un matrimonio, el proyecto señala que le toca encargarse de los hijos comunes y propios de cada cónyuge “si conviven en el hogar familiar”. Esto significa que, para computar las pensiones alimentarias de los menores que no vivan con uno de sus progenitores, solo se tomará en cuenta su salario y no el de su cónyuge.

“Tanta protección para los fetos, pero a los niños que están vivos les restamos protecciones”, manifestó Vicente.


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