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Cuando un conserje del Departamento de Educación muere o se jubila, es sustituido por personal de entidades privadas a tiempo parcial. (GFR Media)

En momentos en que el gobierno incentiva las renuncias de los empleados públicos como parte de las medidas de austeridad, también aumenta significativamente los contratos para el empleo temporero.

Durante el mandato de Ricardo Rosselló Nevares, se han retirado o renunciado 24,950 empleados públicos, según datos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR). El 22% de estos trabajadores lo hizo a través del Programa de Transición Voluntaria (PTV), herramienta de la administración para achicar el gobierno sin despedir empleados. El programa ofrece entre cuatro y 12 meses de sueldo después de haber abandonado el puesto.

Las primeras dos fases del PTV –lanzadas en noviembre de 2017 y mayo de 2018, respectivamente– propiciaron 5,385 renuncias en un período de siete meses, según datos oficiales. El gobierno lanzó una tercera fase del programa en octubre del año anterior, pero los datos no estuvieron disponibles al cierre de esta edición.

Hernán Vera Rodríguez, decano del Colegio de Estudios Graduados en Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica, observó que mediante las ventanas de renuncia incentivada “se puede ir el empleado improductivo, pero también el empleado productivo en el cual la agencia ha invertido mucho dinero, tiempo y esfuerzo”.

El autor del estudio “El sistema de función pública de Puerto Rico: orígenes, esplendor, crisis y visión de futuro” agregó que estas ventanas indudablemente conllevan un “riesgo de tener una administración pública menos eficiente porque no tenemos un plan de qué puestos cortar y dónde lo tenemos que cortar”.

Maestros, agentes de la Policía, asistentes de educación especial, conserjes, oficinistas y guardias de instituciones penales son algunos de los empleados públicos que más se acogieron al programa impulsado por Rosselló Nevares. A pesar de esto, agencias como el Departamento de Educación (DE) han abierto convocatorias para llenar plazas vacantes en algunas clasificaciones como las de los maestros. Esto ha sido una excepción dentro de la norma de congelación de puestos.

En general, el índice de abandono es 43% más alto en comparación con la época de gobernación de Luis Fortuño Burset y 36% mayor que la cantidad de personas que emigraron del sector público durante el mandato de Alejandro García Padilla.

Sin embargo, la administración actual aumentó 284 veces el gasto de contratos por empleos temporeros con relación al mismo período para la época de Fortuño Burset, y tres veces en comparación con la administración de García Padilla. Los contratos de la Rama Ejecutiva para este servicio ascienden a $81.9 millones, de enero de 2017 al 14 de marzo de 2019.

Consciente de este gasto, la Administración de Servicios Generales pretende centralizar los contratos de esta índole a través de una solicitud de propuestas, lo que según el administrador, Ottmar Chávez Piñero, redundará en ahorros de $1 millón al año.

Escasez en Educación

Más de la mitad de quienes aceptaron salir para siempre del gobierno a través del PTV eran empleados del DE, entre ellos maestros, conserjes, asistentes de educación especial, oficinistas, directores escolares y auxiliares administrativos. Los maestros fueron reemplazados por ser un puesto de amplia necesidad.

Otros puestos se sustituyeron por personal subcontratado. Ese es el caso de los conserjes, que trabajan para compañías como Mangual’s Office Cleaning Service. Aunque la empresa cobra una tarifa entre $12.50 y $15 por hora, los trabajadores solo reciben el salario mínimo federal en una jornada de cuatro horas. El restante lo retiene la empresa contratante.

Mayormente, trabajan tiempo que no se paga. La compañía privada no les paga horas extra, pero ellas dan la milla extra”, observó la directora de una escuela en Aguas Buenas, a preguntas de si las conserjes limpiaban todos los salones diariamente.

En cambio, en otra escuela en Guaynabo, la secretaria indicó que las horas de los conserjes no dan para cubrir todos los salones, lo que ha generado la insatisfacción de los maestros. “Puede ser que el lunes esté limpio tu salón, pero puede que no”, sostuvo.

El consejero de otra escuela, ubicada dentro de un residencial público, indicó que “es terrible, (pues) lo que tenemos ahora es una conserje, que la tenemos (trabajando) un piso por día”. Tanto maestras como madres ayudan con la limpieza de los baños, salones y a sacar la basura.

Casi 200 conserjes se acogieron al programa. Estos son sustituidos por personal de empresas privadas a tiempo parcial. Al momento de El Nuevo Día recopilar estos datos, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) estimó que alrededor de 50 escuelas no contaban con conserjes a tiempo completo.

Además, se acogieron al programa 191 asistentes de servicios especiales al estudiante, que no han sido reemplazados ni nombrados, según losdatos del DE. Según cifras oficiales, hubo una disminución de 286 asistentes de servicios especiales en un período de dos años.

Eso impacta adversamente al estudiantado. Tenemos muchos estudiantes a quienes se les está requiriendo un asistente y todavía no se les ha otorgado”, mencionó Carmen Warren, portavoz del Comité de Madres y Padres de Niños de Educación Especial.

Este diario supo que hay maestras de educación especial que trabajan con grupos de 30 y 40 estudiantes asignados.

La merma de empleados se ha notado también en el área administrativa, según Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros. Conseguir que se corrija un descuento erróneo de horas trabajadas en algunos casos ha demorado siete meses o un año porque la Oficina de Tiempo, Asistencia y Licencia redujo su personal. El Nuevo Día habló con maestras a quienes les deben $500 desde junio de 2017.

Treinta ventanas de retiro

Desde 1994, administraciones de ambos partidos han abierto 30 ventanas de retiro, según un análisis de la OCPR.

La administración no ha precisado cuántos puestos de carrera tendría que eliminar para cumplir con el recorte de $1,090 millones en nómina que le exige el plan fiscal para 2023. Asimismo, no ha descartado incentivar las renuncias en otras agencias, según continúe la reorganización de la Rama Ejecutiva. La expectativa, según lo anticipado, es reducir o agrupar las 114 agencias en 30 agencias sombrilla.

Ante la eventualidad de la anunciada reorganización gubernamental, Vera Rodríguez indicó que se debe estudiar científicamente cuántos empleados hacen falta en cada área.

La contralora Yesmín Valdivieso Galib dijo estar atenta a cómo se ejecuta la reorganización sin que se dejen descubiertas funciones esenciales.

Desde el punto de vista de controles internos y buen uso de fondos públicos, de nada vale sacar muchos empleados si después no voy a estar dando los servicios o cumpliendo con las leyes”, observó.

El achicamiento gubernamental viene sucediendo desde hace 11 años, según los datos de la OCPR. Durante ese período, el sector público se redujo en 99,400 puestos, un fenómeno comparable a Grecia y a otros países sujetos a las políticas del Fondo Monetario Internacional, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Puerto Rico ha tenido la reducción más marcada en empleo público tanto en términos porcentuales como netos en todo Estados Unidos en los últimos 10 años, según datos del Censo.

“Ningún estado se acerca. Lo más cercano es Islas Vírgenes, que está en una situación (territorial) similar. El próximo estado es Luisiana, pero aun así es 20% menos que Puerto Rico”, analizó Kevin Cashman, economista de la organización estadounidense Centrode Investigación Económica y de Política.

 


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