El director ejecutivo de la Aafaf, Christian Sobrino, presentará enmiendas a la ley que garantiza el pago de pensiones a los empleados públicos (semisquare-x3)
El director ejecutivo de la Aafaf, Christian Sobrino, presentará enmiendas a la ley que garantiza el pago de pensiones a los empleados públicos. ([email protected])

Ante una comisión legislativa, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino, se comprometió ayer a proponer enmiendas que fortalezcan el rol del secretario de Hacienda como ente cobrador del sistema Pay Go de pensiones del gobierno.

“Hemos identificado unas dudas en el proceso de implementación del proceso de cobro”, expresó Sobrino, en un aparte con la prensa, al finalizar una vista pública de la Comisión de Sistemas de Retiro y Asuntos del Veterano de la Cámara de Representantes.

En la audiencia, Sobrino recordó que el titular de Hacienda no solo tiene la función de cobrar el pago de las pensiones, sino de garantizarlas, como establece la legislación vigente.

“Entendemos que hay unas lagunas en la práctica que podemos aclarar. En lugar de hacerlo mediante una carta circular, le presentamos unas enmiendas a la Ley 106-2017 para fortalecer la acción de Hacienda como agente cobrador y como garantizador de las pensiones”, sostuvo.

El sistema Pay Go fue creado para asegurar las pensiones de 160,000 empleados públicos. Como parte del plan, las corporaciones y municipios tienen que enviar a Hacienda el pago correspondiente a los pensionados que trabajaron en esas dependencias.

Pero El Nuevo Día publicó que, solo entre junio de 2017 y junio de 2018, los municipios adeudaban $104.1 millones, de una deuda total de $147 millones. Las corporaciones públicas adeudaban $144.2 millones, de una deuda de $365 millones.

Este diario ha revelado, por ejemplo que, entre las corporaciones públicas, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tiene la deuda más alta con $70.5 millones del pasado año fiscal. No abonaron a la deuda municipios como San Juan, Ponce, Arecibo, Cayey, San Sebastián, Carolina, Caguas y Toa Baja.

Algunos alcaldes han señalado que la Administración de Sistemas de Retiro les envía facturas incorrectas.

Como resultado de la Ley 106-2017, se desembolsan $2,300 millones del Fondo General para cumplir con las pensiones de buena parte de los empleados públicos, incluyendo también los jueces y maestros.

El Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno cuenta con aproximadamente 120,000 participantes activos y 125,000 retirados y beneficiarios. Su déficit actuarial es de $38,000 millones.

El Sistema de Retiro de Maestros enfrenta un déficit de $18,000 millones, y el Sistema de Retiro de la Judicatura de $700 millones.

Sobrino consignó la oposición del gobierno al recorte de 10% en las pensiones propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), pero dejó en manos del Departamento de Justicia expresiones adicionales sobre el proyecto de la Cámara 1716, de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez y José Enrique Meléndez.

Este proyecto –motivo de la vista pública de ayer– faculta a la titular de Justicia a instar cualquier acción legal, ante el foro que sea, “en defensa del pago íntegro de las pensiones”. Las acciones incluyen detener la intención de la JSF de aplicar el recorte de 10% a las pensiones de más de $1,000 mensuales.

La propia Aafaf reconoce que la JSF intentará recortar las pensiones a través de la reestructuración de la deuda de Título III de la ley Promesa.

En su ponencia, Justicia indicó que aceptar la encomienda propuesta significaría un potencial conflicto de interés porque una de las obligaciones de la agencia es defender a las instrumentalidades del gobierno en las cortes.

“Lo propuesto crea un conflicto de intereses en la representación legal que pudiera asumir el Departamento de Justicia por mandato de la enmienda propuesta vis a vis estar sujetos a demandas y reclamaciones de los propios beneficiarios”, lee la ponencia firmada por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, quien advirtió que lo propuesto significaría un conflicto ético para los abogados de la agencia.



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