La comisionada Jenniffer González ha expresado que su lucha por la igualdad para Puerto Rico no se limitará al Congreso. (AP / J. Scott Applewhite) (semisquare-x3)
La comisionada Jenniffer González ha expresado que su lucha por la igualdad para Puerto Rico no se limitará al Congreso. (AP / J. Scott Applewhite)

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, reiteró ante el tribunal federal su denuncia de trato desigual de parte del gobierno de Estados Unidos contra Puerto Rico en programas federales.

González, quien estuvo representada por una abogada durante la vista de hoy, participa como “amiga de la corte” en el caso de una demanda del gobierno de Estados Unidos contra José Luis Vaello Madero por fondos del Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

El gobierno federal reclama que Vaello Madero devuelva $28,000 que recibió después que se mudara de Nueva York a Loíza, pues los residentes de Puerto Rico no son elegibles para recibir esos fondos.

La comisionada ha expresado que su lucha por la igualdad para Puerto Rico no se limitará al Congreso, “dónde se manifieste cualquier tipo de discrimen hacia Puerto Rico levantaré mi voz y tomaré acción para combatirlas. Lo he hecho como legisladora estatal, ahora como legisladora federal y en los casos que como estos llevan los tribunales”. 

En la resolución del Amicus Curiae que presentó la comisionada lee: “De todas las disparidades que enfrentan los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico, ninguna es tan impactante para la conciencia como la disparidad en la asistencia disponible para los ciudadanos más vulnerables. Un estadounidense que vive bajo la línea de pobreza en los Estados Unidos continentales no es más necesitado, vulnerable o merece más asistencia que un ciudadano americano que vive bajo la línea de pobreza en la isla”.

“El SSI es un programa al que se ingresa por índice de pobreza en el que el gobierno federal asiste económicamente a personas de 65 años o más bajo línea de pobreza o impedimentos o condiciones especiales o menores con condiciones como cáncer, perlesía cerebral síndrome down, esclerosis entre otras condiciones que afectan el que la familia y el individuo pueda generar ingresos suficientes para vivir”, indicó González en declaraciones escritas.

“A diferencia del Seguro Social tradicional, con el SSI no requieren que un beneficiario realice pagos en el programa para tener derecho a los beneficios del programa. Un estadounidense en los Estados Unidos continentales que recibe SSI es tan probable que pague impuestos federales como un estadounidense que vive en Puerto Rico. No hay razón justificable para esta discriminación legal”, agregó.

El SSI es el único programa federal de apoyo de ingresos dirigido a familias con menores discapacitados. El programa de Puerto Rico que aplica en  vez del SSI— el AABD— no provee para ayudas para menores discapacitados que no sean ciegos.

En los estados, la ayuda que provee el SSI mantiene al 66% del total de beneficiarios y al 59% de las familias con menores discapacitados por encima del nivel de pobreza que sin el SSI caerían por debajo.

Un 14% de los recipientes del SSI son menores con discapacidad que incluyen síndrome de Down, autismo, cáncer y parálisis cerebral.

El SSI es un programa de último recurso ya que los beneficiarios tienen que solicitar para todos los otros beneficios para los cuales puedan ser elegible antes de poder recibir asistencia bajo ese programa.

El máximo de ingresos para cualificar para SSI es $750 mensual por individuo o $1125 mensual por pareja. En el programa que aplica en Puerto Rico (AABD) es $65.

El beneficiario promedio de SSI recibe $533 mensual ($662 para menores con discapacidades). El beneficio promedio bajo el programa q aplica en Puerto Rico es $77 mensual. 

“No puede haber justificación alguna para que a Puerto Rico, Islas Vírgenes y Guam se les discrimine. Ya de por sí, las familias con niños y adultos con discapacidades hacen mil malabares para poder  pagar terapias, tratamientos y lograr ingreso familiar. El SSI es la ayuda económica que necesitan para poder al menos vivir sin miedo a perder su casa o tener seguridad alimentaria”, sostuvo González. 

“Nuestras familias no pueden ser menos que las que viven en los estados u otros territorios. El hecho de que alguien viva en un estado y este 30 días en Puerto Rico también es causa para perder su beneficio. Por eso radiqué legislación bipartidista en el Congreso y lo volveré hacer en enero. Hoy lo hago también en el tribunal federal. Pongo mi acción donde puse mi palabra”, afirmó.


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