El sindicato Laborers’ International Union of North America (LIUNA) defiende el alza salarial para los trabajadores de la construcción impulsada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares. (Suministrada) (horizontal-x3)
El sindicato Laborers’ International Union of North America (LIUNA) defiende el alza salarial para los trabajadores de la construcción impulsada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares. (Suministrada)

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares aumentó la paga mínima en el sector de la construcción aun cuando un informe de la Junta de Planificación (JP), en febrero de este año, le advirtió que adoptar esa política pública podría aumentar el desempleo y contraer la economía.

Según el “Estudio de Impacto Económico sobre un Aumento en el Salario Mínimo”, subir la paga de los trabajadores puede ayudar a las familias cuyos ingresos descansan en la escala salarial mínima. Sin embargo, a nivel macroeconómico, la decisión afectaría las empresas de tamaño pequeño y mediano en la isla.

Esto se convertiría en otro elemento de presión económica cuando todavía están presentes riesgos como un ajuste a las pensiones y posibles recortes en los gastos del gobierno, según el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), y la reducción de la base demográfica del país.

Como resultado, señala el documento del 15 de febrero, Puerto Rico no debería aumentar el salario mínimo de los trabajadores y, si optara por ejecutarlo, habría que hacerlo de manera escalonada junto con otras estrategias que mitiguen su efecto en la economía.

El estudio que lleva la firma de la presidenta de la JP, María Gordillo, y del director de Planificación Económica y Social, Alejandro Díaz Marrero, no responde directamente a la iniciativa de aumentar el salario mínimo al sector de la construcción.

Más bien, el estudio se hizo a pedidos del comité multisectorial que Rosselló Nevares creó el año pasado con miras a identificar soluciones a los retos económicos que encara la isla.

El informe examina lo que ha sucedido con las políticas de salario mínimo en las economías de España, Canadá y en territorios estadounidenses como las Islas Vírgenes y Samoa Americana, y calcula el posible impacto que tendría el aumento salarial en la isla.

Si el salario mínimo aumentara a $15 por hora en todos los sectores industriales (NAICS) de Puerto Rico, el impacto adicional en la nómina que pagan todas las empresas rondaría $5,267 millones. En el caso de la construcción, que se identifica bajo la categoría NAICS 47, ello impactaría a unos 23,358 empleados, según el reporte.

“Si no prospera la iniciativa congresional (de aumentar el salario mínimo), pero fuera la prioridad de política pública y si fuera un compromiso del gobernador plasmado en su Plan para Puerto Rico, (se sugiere que) se posponga cualquier iniciativa para aumentar el salario mínimo al nivel estatal hasta que la economía local refleje un crecimiento económico positivo similar a la mediana del crecimiento económico de los estados que han implantado medidas recientes de aumento al salario mínimo”, reza el informe en su página 43.

Pese a tales observaciones, y al recalcar la necesidad de profesionalizar la actividad de la construcción y mejorar la paga a los trabajadores de ese sector, Rosselló Nevares aprobó, el 30 de julio, la orden ejecutiva (OE) 2018-33 para fijar en $15 por hora la paga mínima que recibirán los empleados de la varilla y el cemento.

La medida establece el nuevo salario mínimo por hora en todos los proyectos y obras que realicen las agencias de gobierno. Esta medida sucede otra orden ejecutiva del mandatario que aumentó el salario mínimo por hora de los empleados públicos a $8.25.

Medida polémica

El incremento salarial abrió de inmediato una polémica entre empresarios de la construcción y una de las uniones que agrupa a trabajadores del sector y que abogó por la decisión de política pública.

“No hemos visto ningún estudio que respalde la actuación del gobernador”, indicó a El Nuevo Día, Stephen Spears, presidente de la Asociación de Contratistas Generales (AGC) en Puerto Rico.

De acuerdo con un análisis solicitado por la ACG a la firma Estudios Técnicos, la decisión del primer ejecutivo podría encarecer los costos del sector de la construcción entre 9% y 32% y, a su vez, perjudicar otros sectores de la actividad económica.

