Fachada de la iglesia localizada en Torrimar. (GFR Media) (semisquare-x3)
Fachada de la iglesia localizada en Torrimar. (GFR Media)

El inicio de una construcción de salones parroquiales en la iglesia María Madre de la Misericordia, en Guaynabo, se paralizó ante el embargo de las cuentas de la Iglesia católica por una orden del Tribunal de Primera Instancia de San Juan como parte de la demanda presentada por un grupo de maestro jubilados que reclaman sus pensiones.

El monseñor Leonardo Rodríguez, sacerdote de la parroquia, informó que la semana pasada cerca de $500,000, de tres cuentas distintas, fueron congelados por la decisión judicial.

“En una cuenta ordinaria tenemos unos $250,000 que hemos recolectado por 10 años para la construcción de unos salones que necesitamos para nuestras actividades religiosas, catequéticas, caritativas y sociales. En otra tenemos unos $180,000, que incluye el seguro para costear los arreglos por los daños causados por el huracán María ($50,000) y para obras de caridad. En la cuenta de catequesis, tenemos unos $3,000 a $5,000 para los costos de agua y luz”, contó Rodríguez a endi.com.

“No podemos hacer nada ni pagarles a nuestros empleados. El de mantenimiento me dijo que no le cambiaron el cheque ayer (lunes). Si nos hubieran dejado una sin congelar, pero nada”, agregó.

La parroquia María Madre de la Misericordia cuenta con tres empleados. Paga unos $1,300 en energía eléctrica; y entre $300 y $400 en servicios de agua potable.

La administración del templo se encontraba en proceso de realizar un contrato con un contratista, de siete consultados, para comenzar en septiembre la construcción de un edificio de dos pisos con cuatro salones.

“Tantos años de esfuerzo y ahora se queda así en el aire. Lo más crítico es la catequesis porque nos impide comprar lo necesario para la semana que viene. Es algo inesperable. No tenemos nada que ver con el pleito y todas las parroquias se perjudican. No está bien”, indicó Rodríguez.

La controversia legal de los maestros retirados comenzó a mediados de 2016, cuando se determinó la clausura del Fideicomiso del Plan de Pensiones de las Escuelas Católicas.

El problema, según Frank Zorrilla, abogado del Fideicomiso, es que el sistema de pensiones se estaba quedando sin dinero y no había con qué pagarles a los maestros jubilados.

El 23 de agosto, el arzobispo Roberto González Nieves reveló que el tribunal sacó de las cuentas asociadas a las iglesias o la arquidiócesis alrededor de un $1 millón y que unas 75 personas no cobrarían en la Arquidiócesis.

El martes, las autoridades de la Iglesia católica sometieron un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para detener el embargo de sus cuentas.


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