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La próxima clase de la Academia de la Policía será pagada con fondos de la reforma de la Uniformada. (GFR Media)

La Secretaría de la Gobernación, el Negociado de la Policía y técnicos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se reunirán durante las próximas dos semanas para intentar disipar, de una vez y por todas, las insuficiencias de fondos en la Uniformada, informó el principal oficial financiero del gobierno, Raúl Maldonado Gautier.

A pesar de órdenes judiciales y reuniones previas con la JSF sobre asuntos presupuestarios, la Policía todavía reclama que no tiene dinero para pagar los salarios de los cadetes una vez se gradúen y se integren a las filas regulares como agentes.

La controversia está plagada de impresiciones. Por un lado, la Uniformada no ha detallado cuántos cadetes reclutará para la nueva ronda de entrenamientos introductorios. Esta academia, que comenzará en febrero en las instalaciones de la Policía, en Gurabo, busca cubrir parte del déficit de policías que se estimó como parte del proceso de reforma que, desde el 2013, existe en la Uniformada.

El Negociado tampoco ha ofrecido un estimado de los fondos recurrentes que necesitaría para cubrir los gastos adicionales en nómina que implicaría la entrada de estos agentes al cuerpo policial.

Por otro lado, la JSF, en distintas instancias, ha insistido en que la Policía cuenta con los fondos necesarios para cubrir esos gastos en nómina y ha argumentado que el Negociado puede hacer cambios en su estructura presupuestaria. El organismo fiscal creado por la ley Promesa, sin embargo, no ha determinado qué partes del presupuesto la Policía puede cambiar.

En síntesis, la Uniformada no ha precisado cuánto dinero necesita y la JSF no ha dicho con claridad de dónde puede sacarlo.

“La recomendación mía es tener una reunión la semana próxima con los técnicos de la Policía. Después (a mediados de enero) vamos a reunirnos con la JSF para ver dónde está el tranque y qué se puede hacer”, dijo Maldonado Gautier en una entrevista con El Nuevo Día.

“La Junta dice que hay fondos suficientes, y la Policía, que no. Vamos a ver las cuentas. Yo lo que creo es que hay algunas cuentas específicas con poca flexibilidad pero que se podrían usar. Necesitamos ya tomar decisiones”, añadió el también secretario de la Gobernación.

El funcionario precisó, por ejemplo, que hay unas partidas asignadas para compra de equipo que podrían redirigirse a cubrir la nómina en lo que se encuentra una solución permanente al asunto.

“Lo que queremos ver es si tenemos esa flexibilidad de mover el dinero internamente. Para eso necesitamos a las dos partes de estosentadas en la mesa hablando el mismo idioma”, dijo Maldonado Gautier.

Una decisión de la jueza Laura Taylor Swain, que atiende los casos de bancarrota bajo el Título III de Promesa, limitó la capacidad del gobierno de reasignar partidas del presupuesto.

La determinación surge como parte de la impugnación que hizo el propio gobierno del presupuesto impuesto por la JSF para el año fiscal vigente, que termina el 30 de junio de 2019.

Esta decisión judicial, que limitó significativamente el marco de acción del gobierno en materia presupuestaria, fue llevada por la administración de Ricardo Rosselló Nevares ante el Primer Circuito de Apelaciones del Tribunal Federal en Boston, Massachusetts.

La Policía ha hecho nueve peticiones a la JSF para cambiar partidas en el presupuesto, según datos publicados por el propio organismo fiscal en su portal en línea. De estas, dos fueron retiradas por el propio gobierno, una fue rechazada y las otras seis fueron aprobadas por el organismo que controla las finanzas de Puerto Rico.

En total, la JSF ha aprobado reasignaciones en los presupuestos por $55.1 millones.

Entre los cambios, está una asignación de $9.5 millones para comprar 209 patrullas a un costo de $45,453 cada una. También está una petición de unos $38.9 millones para cubrir las nóminas de la Policía de mayo y junio del año fiscal 2018.

A principios de mes, la JSF autorizó aumentar el presupuesto del Negociado de Bomberos en unos $499,221 para cubrir el salario de unos 41 bomberos en puestos transitorios. Esos fondos pasaron de la nómina de la Policía a los bomberos.

A finales de octubre, el juez federal Gustavo Gelpí ordenó a la Policía y a la JSF que tomen las acciones necesarias para atender las necesidades fiscales de la reforma policiaca. Desde el 2012, Gelpí preside el caso por violación de derechos civiles contra la Policía que da pie a la forzada reforma de ese cuerpo de seguridad.

Un estudio asociado al proceso de reforma, elaborado por la empresa V2A, concluyó que la Uniformada necesita, al menos, 11,680 policías en la calle, lo que para abril pasado -cuando se publicó el informe- implicaba un aumento de un 11% del personal que tenía activo la Uniformada. Hace 18 años, la Policía llegó a tener casi 20,000 efectivos.

Además de adecuar el tamaño de la Policía a las necesidades de seguridad del país, una buena parte de las iniciativas de la reforma de la Policía buscan readiestrar a los miembros del cuerpo en materia de uso de fuerza, registros y allanamientos, derechos civiles, políticas antidiscrimen, tecnología y sistemas de información, entre otros temas.


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