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María de Lourdes Santiago. (GFR Media)

La exsenadora independentista María de Lourdes Santiago alertó esta tarde que los senadores con los que ha conversado sobre el proyecto que crearía la nueva Ley de Educación Especial desconocen el detalle de su contenido y no pueden identificar un sólo inciso en la medida que beneficie a esta población.

Esta mañana Santiago, junto a varios padres de estudiantes de educación especial, sostuvieron una reunión con el senador Axel Roque, presidente de la Comisión de Educación y Reforma Educativa del Senado, quien tiene a su cargo la evaluación de la medida. Se anticipa que el proyecto será aprobado en o antes del 8 de noviembre.

Roque no estuvo disponible inmediatamente para El Nuevo Día.

“No conocen el proyecto. Dicen que se va a votar sobre un proyecto de 140 páginas, que vienen enmiendas sustanciales y que será pasado mañana... pero es indignante. Les he preguntado a los senadores qué tienen el proyecto que sea bueno y no pueden ni balbucear”, dijo en entrevista con El Nuevo Día.

“No necesitamos legislación. Está la ley 51 (ley vigente de educación especial), la Ley IDEA, la Ley ADA… la población de educación está protegida por legislación excepcional. Lo que hace falta es que las leyes se cumplan”, dijo.

Santiago objeta varios asuntos como, por ejemplo, que el proyecto separa del Departamento de Educación (DE) la Secretaría Auxiliar de Educación Especial, gozando de una supuesta autonomía docente y fiscal.

“Eso envuelve modificaciones conceptuales de educación especial y envuelve el tema presupuestario, que nadie sabe explicar tampoco”, dijo Santiago. “La secretaría auxiliar lo que necesita es independencia económica”, dijo al indicar que no se puede hablar de autonomía docente cuando el 70% de los niños de educación especial toman clases en la corriente regular.

“Ese secretario no va a tener injerencia ni jurisdicción sobre lo que hacen los maestros”, subrayó.

Santiago criticó otros asuntos, como que la medida deja al descubierto a niños de 0 a 3 años que actualmente son atendidos por el Departamento de Salud al derogar una ley que les garantiza unos servicios ante esta agencia.

También señaló que se busque elevar a rango de ley el mecanismo de remedio provisional. Esa figura creada por jurisprudencia obliga al DE a identificar con proveedores privados de ciertos servicios que el DE no puede brindar a estudiantes. Según Santiago, al elevar este recurso a rango de ley, cualquier legislación presentada podría enmendarlo o eliminarlo.

“Esto es tremendamente peligroso porque se puede modificar a la voluntad de los legisladores sin que haya participación. Por lo menos en el tribunal el DE es una parte y los niños son otra parte, por lo que es un terreno más nivelado y aquí (en la Legislatura) ciertamente no lo es”, afirmó Santiago.

El proyecto de ley del representante Rafael “June” Rivera Ortega propone que el Programa Educativo Individualizado de cada estudiante se prepare 10 días antes del inicio de cada año escolar, cuando en la actualidad se prepara al final del cada año escolar.

“Eso es algo ridículo. ¿Cómo el DE va a preparar su proyección presupuestaria? Y eso que llega agosto, septiembre y octubre y no hay terapias. Es una manera de escatimar gastos con los niños”, dijo Santiago.

Ginette Morales, madre de una niña de educación especial y activista, acompañaba hoy a Santiago en las visitas a senadores. Según dijo a El Nuevo Día, el proyecto en discusión “no abona en nada a la calidad de vida de nuestros estudiantes”.

Al igual que Santiago, insistió en que los senadores no conocen el detalle de la medida y denunció que es peligros separar a la Secretaría de Educación Especial del DE.

“Eso abona a una visión de segregación de los estudiantes”, dijo.

También objeta que el gobernador pueda nombrar a un grupo de jueces que atiendan controversias entre padres de estudiantes y el DE, al sostener que se abre el proceso a la “politización”.

Morales se desempeña como intercesora, lo que significa que puede asesorar a padres en procesos administrativos contra el DE. Con el proyecto, el Estado regularía a estas figuras.

“El propio Estado me diría que me tengo que certificar. Eso es una atrocidad y es para crear intereses económicos”, dijo.

El autor de la medida, Rafael Rivera Ortega dijo a El Nuevo Día que ha hablado sobre posibles enmiendas con Roque, como la eliminación de una comisión conjunta a crearse en la Legislatura para darle seguimiento al progreso de la letra de la ley.

“Lo demás son enmiendas pequeñas de estilo, no tiene cambios dramáticos”, dijo Rivera Ortega.


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