Las denuncias de hostigamiento sexual contra el exalcalde de Guaynabo Héctor O’Neill provocaron la indignación de grupos de mujeres. (horizontal-x3)
Las denuncias de hostigamiento sexual contra el exalcalde de Guaynabo Héctor O’Neill provocaron la indignación de grupos de mujeres. (GFR Media)

Con el desenmascaramiento del afamado productor de cine Harvey Weinstein –acusado por más de 80 mujeres de haber incurrido en acoso sexual, actos lascivos y hasta violación–, las placas tectónicas de la industria de cine de Hollywood han experimentado una sacudida. A menudo siguen cayendo nombres de figuras públicas, y el llamado a seguir denunciando ha roto con la cultura de secretividad que durante muchos años ha imperado en el mundo del espectáculo.

Puerto Rico no está exento de la discusión. De hecho, uno de los casos más sonados del 2017 fue el del exalcalde de Guaynabo Héctor O’Neill –destronado de su poltrona–, a quien se le halló causa por arresto en siete de los 11 cargos criminales presentados en su contra, entre los que figuran actos lascivos, violencia doméstica y violaciones a la Ley de Ética.

Ahora, el tema vuelve a protagonizar la discusión pública con la renuncia del director ejecutivo de la Compañía de Turismo, José Izquierdo, circundado por quejas de acoso sexual.

“El Tribunal Supremo, en el caso de Puerto Rico, ha reiterado de manera consistente que el hostigamiento sexual violenta el primer principio que contiene la Carta de Derechos, que la dignidad del ser humano es inviolable”, dijo, de entrada, a este medio el presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Torres Rivera.

Inicios de la legislación

Pese a ese pronunciamiento constitucional, el camino para aprobar la legislación que prohibió en 1989 el hostigamiento sexual en el trabajo fue escabroso, recordó la portavoz de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, Josefina Pantoja Oquendo.

“Desde el principio, hubo dificultades”, comentó la licenciada, que estuvo involucrada en el proceso en el Capitolio a fines de la década de 1980.

Recordó que, durante el proceso de discusión de la medida en la Legislatura, surgió como argumento en contra el asunto de la credibilidad. “Decían que esto se podía prestar para que se desprestigiaran a personas que en realidad no habían incurrido en esa conducta”, comentó.

Además, desde el sector privado, se puso en tela de juicio el costo del proyecto, puesto que los patronos tendrían que invertir en protocolos, orientación y propaganda visible de cero tolerancia al hostigamiento sexual.

También, la ley adjudica responsabilidad al patrono, aun cuando desconozca que se está cometiendo un acto de hostigamiento sexual, si son supervisores o gerentes los perpetradores.

“Esa fue una de las áreas más controversiales, pero era importante, sobre todo por los grandes jefes de las grandes empresas, que no están ahí. Pero, los supervisores son su extensión. Por eso es que se requiere que todo el tiempo se esté educando a los empleados”, agregó la activista.

Finalmente, el 22 de abril de 1988 se aprobó la Ley 17 para prohibir el hostigamiento sexual en el empleo, imponer responsabilidades y fijar penalidades.

La ley define el hostigamiento sexual como cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, implícito o explícito, que ocurre en el empleo y afecta las oportunidades laborales, los términos y condiciones del empleo o el ambiente de trabajo para la víctima. A quien se halle culpable, incurriría en una responsabilidad civil de pagar una suma igual al doble del importe de los daños que haya causado a la persona empleada.

El abogado Torres Rivera recalcó que existen dos modalidades principales de hostigamiento sexual: la que genera un ambiente hostil en el trabajo entre comentarios, acercamientos y roces no consentidos; y la conocida como el quid pro quo: en la que explícitamente se condiciona cualquier decisión relacionada con el empleo a cambio de un acercamiento sexual.

De ahí que se active un protocolo, que no es otra cosa que poner en vigor unas medidas cautelares para evitar que se agrave el ambiente hostil o se repita la actitud de hostigamiento.