“Eso se va a reflejar en todas las industrias, va a forzar un aumento en costos porque un suplidor de materiales tendrá que pagar más a su empleomanía, que ya tiene materiales al alza. Ese doble efecto va a verse en todo, desde los que llevan los materiales del muelle al almacén y luego, al proyecto”, advirtió.

De acuerdo con Spears, la medida podría aliviar a los trabajadores del sector (que en su mayoría, devengan más del mínimo de $7.25 por hora), pero haría poco en contribuir a la economía de la isla a largo plazo.

“Aquí va a haber unas empresas que su experiencia es seguir el dinero federal que se otorga con los desastres naturales. Lo vimos el año pasado, con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Pero la empresa local no va a poder con esos costes de manera sostenida”, insistió Spears.

En cambio, para Edison Severino, portavoz de Laborers International Union of North America (LIUNA), no se necesitan estudios para justificar un aumento en el salario mínimo a los trabajadores de la construcción en Puerto Rico cuando se sabe que la paga a esos obreros en la isla puede ser hasta 20 veces más baja que en los estados.

Además, enfatizó que hoy decenas de empresas estadounidenses traen trabajadores desde los 48 estados continentales para participar de la reconstrucción post-huracán María con los salarios que se pagan a nivel nacional.

“Los estudios económicos tienen sus vicios y sirven el interés de quien los comisiona. Es simple lógica, si entra más dinero, obviamente, eso va a causar que más dinero llegue a la economía, a la gente de a pie”, argumentó Severino.

Según el líder sindical -que representa unos 500,000 obreros de la construcción en Estados Unidos- LIUNA lleva cerca de dos años y medio tocando puertas en Puerto Rico, coordinando reuniones con líderes legislativos y del Ejecutivo para comenzar a elevar los estándares de vida y de empleo de la gente en la isla, en especial, en el sector de la construcción.

Aparece Elías Sánchez

Para efectuar esas tareas, dijo Severino a El Nuevo Día, LIUNA ha contratado a empresas de relaciones públicas a nivel local y otros asesores, así como a la firma de cabilderos World Professional Group (WP), donde la mano de derecha de Rosselló Nevares en política partidista, Elías Sánchez Sifonte, funge como ejecutivo.

Este periódico accedió a material de presentación que WP entrega a potenciales clientes, y en este indica que presta servicios a LIUNA, así como a otras firmas, entre estas Microsoft, Carnegie Learning, CTIA, EC Waste, El San Juan Hotel, GM Holdings, Puma Energy Caribe, True North y Walgreens.

En dicho material, la firma describe a sus principales figuras, entre ellas, los cofundadores de la firma, Carlos López López y Onix Maldonado, Sánchez Sifonte y Zoraida Buxó Santiago como consultores “senior”, y como consultores a Liz Arroyo Santoni y Luis Balbino Arroyo.

Cuando El Nuevo Día preguntó por la relación entre LIUNA y WP, Severino indicó, casi de inmediato, que el ejecutivo de la firma de cabildeo que les ayuda es Maldonado y no Sánchez Sifonte.

“Los detractores están tratando de amarrar esto a un chanchullo, pero lo que está detrás son los elementos que el gobernador vio, trabajadores que vienen de afuera cobrando $40 a $50 por hora y, al lado, trabaja un puertorriqueño cobrando $8 la hora”, dijo Severino.

Agregó que la agenda del sindicato también incluye contribuir a la formación de los trabajadores de la construcción en la isla y ofrecerles más protecciones en materia de seguridad ocupacional.

De acuerdo con Severino, la OE-2018-33 será tan favorable para la economía de Puerto Rico que el sindicato decidió pagar vallas publicitarias para agradecerle a Rosselló Nevares su decisión.

A nivel nacional, particularmente en estados con fuertes concentraciones de puertorriqueños y donde LIUNA tiene influencia en círculos políticos, figuras como el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo; la congresista Nydia Velázquez y el senador federal Bob Menéndez elogiaron la movida de Rosselló Nevares.

“El que lo quiera politizar es porque quiere tratar de mantener las cosas como están. Es legítimo (utilizar cabilderos), es parte del sistema político en que vivimos. Lo utilizamos constantemente allá (en los estados). Lo que pretenden decir es que el sector privado puede tenerlos (cabilderos), pero los obreros no pueden”, dijo Severino.

