La JSF debe presentar a la jueza Swain un plan de ajuste para reestructurar la deuda de Cofina no más tarde del 15 de octubre próximo. (GFR Media) (semisquare-x3)
La JSF debe presentar a la jueza Swain un plan de ajuste para reestructurar la deuda de Cofina no más tarde del 15 de octubre próximo. (GFR Media)

El acuerdo de respaldo a la reestructuración (PSA, en inglés) que ha suscrito la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) con varios bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), las aseguradoras municipales que garantizan parte de esa deuda e incluso con varios bonistas de Obligaciones Generales (GOs) les costará a los contribuyentes unos $332.7 millones, según el pacto que se enmendó la semana pasada.

Según el acuerdo enmendado, de unas 109 páginas, el gobierno de Puerto Rico pagará, en esencia, a todas las partes que han intervenido en la disputa sobre la pertenencia del Impuesto a la Venta y Uso (IVU), incluyendo varios fondos de inversión de cobertura de riesgo que han cuestionado la constitucionalidad de la ley federal Promesa, que aseguraban que la deuda de Cofina era ilegal y que propiciaron que el gobierno haya invertido millones de dólares en su defensa, incluso antes del comienzo de los procesos de Título III bajo Promesa.

Entre la veintena de fondos que recibirán compensación del gobierno figuran Aristeia Capital, Aurelius Capital Master, Six PRC, la familia de fondos Decagon Holdings, los fondos que administran UBS Financial Services of Puerto Rico y Santander Asset Management, así como Whitebox Advisors y el institucional Oppenheimer Funds.

De acuerdo con el PSA enmendado, la JSF y la Aafaf aceptaron pagar a estas firmas, al igual que a los inversionistas principales y subordinados de Cofina y las aseguradoras bajo una categoría identificada como “Costos de Consumación del PSA”.

La lista de entidades que recibirán “los costos de consumación” con el acuerdo de Cofina y detallados en el PSA, no incluye individuos. En Puerto Rico, uno de los bonos más frecuentes en manos de individuos son de Cofina.

Los $332.7 millones en pagos en efectivo a estas entidades se cubrirían del dinero que los consumidores pagaron al fisco por concepto de IVU y que se transfirió a una cuenta de reserva para pagar los bonos de Cofina antes del pasado 1 de julio. La cantidad que, hasta esa fecha, había en dicha cuenta bajo la custodia de Bank of New York Mellon rondaba $1,200 millones.

Sin embargo, el documento establece que los pagos de compensación que recibirían Aurelius y Six PRC, pertenecientes a Monarch Alternative Capital, serán “pagaderos” por el gobierno central.

Cese a la batalla legal

Los pagos se efectuarán en función de una fórmula porcentual y siempre que estas entidades no objeten el plan de ajuste de Cofina en corte. De esta manera, fondos como Lex Claims y aseguradores como Ambac Assurance y National Public Finance Guarantee tendrían que desistir de ciertos pleitos relacionados con Cofina.

La semana pasada, en declaraciones separadas, la JSF y la Aafaf anunciaron las enmiendas al PSA, inicialmente firmado el pasado 29 de agosto. Se destacó entonces que ciertos bonistas de GOs suscribieron el acuerdo, cuyos frutos emanan del proceso de mediación ordenado por la jueza Laura Taylor Swain.

Sin embargo, ninguna de las dos entidades informó el costo del PSA que sería separado del pago eventual que haga el gobierno al reestructurar la deuda de Cofina.

Habrá que legislar

De acuerdo con el PSA enmendado, para reestructurar la deuda de Cofina, la JSF debe presentar un plan de ajuste a Swain no más tarde del 15 de octubre próximo. Dicho plan, a su vez, debe aprobarse no más tarde de marzo de 2019 o el PSA podría quedar sin efecto.

Para reestructurar la deuda de Cofina, se contempla que esa entidad se divida con el gobierno central, casi a partes iguales, la porción del IVU comprometida para el pago de la deuda.

Entre otras cosas, el PSA requiere enmendar la ley que creó el IVU y Cofina para establecer que al intercambiar su acreencia, los nuevos bonos de Cofina se regirán por las leyes de Nueva York, no tendrán derecho de aceleración y la porción del IVU perteneciente a Cofina no será parte de “los recursos disponibles” del gobierno central. El banco que custodiaría los recaudos del IVU para Cofina estaría ubicado fuera de Puerto Rico, dice el PSA.

Además, la legislación requerirá que se cree una nueva junta de directores independiente para Cofina, cuyos integrantes podrán ser sugeridos al gobernador por los bonistas y aseguradores municipales.


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