“Se recogen en unas guías que cada patrono (o jefe de agencia gubernamental) debe tener en su empresa (o instrumentalidad), y que se debe activar como medida preventiva incluso antes de haberse probado la alegación”, explicó Torres Rivera.

“Yo creo que la ley está bien. Creo que sirve los propósitos para atender el problema, provee los mecanismos necesarios, le exige la responsabilidad que corresponde al patrono, no hay que agotar remedios administrativos... Lo que tenemos que hacer es seguir educando sobre el problema y fiscalizando el cumplimiento”, opinó Pantoja Oquendo.

En la esfera pública

El caso de O’Neill, cuya investigación fue en parte desatada por el pago de $300,000 para transar un caso de hostigamiento sexual, parece ser el más contundente en el historial público de este tipo de delitos. Sin embargo, las denuncias de acoso sexual han apuntado a otros funcionarios de alto rango en distintas ramas del gobierno.

En el 2013, cuatro empleadas municipales de Cidra declararon haber sido víctimas de comentarios de alto contenido sexual y manoseo por parte del entonces alcalde Ángel “Wiso” Malavé Zayas, procesado por someter a las empleadas a un patrón de acoso sexual entre el 2006 y el 2008. Finalmente, el exalcalde fue convicto por nueve cargos de actos lascivos, y su nombre figura de forma permanente en el Registro de Ofensores Sexuales, aunque se libró de la cárcel y el grillete.

El exalcalde de Guayanilla Edgardo Arlequín Vélez fue condenado a cuatro años de cárcel tras ser hallado culpable, en el 2015, de acoso sexual contra una empleada del Municipio. Luego de varios incidentes, en que Arlequín Vélez le dijo sentirse excitado mientras se tocaba su miembro, la víctima aseguró que el desempeño en su trabajo se afectó y tenía miedo de perder el empleo. El exgobernador Alejandro García Padilla indultó al convicto, quien también cumplía cárcel por violar la Ley de Ética Gubernamental al utilizar las facultades de su cargo para obtener un beneficio ilegal.

En el 2006, al actual alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell, se le acusó de cometer actos lascivos contra una mujer a la que presuntamente recibió en toalla para una entrevista de trabajo en su casa, e intentó forzarla a sostener relaciones sexuales, pero no hubo causa para juicio.

“Lo que esto demuestra es que tiene que haber una política más rigurosa por parte del gobierno en la militancia y la prevención del hostigamiento sexual”, apuntó Torres Rivera, aludiendo al caso del exsecretario de Turismo.

La representante María Milagros Charbonier radicó el pasado mes de abril el Proyecto de la Cámara 942, a fin de autorizar a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario a divulgar información en casos de querellas administrativas en que se haya cometido hostigamiento sexual, facilitando la suspensión o destitución de alcaldes acusados.

La Policía de Puerto Rico también ha sido escenario de múltiples actos de acoso sexual, como son los casos del teniente coronel Miguel Colón March y el sargento Salvador Padilla, ambos reasignados a otros cuarteles.

Actualmente, el representante José “Pichy” Torres Zamora está bajo investigación de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, por presuntamente cometer hostigamiento sexual en una entrevista laboral.

En la empresa privada

Aun así, anotó Pantoja Oquendo, la mayoría de los casos donde se ha establecido jurisprudencia, provienen de la empresa privada.

Según estadísticas de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, en inglés), del 2001 al 2011 se radicaron en Estados Unidos 143,431 querellas de hostigamiento sexual, bajo el capítulo 7 del Código de Derechos Civiles. Año tras año, las denuncias hechas formalmente por hombres no superaron el 16%. Durante esa década, se halló causa razonable en 11,087 casos. En el resto no se halló causa o fueron solucionados mediante procesos administrativos, acuerdos o compensaciones.

De acuerdo a las cifras provistas por la Unidad Antidiscrimen del DRTH, en los últimos cinco años, se han radicado 368 querellas por hostigamiento sexual.

