El licenciado Héctor Rivera Cruz, a la derecha, durante las primeras vistas senatoriales sobre los crímenes. (GFR Media) (horizontal-x3)
El licenciado Héctor Rivera Cruz, a la derecha, durante las primeras vistas senatoriales sobre los crímenes. (GFR Media)

Washington - La conmemoración de los sucesos del Cerro Maravilla, en los que hoy, hace 40 años, agentes emboscaron y dieron muerte a sangre fría a dos jóvenes independentistas, deben servir de recordatorio sobre la importancia de que la Policía se transforme en una institución que tenga como norte respetar los derechos constitucionales de todos en Puerto Rico, según grupos proderechos civiles.

“(En la Policía) ni siquiera han internalizado la necesidad de reformarse”, afirmó el director de la oficina de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico, William Ramírez, cuya organización llevó ante el Departamento de Justicia de EE.UU. las denuncias originales que dieron paso a una demanda y un decreto de consentimiento que obliga a reformar la dependencia policial.

La falta de controles y la corrupción dentro de la dirección de la División de Inteligencia de la Policía fue el detonante de los hechos en que el agente encubierto Alejandro González Malavé condujo el 25 de julio de 1978 hasta el Cerro Maravilla, en Villalba, a los jóvenes independentistas Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví, con la intención de llevar a cabo un atentado en contra de torres de comunicación.

En el Cerro Maravilla, un contingente policial los esperaba. Rosado y Soto Arriví fueron asesinados, después de haber sido detenidos y cuando estaban arrodillados.

El testimonio del chofer de carro público Julio Ortiz Molina, quien fue secuestrado por el grupo para que los subiera al Cerro Maravilla, y denunció que hubo una segunda ráfaga de disparos después de los jóvenes haber sido detenidos, abrió la puerta a una investigación, a partir de 1981, desde el Senado de Puerto Rico, que permitió descubrir la verdad sobre los asesinatos y el encubrimiento de los hechos.

El caso Maravilla no es el único caso, pero es símbolo de años de persecución abierta y sistemática contra independentistas, considerados entonces oficialmente como “subversivos”.

En un país en que existió hasta el 1957 una Ley de Mordaza, la División de Inteligencia fue la estructura para perseguir a los independentistas.

Cuando estaba a punto de acabar la Guerra Fría hubo un freno significativo a la carta blanca que había en la Policía para perseguir a grupos e individuos por razones políticas.

En 1988, como consecuencia de una demanda del entonces representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) David Noriega, el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró inconstitucional la práctica de la Policía de mantener expedientes y perseguir personas, principalmente independentistas, debido a sus ideas políticas.

“Pueden existir en la Policía trabajos de inteligencia sobre personas que están delinquiendo, pero carpeteo por cuestiones políticas no creo que eso ahora esté ocurriendo”, argumentó Jaime Morales, presidente del grupo policial Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS).

Tres décadas después, la Policía vuelve a estar bajo juicio.

A partir de 2009, la ACLU llevó ante el Departamento de Justicia de EE.UU. querellas por violaciones a derechos civiles, contra minorías, y los más pobres.

En el verano de 2011, la ACLU sometió una demanda en el Tribunal federal de San Juan, poco antes de que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de EE.UU. publicara su propio informe en el que detalló graves violaciones de derechos y uso excesivo de la fuerza, entre otras faltas, de parte de la Policía de Puerto Rico.

Para diciembre de 2012, Justicia federal convirtió su denuncia en una demanda.

Mientras los grupos proderechos civiles piensan que poco se ha logrado para darle un vuelco a la Policía, como ordena el decreto de consentimiento de julio de 2013, las organizaciones policiales consideran que en el proceso la Policía ha quedado disminuida, tanto en términos de personal – el número de policías se ha reducido de 21,000 a 13,000-, como en la confianza que el gobierno le otorga al agente.

“El lenguaje de la demanda va dirigido a tener una Policía que exista para defender el derecho del pueblo a manifestarse en contra del gobierno. La función de la Policía es proteger los derechos constitucionales del pueblo. Pero, la Policía está en uno de sus peores momentos. No cuenta con los recursos necesarios para profesionalizarse y es renuente a aceptar que tiene que reformarse”, indicó Ramírez.

“Estamos cumpliendo”

El jefe de la Policía, Henry Escalera, considera que “estamos cumpliendo”.

“La reforma ha encaminado al Negociado de la Policía a mejorar. Ha sido de beneficio”, dijo.

Para Ramírez, no obstante, una prueba del incumplimiento fue “la agresiva respuesta” de la Policía a las manifestaciones del 1 de mayo de 2018.

Por un lado, dijo, la Policía reaccionó a la protesta con el envío de unidades de operaciones tácticas, bloqueando el paso a una de las manifestaciones que buscó recorrer la zona bancaria, persiguiendo a los manifestantes por un largo perímetro y hasta “sacando gente dentro de su casa”.

En total, la Policía arrestó a 19 personas.

“No podíamos tolerar que siguieran las agresiones”, dijo entonces Escalera, quien denunció que manifestantes lanzaron pedazos de concreto a sus agentes.

Ayer, sostuvo que el pasado 1 de mayo “garantizamos los derechos civiles” de los que se manifestaron pacíficamente.

“Cuando se comete delitos, se convierte en una manifestación ilegal. Utilizamos la fuerza necesaria”, agregó Escalera.

Fernando Soler, presidente del Concilio Nacional de Policías ( CONAPOL), coincidió con el jefe policial en defender la labor de los polícias durante los sucesos del 1 de mayo.

