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Senador Henry Neumann, presidente de la comisión de Seguridad Pública. (Juan Luis Martínez Pérez)

El Negociado de Ciencias Forenses (NCF) se vio obligado a recibir el año pasado 3,359 cadáveres innecesariamente, recargando el ya diezmado personal que trabaja en la institución.

La denuncia fue hecha esta mañana por Manuel Martínez Torres, abogado de la dependencia, al deponer durante una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, mientras ejemplificaba cómo la crisis que vive en el NCF va mucho más allá de la falta de personal o de presupuesto.

“Entraron (los cuerpos) porque murieron en hospitales, en otros sitios, en casas particulares, centros de cuidado prolongado y llegaron al NCF”, dijo Martínez Torres a preguntas del senador novoprogresista Henry Neumann y al referirse a muertes consideradas “no sospechosas”. Martínez Torres dijo que la mitad de los cuerpos que llegan al NCF no tienen por qué ser enviados a la institución.

“Nadie puede obligar (por ley) a un médico para certificar una muerte”, alertó el letrado al explicar que, de la cifra de cadáveres recibidos indebidamente, se les realizó autopsia a 109 y se confirmó que se trataba de decesos por causas naturales.

Martínez Torres fue citado, además de personal del Departamento de Justicia y del Departamento de Salud, a deponer en torno a dos medidas legislativas. Por un lado, el Proyecto de la Cámara 1698 pretende aclarar la ley orgánica del Departamento de Seguridad Pública para que el NCF pueda disponer, por enterramiento o cremación, de cadáveres que llevan más de 10 días identificados, pero no reclamados por familiares, tras la conclusión de toda la investigación forense.

Martínez Torres no pudo precisar cuántos cadáveres se encuentran en el NCF ya identificados por más de 10 días sin ser recogidos, pero con autopsia ya completa. Sin embargo, en su vista de confirmación la semana pasada, la comisionada interina Beatriz Zayas colocó esa cifra en 32.

“Tenemos que tomar una determinación entre el aspecto humano, que como gobierno no debemos ajorar o forzar a familias que en esos momentos no tienen los recurso a tomar decisiones sobre el cadáver, pero tenemos almacenados cadáveres que debieron haber sido movidos. El término de 45 días es más que razonable para que el NCF espere a que la familia recoja el cadáver”, sostuvo Neumann en un aparte con la prensa al indicar que está dispuesto a enmendar el proyecto.

A preguntas, Martínez Torres indicó que la Ley 20-2017 le permite al NCF disponer de cadáveres luego de 10 días sin ser reclamados, pero “por razones humanitarias” y para permitirle a las familias que hagan los arreglos fúnebres requeridos, desde hace unos meses sefijó ese plazo en entre 30 y 45 días.

Alertó que acelerar el proceso en que cadáveres son enterrados o cremados  implicaría una carga adicional económica para el NCF.

“No queremos ser tan taxativos con los 10 días. Queremos darles tiempo a las familias, que a veces no tienen dinero para pagarle a la funeraria”, dijo. “Ya a los 30 a 45 días estamos disponiendo de cadáveres”, agregó Martínez Torres, sin ofrecer cifras de cadáveres enterrados o cremados en lo que va del año. El representante del NCF contó que esa práctica se inició poco antes del nombramiento de Zayas en enero.

Por otro lado, la otra medida -Proyecto de la Cámara 1699- busca disponer por ley el “deber ineludible” de un profesional de la salud fundamentar su decisión para no establecer la causa de muerte en un certificado de defunción y que esa omisión, supuesta razón para la cantidad de cadáveres que llegan innecesariamente al NCF, no será motivo suficiente para ordenar esa entrega a la dependencia. Además, faculta al NCF a rechazar cadáveres remitidos por hospitales y clínicas, a menos que estos referidos estén fundamentados.

En el caso de agentes investigadores y fiscales, deberán justificar de manera “fundamentada y justificada” el envío de un cadáver al NCF.

En cuanto al Proyecto de la Cámara 1699, Martínez Torres denunció que los hospitales han adoptado, erróneamente, como dogma, el principio de que toda persona que muera dentro del periodo de 24 horas de llegada a la institución hospitalaria, tiene que ser enviado al NCF.

“A veces el médico quiere certificar la muerte y el hospital no lo deja”, dijo. “Si tuviéramos alguna ley que nos ayude en eso sería increíble”, sostuvo.

Justicia levanta bandera

Al condicionar su apoyo a las medidas, el Departamento de Justicia objetó la necesidad de que el fiscal tenga que fundamentar el envío del cadáver al NCF cuando “puede surgir información que arroje, de forma honesta, duda sobre la causa de muerte, y que ello, por sí solo, justifique la intervención del NCF”, reza una ponencia firmada por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.


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