El prelado negó que haya trasladado fondos de la iglesia a una institución bancaria nacional y sostuvo que ordenó que las cuentas no se tocaran para evitar acusaciones de incumplimiento con el embargo de bienes.

El arzobispo Roberto González Nieves indicó hoy, domingo, que el equipo legal de la iglesia católica acudirá al Tribunal Supremo federal para detener la orden de embargo emitida por el juez Anthony Cuevas del Tribunal de Primera Instancia. 

Del mismo modo, las diócesis de Ponce y Mayagüez también acudieron al máximo foro judicial en busca de protección contra el embargo de sus bienes.

“Entiendo que los abogados van a presentar una petición de paralización ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, mañana (lunes) o martes”, expresó González Nieves tras concluir una misa en la parroquia San Mateo de Cangrejos, en Santurce, cuyas cuentas bancarias fueron embargadas. 

El religioso explicó que a la iglesia de Santurce, dirigida por el sacerdote Olin Pierre Louis, le fueron retirados $72,000 de sus dos cuentas bancarias. De ese dinero, $66,000 correspondía al pago del seguro para la reparación de los daños que sufrió la estructura a causa del huracán María

“Es una orden muy amplia y muy difícil de entender porque  ese tipo de orden, por lo menos, en una democracia nunca ha sucedido”, indicó González Nieves sobre la orden que va no solo contra las cuentas bancarias de la Iglesia, sino también -de ser necesario- contra otros bienes. 

La arquidiócesis no acumula millones, los reparte entre los necesitados a través de las parroquias, sus caridades…y yo les quiero recordar, aunque les vacíen sus cuentas, nadie les podrá vaciar su corazón, nuestro corazón”, señaló dirigiéndose a los feligreses.

“Si se les llevó el dinero que el seguro les dio, pues reconstruyan esta iglesia, no con lo material sino con obras de caridad para que sea el lugar de vestir a los desnudos, alimentar a los hambrientos y sanar a los heridos", añadió González Nieves.

La arquidiócesis está representada en la demanda por el bufete Schuster Aguiló. 

Una vez más, González Nieves hizo un llamado a las partes a establecer un proceso de diálogo. Dijo estar dispuesto a la posibilidad de distribuir los fondos que quedaron pendientes en el Plan de Pensiones  de las Escuelas Católicas entre los jubilados. Para esta acción, sin embargo, se requiere un consenso entre todos los patronos que componen el  Fideicomiso de Colegios Católicos. 

Durante la misa, el líder religioso también abordó el escándalo que rodea a la Iglesia tras la publicación de un reporte que dejó al descubierto que sobre 1,000  niños fueron víctimas de abuso sexual por parte  de centenares de sacerdotes católicos en seis diócesis de Pensilvania. Reconoció que la iglesia católica está en “crisis”.

“A esta iglesia no la pueden definir los pedófilos. Que estos sepan que aquí no tienen cabida, sepan que nuestra iglesia la definen y la enriquecen los sacerdotes, religiosos y religiosas, y fieles que luchan por vivir su vocación a la santidad”, subrayó.

Buscan protección

Por su parte, el obispo de Ponce, Rubén González, y el obispo de Mayagüez, Álvaro Corrada del Río, sostienen en el recurso legal sometido ante el Supremo federal que sus respectivas diócesis son entidades jurídicas que no están involucradas en la controversia entre la Arquidiócesis de San Juan y los maestros de la Academia Perpetuo Socorro, que originaron el pleito.

La demanda en el foro federal va dirigida contra el jefe de la Oficina de Alguaciles del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Miguel González.

“El corazón de este caso es una clara, (y) directa violación al derecho del debido proceso federal de dos organizaciones religiosas”, sostiene la demanda.

El pleito fue sometido el viernes, luego que el juez del Tribunal de San Juan Anthony Cuevas Ramos ordenara temprano en la semana embargar las cuentas de la Iglesia católica de Puerto Rico hasta $4.7 millones, como remedio para el pago de las pensiones reclamadas por maestros.

Según alegan, la demanda de los maestros de los colegios católicos es contra el Fideicomiso de Pensiones de la Superintendencia de Escuelas Católicas y el arzobispo de San Juan, monseñor Roberto González Nieves.

La demanda destaca que la jurisprudencia estadounidense ha reconocido desde el “Tratado de París” que la Iglesia católica tiene autoridad para crear entidades legales nuevas en Puerto Rico, que actualmente tiene seis diócesis. La de Ponce fue creada en 1924, y la de Mayagüez, en 1976.

Más aún, señalan que intentaron intervenir en el caso estatal, pero el tribunal les negó participar y, posteriormente, no fueron avisados de que sus cuentas podrían ser embargadas.

De esta manera, plantean que el embargo de sus cuentas sin una notificación debida ni reconocer su personalidad jurídica para poderse representar ante el tribunal son violaciones a leyes federales que darían a ese tribunal jurisdicción para intervenir.

El recurso de González y Corrada del Río hace una relación de diferentes casos para sustentar que las diócesis son entidades separadas, precedentes que consideran afectados por la orden del Tribunal de Primera Instancia de San Juan al ordenar el embargo de todas los activos de la “Santa Iglesia Católica y Apostólica y sus dependencias localizadas en Puerto Rico”.

“El lenguaje plano de esta orden contempla el embargo de activos de los demandantes (Ponce y Mayagüez), pese a que no tienen nada que ver con la disputa o las obligaciones del plan (de pensiones)”, indica la demanda.

“La orden, además, despoja a las diócesis individuales de su capacidad legal y personalidad jurídica sin ser partes de la demanda. Si se mantiene, esta orden va a crear un caos”, agrega el recurso legal.


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