“Por 45 minutos, los estuvieron agrediendo. Les dieron con piedras. Había un manifestante que decía que una pedrada no era nada. Cuando la Policía reacciona al descontrol de los manifestantes, entonces los grupos de derechos civiles justifican a los manifestantes. El resultado es que el policía tiene temor de ser él el que termine acusado”, indicó Soler.

Tanto el líder de COPS como el de CONAPOL, indicaron que lo que no hace la reforma es atender la situación económica de los agentes, a los que se les redujo la pensión, siguen sin poder cotizar al Seguro Social y entran a la fuerza policial con un salario de alrededor de $2,200 mensuales.

Nuevas denuncias

A raíz de los sucesos del 1 de mayo, sin embargo, Ramírez fue recientemente al Departamento de Justicia de EE.UU., en Washington, a pedir que presenten mociones ante el juez federal Gustavo Gelpí –a cargo del decreto de consentimiento-, para advertir que la Policía incumple con el acuerdo que dejó a un lado la demanda y exigir que haya “un mecanismo independiente civil para monitorearla”.

Ramírez destacó que si Justicia federal no actúa, puede presentar dos nuevas demandas relacionadas con los sucesos del pasado 1 de mayo: un vendedor de agua que recibió múltiples disparos de perdigones; y una madre soltera, veterana de la guerra de Irak, que protestaba junto a su hija por el cierre de escuelas, y fue agredida sin ser parte de la manifestación.

El monitor federal Arnaldo Claudio, quien responde al juez Gelpí, ha advertido que el gobierno arrastra los pies. En sus más recientes informes, Claudio consignó que el progreso de la reforma policial, en la práctica, se ha detenid, y ha amenazado con recomendar nuevas acciones al tribunal.

La semana pasada, el gobierno de Puerto Rico solicitó al juez Gelpí más tiempo para completar cerca de 30 planes de acción sobre la reforma.

“(Claudio) representa los ojos y oídos del juez. Está cumpliendo con el acuerdo del tribunal, pero no le responde al pueblo”, sostuvo Ramírez.

El director de ACLU en Puerto Rico sostuvo que se requiere una ley de acceso a información pública que permita garantizar, junto a un monitor independiente, si es cierto que el gobierno ha cesado la práctica de archivar información sobre personas debido a su ideología política o su oposición al gobierno.

El comisionado Escalera evitó opinar sobre la deseabilidad de nombrar a un monitor independiente civil que fiscalice a la Policía. A su juicio, cualquier petición deberá ser atendida por los abogados de la Policía en el tribunal.

Pero, sostuvo que la reforma ha tenido el efecto de fortalecer los entrenamientos sobre el respeto a los derechos civiles. En ese sentido, afirmó que actos criminales como los del Cerro Maravilla son impensables en estos momentos.

“El que incumple será investigado administrativamente y puede enfrentarse a medidas disciplinarias y cargos criminales”, indicó Escalera, en una entrevista telefónica.

Los federales

Para el presidente del Comité de Derechos Humanos de Puerto Rico, Eduardo Villanueva, los problemas de la Policía no pueden distanciarse de la influencia de las autoridades federales sobre su funcionamiento y el entrenamiento que históricamente reciben en la Academia de la Policía, que es uno de los asuntos que forman parte de la reforma. “Los han entrenado para que vean a los independentistas y los que protestan como enemigos”, dijo Villanueva.

En momentos en que el gobierno tiene la intención de establecer una alianza público privada para operar la Academia –que no ha graduado una nueva clase policial desde 2015-, el juez Gelpí ha pedido que antes de cualquier decisión final se le permita a Justicia federal garantizar que ese plan cumple “completamente con la reforma”.

En Puerto Rico, las autoridades federales no han demostrado buena fe en cerrar la página de la persecución contra los sectores independentistas, según Villanueva.

En ese sentido, hizo referencia la falta de colaboración con esfuerzos del Departamento de Justicia de Puerto Rico para esclarecer asesinatos como los del exiliado cubano Carlos Muñiz Varela -nueve meses después de los sucesos del Cerro Maravilla, el 28 de abril de 1979, y Santiago “Mari” Pesquera -hijo del fallecido líder socialista Juan Mari Brás-, hallado muerto el 24 de marzo de 1976.

Muñiz Varela fue ejecutado en momentos en que junto a Raúl Álzaga Manresa y Ricardo Fraga, a través de la agencia Viajes Varadero, promovía viajes del exilio cubano a La Habana.

En el caso de Mari Pesquera, aunque las autoridades de Puerto Rico lograron la convicción de Henry Coira, a quien identificaron como la persona que le disparó a “Chagui”, su familia, por medio del Comité por la Verdad y la Justicia, ha insistido en que no actuó solo.

Por años, el Comité por la Verdad y la Justicia ha mantenido que el asesinato de “Chagui” Mari Pesquera estuvo relacionado a la militancia política de Mari Brás, quien al momento de su muerte era líder y candidato a gobernador por el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP).

“Cuando el poder federal ha estado detrás de actividades en que se actúa con fuerza desproporcionada contra puertorriqueños que creen en la independencia, no se descubre la información”, dijo Villanueva.

El también ex presidente del Colegio de Abogadas y Abogados sostuvo que la preocupación debe elevarse en momentos en que la autoridad principal en el Departamento de Seguridad Pública de Estados Unidos es Héctor Pesquera, un ex agente del FBI.

Villanueva sostuvo que “en cierto sentido la Policía, a través de la demanda y el monitor federal, está federalizada” y dijo que pese a los avances aún cree que las autoridades policiales mantienen la práctica de recopilar expedientes por motivaciones políticas.


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