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En el sector de la salud permea la incertidumbre respecto a si el gobierno federal le dará o no su aval al plan de salud Vital. (GFR Media)

Mientras todavía se espera por que el nuevo plan de salud del gobierno logre el visto bueno del gobierno federal, la directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, indicó que el precipicio fiscal en el sistema de salud de Puerto Rico está previsto ahora para junio de 2020.

Aunque el gobierno de Puerto Rico calcula que los $4,800 millones en fondos de Medicaid asignados para ayudar a mitigar la catástrofe causada por el huracán María se agotarán en septiembre de 2019, todavía le quedarán alrededor de $1,126 millones de otras partidas.

Los fondos que quedarán disponibles al llegar octubre surgen de los siguientes programas: $586 millones en fondos restantes asignados por la ley Obamacare, $345 millones de la ley permanente que provee los fondos de Medicaid, $170 millones que llegan a través del plan federal de salud infantil (CHIP), y $25 millones del “Enhanced Allotmen Plan”, que cubre servicios para Medicare Platino.

Aunque el dinero que quedaría disponible abarcaría todo el año fiscal puertorriqueño 2019-2020, “no cubre todo el año fiscal federal” 2020, que termina en octubre de ese año, advirtió Ávila.

A partir de junio de 2020, la deficiencia fiscal del sistema de salud de Puerto Rico rondará los $1,200 millones anuales.

Todo el cálculo parte de la premisa que el gobierno federal haya certificado al Congreso el plan antifraude presentado por el gobierno de Puerto Rico.

De acuerdo con la ley que asignó en febrero los $4,800 millones de Medicaid, $1,200 millones han estado condicionados a que el secretario de Salud de EE.UU. determine que Puerto Rico ha cumplido satisfactoriamente con requisitos para ofrecer información confiable sobre Medicaid y que ha demostrado “progreso” en la creación de una unidad antifraude.

Ávila sostuvo que el Centro de Servicios Medicare y Medicaid (CMS) ya aprobó las medidas antifraude del gobierno de Puerto Rico, aunque no se tiene claro si el secretario de Salud de EE.UU. envió la certificación al Congreso.

Hace una semana, Ávila declaró ante la Comisión de Pago y Acceso a Medicaid y Plan de Salud Infantil (MACPAC, en ingles) para advertir que, sin nuevas asignaciones de Medicaid, es inevitable caer en un barranco fiscal de alrededor de $1,200 millones anuales.

A diferencia de la ley permanente que otorga fondos de Medicaid, la asignación de $4,800millones ha eximido al gobierno de Puerto Rico de la aportación del 45% del costo del servicio a cada paciente de Medicaid. En octubre de 2019, sin embargo, ese requisito volverá a entrar en efecto.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares presionó sin éxito al Congreso para que aprobara antes de cerrar los trabajos de la sesión 115 una asignación global de $3,180 millones de Medicaid para los años fiscales federales 2020 y 2021.

Pero el Congreso puede aprobar una resolución que mantiene el mismo nivel de gastos federales vigente hasta el 8 de febrero sin incluir otras iniciativas.

La batalla por los fondos de Medicaid volvería a comenzar en enero, cuando empieza el nuevo Congreso.

Plan de salud VITAL

En el sector de la salud, permea la incertidumbre respecto a si el gobierno federal le dará o no su aval a Vital, la más reciente versión de la Reforma de Salud que comenzó a operar el 1 de noviembre.

De la aprobación del plan Vital depende el financiamiento federal que sostiene en gran medida un programa que beneficia a 1.3 millones de personas en la isla.

También queda en un vacío qué pasará con los empleados públicos que no puedan seguir pagando su seguro médico, luego que el gobierno anunció que reducirá la aportación patronal al plan de salud de empleados de gobierno. En junio, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) anunció que, según la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal (Ley 26-2017), a partir de enero de 2019 se centralizará la negociación y contratación de los planes médicos de los empleados gubernamentales, incluidos los 30,000 de corporaciones públicas.

Se prevé que las aportaciones patronales al plan médico de empleados públicos disminuyan entre $100 y $125 por persona por mes, pese a que algunos recibían un aporte de más de $900.

En octubre, la directora del programa Medicaid en la isla, Luz Enilda Cruz Romero, afirmó en una audiencia pública de la Asamblea Legislativa en Puerto Rico que este programa federal no contaba con el presupuesto suficiente para absorber la entrada de un grupo grande de asegurados cuando se reduzca dramáticamente la aportación patronal al plan médico.

En noviembre, ASES notificó un proceso de solicitud de propuestas (RFP, en inglés) para una cubierta médico-hospitalaria. El aviso fue dirigido a compañías de seguros, cooperativas, organizaciones de servicios de salud y otras entidades con matrícula abierta para empleados de gobierno elegibles a entrar a un plan de salud bajo la Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos (Ley 95-1963).

Este seguro de salud estaría disponible para funcionarios, empleados y pensionados de gobierno, incluidos los municipios, corporaciones públicas e instrumentalidades participantes, cubierta que en el pasado no ha tenido un alto volumen de participantes.


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