(semisquare-x3)
Los senadores Vargas Vidot y Romero. (GFR Media)

El Departamento del Trabajo yRecursos Humanos (DTRH) condicionó esta mañana su apoyo a un proyecto de ley de los senadores Miguel Romero y José Vargas Vidot que enmienda una serie de leyes para prohibir el discrimen por razón de ser exconvicto. 

La medida, sin embargo, también establece las instancias en que un patrono podrá indagar el historial delictivo de aspirante a empleo o discriminar por tal condición.

Se trata del Proyecto del Senado 992, atendido en la Comisión de Gobierno del Senado, que preside Romero. Una versión un poco más ambiciosa de la medida había sido radicada por Vargas Vidot en marzo de 2017, pero fue retirada por su autor.

“Estos estigmas invitan a que una persona no pueda reinsertarse en el ámbito laboral y se convierten en una invitación o un camino obligado para delinquir de nuevo”, dijo Romero, quien anunció que radicó nuevamente un proyecto vetado por el gobernador Ricardo Rosselló a finales de enero que restituye las bonificaciones por buena conducta y asiduidad a convictos bajo los Códigos Penales de 2004 y 2012.

Vargas Vidot defendió en un turno de cinco minutos previo al inicio de la vista el proyecto 992.

“La dignidad del hombre y las mujeres inviolable y todos los hombres son iguales ante la ley, por lo que el establecimiento de un discrimen establece una nefasta justificación para la implantación y consolidación de un prejuicio”, dijo Vargas Vidot. “Cumplen con la sociedad que les impuso un castigo, pagan el precio que eso implica en la reparación de agravios y luego de culminado el proceso, que se garantiza como restaurativo, tiene que salir a cumplir una condena social, la cárcel del prejuicio y el discrimen”.

En una ponencia firmada por el titular del DTRH, Carlos Saavedra, hace alusión a cómo la medida prohíbe que un empleador solicite un certificado de antecedentes penales al momento de realizar una oferta condicional de empleo y que no podrá inquirir historial delictivo alguno “que no aparezca detallado” en el certificado de antecedentes penales. El texto del proyecto se refiere a bases de datos alternas como redes sociales y récords de la Rama Judicial.

La medida, sin embargo, abre la puerta a que un empleador rechace a un solicitante si se encuentra que la convicción se relaciona con los deberes del cargo, entre otros factores como la naturaleza “y severidad” de la ofensa y una cláusula descrita por la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) como un criterio “tan amplio” que lee:  “el interés legítimo del patrono en proteger la propiedad, la seguridad y bienestar propio, de terceros o el público en general”.

Por un lado, el DTRH, que sólo envió un memorial a la Comisión de Gobierno, favorece el lenguaje citado e insistió en que se incluyera un inciso donde se indique que se le dará “deferencia” a la decisión del patrono. La agencia agregó que las protecciones constitucionales y estatutarias contra el discrimen laboral por convicciones criminales no es ilimitada y así se consigna en un caso del Tribunal Supremo decidido en el 2005.

El DTRH, sin embargo, levantó bandera ya que el proyecto establece que el potencial patrono no podrá inquirir sobre el historial delictivo que no aparezca en el certificado de antecedentes penales a menos que se relacione directamente con el empleo.

“¿Cómo un patrono podrá determinar si una condena previa no aparece en el certificado de antecedentes penales está relacionada con el empleo?”, se cuestionó en la ponencia. De hecho, el proyecto reduce el tiempo de espera para “limpiar” el récord de seis meses a 30 días en delitos menos graves y de cinco años a uno en delitos graves.

El proyecto enmienda también la Ley de Discrimen en el Empleo (Ley 100-1959) para incluir la prohibición de exconvicto, pero el DTRH recomienda que se aclare el lenguaje para establecer que la persona puede ser despedida si reincide en su conducta criminal.

La medida también enmienda la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico para igualmente prohibir el discrimen por ser exconvicto. Sin embargo, el DTRH advirtió que el texto del Proyecto del Senado 992 choca con dicha ley en que se establece será inelegible para empleo en el gobierno -aunque establece los pasos para solicitar ser habilitado- toda persona que haya incurrido en “conducta deshonrosa, adictos por su habitual o excesivo de sustancias controladas y/o bebidas alcohólicas, haya sido convicto por delito grave o cualquier delito que implique depravación moral o haya sido destituido del servicio público”.

La ley establece, además, prohibiciones de contratación por entre ocho años y de por vida para una larga lista de delitos.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación favorece la medida.

“No podemos exponer a los exconfinados a una doble condena, la primera extinguida dentro del sistema correccional y una segunda impuesta por la sociedad y sus estigmas creando una situación de segunda condena impuesta por la sociedad al ser discriminado por haber estado recluido en el sistema penitenciario”, dijo Edwin Carreras Rivera, asesor legal del secretario Erik Rolón.

El deponente, quien leyó su escrito ante Romero, Vargas Vidot y el popular Miguel Pereira, sostuvo que el gobernador de Michigan, Rick Snyder, firmó una orden ejecutiva en que prohíbe que en las solicitudes de empleo de dependencias gubernamentales se incluya un encasillado en que se tenga que revelar si la persona ha sido convicta de un delito.

Carreras Rivera alertó a los senadores que en las solicitudes de empleo del gobierno se insta a algunos aspirantes a empleo a mentir ya que se incluye un encasillado en que se tiene que revelar si la persona ha recibido algún indulto.

“Si dice que sí, se le pregunta de qué ha sido indultado. Eso puede representar un bochorno si se trata de un asesinato, una violación y es bien difícil que una solicitud de empleo así sea evaluada seriamente cuando el efecto de un indulto es que el delito nunca ocurrió”, dijo Carreras Rivera.

El letrado también advirtió que, si bien un expediente delictivo puede aparecer limpio, en los sistemas de la Administración de Tribunal se pueden hacer búsquedas del historial delictivo del candidato. Igualmente, si se acusó inicialmente por un delito grave y se reclasificó a menos grave, planteó que estos cambios no siempre se reflejan en los sistemas de la rama judicial.

La Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) también condiciona su apoyo a la medida. Por ejemplo, se expresan en contra de que un individuo convicto por delitos sexuales violentos, abuso de menores, corrupción, violencia doméstica y asesinato no puedan borrar de su expediente estas convicciones al sostener que la Constitución no hace diferenciaciones al defender el derecho a la rehabilitación moral y social.

“En reiteradas ocasiones la SAL se ha manifestado en contra los registros de personas convictas, por entender que estos suponen un castigo adicional a la pena impuesta. Estos registros legitiman la estigmatización y la marginación a la que suelen exponerse los convictos una vez cumplen sentencia y se reintegran a la sociedad”, lee una ponencia firmada por el director ejecutivo Félix Vélez Alejandro, la directora de Asuntos Especiales y Remedios Post Convicción, Yahaira Colón Rodríguez y la estudiante de Derecho Adriana Malavé Medina.

Un planteamiento similar al de la SAL fue esbozado en la vista pública por la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

La SAL también objeta algunas de las instancias en que un patrono podrá descalificar a un aspirante a empleo al describirlas como subjetivas. Sí favorece dos: si la convicción se relaciona directamente con los deberes y responsabilidades de la posición de empleo y si la posición ofrecer la oportunidad para que el delito vuelva ocurrir.


💬Ver 0 comentarios