La Cptspr también afirmó que la eliminación de derechos laborales no defiende a los trabajadores pero si a los patronos (horizontal-x3)
La Cptspr también afirmó que la eliminación de derechos laborales no defiende a los trabajadores pero si a los patronos. (GFR Media)

El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (Cptspr) mostró hoy su preocupación ante la derogación de la Ley 80 que exige el Junta de Supervisión Fiscal.

La entidad señaló en un comunicado que hay incertidumbre por la poca transparencia gubernamental, los efectos de derogar esa norma y la vulnerabilidad real de las personas en el sector privado frente a la pérdida de sus derechos y protecciones.

"Derogar la protección a personas que no han sido discriminadas, o violentadas en el contexto laboral -leyes ya provistas por el Estado- implica lacerar la justicia social y económica en nuestro país, defendiendo así a patronos, que de por sí están en condiciones de privilegio", señaló vicepresidenta segunda del Cptspr, Mabel López.

"La Ley 4 de 2017 impuso profundos cambios a la Ley 80-1976. Hoy arremeten una vez más contra la fuerza trabajadora ante el argumento de asegurar el bono de navidad y vacaciones de enfermedad por solo 5 años", subrayó. 

Dijo que la organización será consistente en la defensa de los derechos humanos y en denunciar la política pública neoliberal y el ataque a los procesos democráticos participativos en el país.

"La solución a la depresión económica y crisis fiscal no pueden asumirse con estrategias de eliminar los derechos humanos de las personas más vulnerables de nuestra isla", culminó.

La Ley 80 es la clave de la negociación para el Plan fiscal y el próximo presupuesto entre el Gobierno que encabeza Ricardo Rosselló y la JSF, entidad de control federal impuesta por el Congreso en Washington para afrontar el asunto de una deuda de $70,000 millones impagable.

La JSF y el gobierno alcanzaron a finales de mayo un acuerdo para el presupuesto del año fiscal 2019 con el objetivo de favorecer el crecimiento económico.

Rosselló se había negado en un primer momento a aceptar las medidas establecidas por el Plan Fiscal, que incluyen la eliminación de la paga navideña de los trabajadores, la reducción de los días de vacaciones y de los de enfermedad.

Finalmente, la JSF aceptó que el Ejecutivo de Rosselló no implementara las exigencias de la entidad de control federal de recortes de beneficios laborales pero a cambio de la derogación de la Ley 80.

Ésta establece que el empleado que sea despedido sin causa justificada tendrá derecho a recibir del patrono tres meses de sueldo por concepto de indemnización y una cifra equivalente a dos semanas de sueldo por año trabajado.


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