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En junio de 2017, Cabo Rojo estrenó la “Iniciativa Naranja” para cobrar por el recogido de la basura, pero quedó cancelada tras el paso del huracán María. (GFR Media)

En el universo de alternativas para optimizar el manejo de los residuos sólidos y aumentar la tasa de reciclaje en Puerto Rico, las medidas de impacto económico resuenan con fuerza entre conocedores de la industria, que ven su implantación como un hecho inevitable.

De acuerdo con expertos consultados por El Nuevo Día, tanto el cobro por recogido en los hogares como la imposición de cargos reembolsables a envases reciclables, son opciones que otras jurisdicciones han puesto en vigor con resultados favorables.

“¿Por qué la gente no participa del desvío de los materiales? Aparte del compromiso ambiental, el ciudadano común tiene que tener una motivación, y principalmente es económica. Tiene que haber un refuerzo económico o penalización para que esto repunte en Puerto Rico”, afirmó la vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales de la compañía Consolidated Waste Services (ConWaste), Maribelle Marrero.

Al momento, el único pueblo que cobra por el recogido de desperdicios (“pay-as-you-throw”) es San Germán. El programa “Tu municipio verde” inició hace siete meses y es operado por ConWaste. Los ciudadanos pagan por lo que generan, y tienen que comprar bolsas y contenedores. El servicio de reciclaje es gratuito.

Según ConWaste, el programa cuenta con un 70% de participación, la generación de desperdicios ha bajado en 40% y el reciclaje ha aumentado en 35%.

“Ha sido un cambio a la brava, pero los índices de reciclaje son altos. La gente, con tal de no pagar más, recicla. Estas medidas de ‘pay-as-you-throw’ existen en todo el mundo. La gente se organiza y se reduce la basura. Pero tiene que haber una motivación económica”, reiteró Marrero.

El Municipio de Cabo Rojo cobró por el recogido de la basura entre junio y septiembre de 2017. La llamada “Iniciativa Naranja” quedó cancelada tras el paso del huracán María. Otros pueblos, como Isabela, Arecibo y Hormigueros, han coqueteado con la idea.

Por su parte, Agustín Carbó, ex director ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), defendió la imposición de cargos reembolsables, que describió como “depósitos para reciclar”.

“Son estrategias para cambiar comportamientos. No siempre pasa, pero funciona. La gente no puede verlo como un impuesto. Es un depósito, como se hacía aquí con los envases de leche”, dijo.

Mencionó que estados como Massachusetts, Maine, California y Nueva York tienen programas de este tipo, y cobran entre 5 y 10 centavos por latas y botellas. Ese costo está incluido en el precio de venta, y los ciudadanos pueden recobrarlo al devolver el material para ser reciclado.

En Puerto Rico, se intentó sin éxito –durante el pasado cuatrienio– aprobar el llamado “bottle bill”, que habría impuesto un cargo de 5 centavos a toda bebida envasada en recipientes plásticos, de cristal o de aluminio.

Regresa el “bottle bill”

El representante Joel Franqui Atiles, presidente de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, confirmó que su oficina trabaja para someter nuevamente la medida “en las próximas semanas”.

“Lo que yo no quiero es que los comerciantes suban los precios. Si apruebo un cargo de 5 centavos, los comerciantes tienen que asumirlo. Ya les están sacado mucho dinero, por ejemplo, a las botellas de agua. Pero todo esto lo estamos discutiendo ahora en la comisión”, dijo Franqui Atiles.

El legislador es autor de un proyecto de ley que prohíbe la venta y utilización de sorbetos plásticos en los establecimientos comerciales de la isla. También, es suya otra medida que prohíbe los envases de “foam” en los restaurantes y que permite el uso de bolsas compostables en vez de plásticas.

De paso, el pasado cuatrienio se aprobó la ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas para el acarreo de productos, pero algunas voces, como la de Aniano Rivera, también exdirector de la ADS, cuestionan su efectividad.

Y es que, si bien la mayoría de los comercios eliminaron las bolsas desechables o de empaque flexible, el estatuto permite que muchos otros ofrezcan –para la venta– fundas plásticas que se promocionan como más resistentes y que pueden reusarse.

“Hace falta que los puertorriqueños asuman el reto. Llevamos muchos años haciéndonos de la vista larga ante un problema con el que se nos juega la vida, y el mayor ejemplo es lo que vemos en los supermercados con las bolsas plásticas. No acabamos de entender cuán grave es el problema”, aseveró Rivera.

Sobre el “pay-as-you-throw”, el director interino de la División de Mercadeo, Reciclaje y Educación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Antonio Ríos, dijo que es una opción bajo la Ley de Municipios Autónomos, “pero no nos metemos en eso, porque cada pueblo tiene su particularidad y necesidades”.

En tanto, el presidente del Comité de Residuos Orgánicos de la Alianza de Reciclaje de Puerto Rico, Carlos Pacheco Irizarry, sostuvo que el cobro por recogido o cualquier otra medida de impacto económico “tiene que estimular” el reciclaje y compostaje.

“No puede ser cobrar por cobrar. Medidas como estas solo funcionan si están bien implementadas, y eso incluye que vayan de la mano del reciclaje, particularmente de material orgánico, que es lo más que se genera”, subrayó.



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