Buscando el historial, en 1990, se sentó jurisprudencia en casos contra los Supermercados Amigo y el Garage Isla Verde Inc., por hechos ocurridos previo a la aprobación de la Ley 17. En ambos, el Tribunal Supremo intercedió, aclarando que “el silencio en tales circunstancias (de ambiente hostil) no constituye aceptación de la conducta hostigante”.

Otros casos locales aclararon que la víctima no está obligada a agotar remedios administrativos, que tanto las empresas privadas como las instrumentalidades públicas tienen que velar contra la discriminación por razón de sexo en el trabajo y que la ley aplicaa personas del mismo sexo.

Entre los más recientes, figura un caso contra el banco Santander, que data del 2015 y en el que tuvo que pagarle $700,000 a la demandante, por represalias y hostigamiento laboral que surgieronluego de esta querellarse por hostigamiento sexual en el empleo.

La psiquis del abuso y la equidad de género

Un modelo de crianza que apunta a un nivel de superioridad del hombre sobre la mujer, y que enseña a esta a callar, impiden que se avance más en la lucha por erradicar estas conductas, opinó Pantoja Oquendo.

“Yo creo que no podemos aislarnos de la sociedad patriarcal en que vivimos. Hemos adelantado camino con legislaciones como estas –que lo que se consideraba privado salga a la luz pública–, pero en los procesos educativos que tenemos, no acabamos de arrancar con lo que es una educación atravesada por la equidad de género”, dijo la experta en género.

Torres Rivera coincidió en la necesidad de una educación con perspectiva de género para combatir dicho problema social y cultural, y criticó a la actual administración de Ricardo Rosselló Nevares, por retroceder en la lucha por una educación con perspectiva de género.

“Un niño que se forma bajo un criterio educativo donde el varón tiene unos derechos sobre la mujer, donde esa diferencia se predica en que uno tiene el poder y la otra la sumisión –como se le siembra a unos por algunas religiones–, son los vientos que, de niño, van a provocar las tempestades de adulto”, expresó Torres Rivera.

Luego, en el terreno laboral, se añade el entendimiento de que el poder “da cierto grado de impunidad”, agregó Pantoja Oquendo.

“Tienen personas bajo su control como empleados, ‘como tengo poder, puedo abusar, porque esta depende de mí para tener sus habichuelas’. ‘Como depende de mí para obtener el trabajo, darle una promoción, aumentarle el sueldo, trasladarla de oficina, utilizo mi poder y la someto a un quid pro quo’. Es abuso de poder y hay que denunciarlo”, reiteró.

Torres Rivera agregó que, aunque el hostigamiento sexual puede ocurrir en múltiples escenarios –incluso, en el seno de un matrimonio–, su manifestación en el trabajo se agrava, sobre todo en un país donde el desempleo arropa y, al menos hasta el 2011, un 24.2% de las familias son levantadas por mujeres jefas de familia sin un cónyuge presente.

“Estamos hablando de que, además del elemento de humillación y de violación a la dignidad humana, estás atentando contra el medio de sustento de la víctima”, indicó Torres Rivera.

Con el llamado a escribir “me too” para demostrar la magnitud del problema no solo en la industria del cine sino en todos los sectores laborales de Estados Unidos, se ha creado un movimiento que tiene sus orígenes en una iniciativa de la activista Tarana Burke para concienciar sobre la cantidad de mujeres que han sido víctimas de abuso, agresión y explotación sexual, todo en aras de erradicar el comportamiento y de derribar la impunidad.

Nota aclaratoria: En la versión impresa de esta nota, salió publicado erróneamente que se había activado el protocolo de hostigamiento sexual en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey. Corregimos que José Molina Cotto es el rector de Cayey -no el profesor investigado-, y que el caso no es de hostigamiento sexual, sino de abandono de labores e insubordinación, según trascendió públicamente. 


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