El UCC planteó ante Swain que la emisión de Bonos de Obligaciones de Pensiones es nula porque la Administración de los Sistemas de Retiro no tenía autoridad. (Suministrada) (semisquare-x3)
El UCC planteó ante Swain que la emisión de Bonos de Obligaciones de Pensiones es nula porque la Administración de los Sistemas de Retiro no tenía autoridad. (Suministrada)

El Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) ha regresado ante la jueza Laura Taylor Swain con otro alegato de nulidad: los Bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs, en inglés).

Justo cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el gobierno y ciertos bonistas de POBs han suscrito una estipulación para dar orden a un nuevo reclamo de los bonistas de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), el UCC planteó a la jueza Swain que la controversial emisión de $3,100 millones realizada bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá es nula porque la ASR nunca tuvo autoridad en ley para ir a los mercados de capital por sí sola.

En un reclamo de 55 páginas, al que se anejaron todos los documentos vinculados con la emisión de POBs, el UCC alegó ante Swain que el gobierno no tiene por qué honrar los bonos pagaderos con las aportaciones patronales al plan de pensiones, pues incluso, la Legislatura de Puerto Rico admitió en un estatuto posterior que la transacción se efectuó “ilegalmente”.

Una entidad gubernamental como la (ASR) no tiene poder inherente para emitir bonos al público, y cualquier poder de ese tipo debe otorgarse expresamente mediante ley”, alegó el abogado del UCC, Luc A. Despins, del bufete Paul Hastings.

El planteamiento del UCC se suma al que el grupo de acreedores radicó junto a la JSF para anular unos $6,000 millones en Obligaciones Generales (GOs), emitidos entre 2012 y 2014. Asimismo, el UCC ha cuestionado la validez de otros $4,000 millones en bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) porque el programa de alquiler de propiedades que gestiona esa corporación pública sería un artificio.

El recurso incoado por el UCC fue complementado por una segunda moción, en la que el grupo creado por el Síndico de Estados Unidos para negociar en los casos de Título III también pidió anular los bonos de POBs en mano de la familia de fondos de Oaktree Capital.

El planteamiento del UCC no es nuevo.

Durante la administración de Luis Fortuño, la ASR contrató a la firma Conway MacKenzie para analizar los POBs. Entonces, se concluyó que la ASR consumó la transacción sin tener autoridad en ley para ello.

Los POBs se concibieron como una estrategia que daría dinero a la ASR ante la rápida erosión de sus activos. El plan que se vislumbró entonces consistía en tomar prestado para invertir ese dinero en el mercado de capital bajo la premisa de que el rendimiento de la inversión sería suficiente para inyectar capital al plan de pensiones y a su vez, pagar a los bonistas.

La estrategia contemplaba emitir unos $7,000 millones, pero se interrumpió cuando el gobierno de Fortuño determinó que la transacción no era conveniente para la ASR.

En principio, según el UCC, la estrategia -que en el mundo técnico se conoce como arbitraje- se llevaría a cabo con GOs, pero la iniciativa nunca pasó el cedazo de la Cámara de Representantes.

Los bonistas de POBs

El reclamo del UCC se produce luego que el Primer Circuito de Apelaciones, en Boston, revocó un fallo previo de Swain para dar la razón a los bonistas de la ASR.

En un pleito separado, Swain concluyó que al emitir los POBs, el gobierno no perfeccionó el gravamen, es decir, no estableció claramente que las aportaciones patronales serían la fuente de repago de los POBs porque se hacía referencia a una entidad con un nombre distinto a la ASR. El foro apelativo federal concluyó lo contrario.

El fallo del foro intermedio abrió la puerta para que los bonistas de la ASR acudieran al tribunal en un nuevo proceso adversativo bajo el Título III y solicitaran ser nombrados como síndicos del plan de pensiones. El proceso ha resultado en la firma de una estipulación entre la JSF y los bonistas de POBs para que las partes aclaren cómo se atenderá esa controversia.

La Junta y la Corte Suprema

Ayer, la controversia con los POBs tomó otro giro cuando el organismo federal dijo en corte abierta que recurrirá a la Corte Suprema de Estados Unidos para que revise la decisión de Primer Circuito de Apelaciones y que tuvo el efecto de reconocer a los bonistas de la ASR como acreedores asegurados.

Ayer, en la audiencia general de marzo, el abogado principal de laJSF, Martin Bienenstock, dijo a Swain que llevarán el reclamo en torno a los POBs al alto foro federal al tiempo que reiteró el pedido de certiorari que se radicaría en el caso de la nulidad de la JSF.

Bienenstock sostuvo que la JSF también buscará defenderse del proceso apelativo relacionado con el presupuesto del gobierno, y dijo que el ente federal se propone radicar el plan de ajuste del gobierno en abril.

Ayer, la JSF atenuó las declaraciones que el abogado hizo en corte, al indicar a este diario que su intención es radicar el plan de ajuste tan pronto como sea posible y que, para ello, continúa en conversaciones con acreedores. El objetivo, sostuvo la JSF, es que pueda confirmarse un plan de ajuste del gobierno central antes que termine el 2019.

La postura de los GOs

Sin embargo, los planes de la JSF no parecen coincidir con ciertos acreedores de GOs.

Ayer, durante la audiencia general, Mark T. Stancil, del bufete Robins Russell y abogado principal de ciertos bonistas de GOs, indicó que la decisión de la JSF de cuestionar parte de la deuda de esos bonos, solo traerá más disputas, que costarán a Puerto Rico entre $100 millones y $200 millones más en honorarios de abogados.

La JSF tiene herramientas, pero ha abdicado (en su rol)”, dijo Stancil, al agregar que la JSF ha sido incapaz de asegurar el cumplimiento de las reformas contenidas en el plan fiscal, lo que incluye la derogación de la Ley 80 sobre despido injustificado.


💬Ver 0 comentarios