“No venimos a pelear con los patronos”, indicó Severino, al señalar que ya ha hecho acercamientos a la ACG para explicarles el alcance de la medida.

Efecto múltiple

Según Emilio Colón Zavala, presidente de la Asociación de Constructores (AC), si bien la orden ejecutiva podría encarecer los costes operacionales de las firmas de construcción hasta en 35%, la medida tiene efectos que trascienden los dólares y centavos.

El ingeniero, quien se mostró esperanzado en que una ronda de negociaciones con el gobierno resulte en cambios al decreto, explicó que lo primero que habrá que revisar son los estimados que ha hecho esta administración para las obras de reconstrucción que se necesitan tras el azote de María.

Otra consecuencia no intencionada de la decisión es que, según el ingeniero, el aumento en el mínimo a pagarse en los proyectos públicos, a la larga, rebotará en la construcción privada.

En ello coincidió el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), Pablo Vázquez Ruiz, quien explicó que el ajuste salarial podría afectar los proyectos de reconstrucción post-María, incluyendo aquellos que se financiarán con fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, en inglés).

Spears, Colón Zavala y Vázquez Ruiz dijeron no tener objeciones en que se aumente el salario a los trabajadores de esa industria. Su cuestionamiento se centra en si el aumento establecido por el gobierno -y su implementación inmediata- es la vía correcta para que el sector pueda absorber el impacto en la estructura de costes de manera sostenida.

El Nuevo Día preguntó al Departamento de la Vivienda (DV) y a la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resistencia (COR) cómo la OE-2018-33 afectaría las proyecciones de costos de los proyectos de reconstrucción y resiliencia post-María.

El DV indicó que la medida no afectará el programa Tu Hogar Renace, ya en curso, pero se informó que el costo de los demás proyectos a pagarse a través del CDBG-DR podría aumentar entre 25% y 30%.

No son $15, son $21

Según Vázquez Ruiz, para un contratista será prácticamente imposible emplear a un grupo de trabajadores pagándole $15 la hora por trabajar en obras públicas y, a su vez, compensar esas mismas tareas en un proyecto privado, con menos paga.

De acuerdo con el ingeniero, estos $15 por hora implican, además, pagar más en beneficios marginales, seguros patronales y seguro social. Como resultado, el impacto a la empresa sería de unos $21 por hora por trabajador. “En esa orden ejecutiva, no hay distinciones”, continuó diciendo Vázquez Ruiz.

Subrayó que el alza en el salario mínimo también aplicaría a las productoras de concreto, ferreterías, firmas de arquitectos, ingenieros y electricistas, entre otros.

“Tienes un efecto cascada porque, ahora mismo, hay ofertas para ingenieros recién graduados en entrenamiento, educados y certificados que empiezan en $20 la hora”, dijo Vázquez Ruiz, al comparar los salarios del sector.

La OE-2018-33, aseguran fuentes de El Nuevo Día, ha levantado preocupaciones en otros sectores empresariales, y estos, a su vez, habrían levantado una voz de alerta ante la JSF. Según las fuentes, el aviso a la Junta se produjo luego que oficiales del gobierno dejaran establecido a líderes del sector privado que la orden ejecutiva se implementará según firmada y que podría haber “represalias” para las empresas o entidades que continúen cuestionando su alcance públicamente.

Un solo sindicato

Otro efecto de la iniciativa que impulsó LIUNA es que, según se redactó la orden ejecutiva, ese sindicato podría convertirse en el principal gremio que representaría a los trabajadores de la construcción en Puerto Rico.

La OE-2018-33 trae a la normativa de contratación de proyectos públicos en Puerto Rico la figura del “acuerdo laboral de proyectos” (PLA, en inglés), lo que podría describirse como una especie de convenio colectivo que aplicaría a la obra que se llevará a cabo.

La orden establece que todo proyecto público mayor de $2 millones financiado “total o parcialmente con fondos del gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas deberá contar con este PLA para sus empleados”.

La orden ejecutiva prohíbe que se utilice una organización laboral específica en la firma de un PLA. Pero, en la práctica, en Estados Unidos, el contratista pactará el PLA con el sindicato que suele agrupar a los trabajadores de la construcción, como sería el caso de LIUNA.


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