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William Villafañe, secretario de la Gobernación, dijo que la AEE no ha informado a La Fortaleza sobre las negociaciones con Energy Answers. (GFR Media)

El contrato de compra de energía entre Energy Answers y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) venció el pasado 3 de diciembre, por lo que la incineradora de basura para generar electricidad que la empresa propone para Arecibo está en el limbo.

La propia AEE, por voz de su director interino de Planificación y Protección Ambiental, Efran Paredes, confirmó a El Nuevo Día que el acuerdo ya no está en efecto, tras cumplirse el término de siete años dado a Energy Answers para que su planta iniciara operaciones. En otras palabras, la empresa no estaba lista para empezar a procesar las 2,100 toneladas de basura al día que ha prometido.

Paredes informó, además, que las partes están en un proceso de negociación “que no ha culminado, y esas negociaciones son confidenciales”. Fue imposible precisar, por lo tanto, si Energy Answers busca una prórroga o un nuevo contrato.

Pero lo que sí está claro es que las negociaciones tienen lugar en momentos en que un cambio administrativo en la AEE es inminente.

Se espera que el gobernador Ricardo Rosselló designe próximamente al nuevo director ejecutivo de la corporación pública y que cambie la composición de su Junta de Gobierno. Esto último, lo haría en virtud de la “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”, firmada el pasado lunes, que faculta a Rosselló a remover a los miembros de las juntas directivas de las corporaciones públicas para colocar personas afines a su política pública.

Las negociaciones también se dan en el marco de la emergencia en cuanto a la infraestructura, decretada el 2 de enero por Rosselló, mediante la orden ejecutiva 2017-003.

En esa orden, que activa un proceso expedito de evaluación de proyectos al amparo de la Ley 76-2000, se mencionan las instalaciones de “waste to energy” como algunas de las que podrían desarrollarse para la producción de energía y el manejo de desperdicios sólidos.

Cuestionado sobre el “timing” de las negociaciones y la inminencia de un cambio administrativo en la AEE, Paredes respondió que “este es un contrato de compra de energía y, como todo contrato, tiene que cumplir con las leyes, reglamentos y política pública vigente”.

Ayer, el secretario de la Gobernación, William Villafañe, indicó que la AEE no ha informado a La Fortaleza sobre las negociaciones.

En tanto, Mark J. Green, gerente de proyecto de Energy Answers, negó que el contrato de compra de energía esté vencido.

Disposiciones

El contrato entre Energy Answers y la AEE se firmó el 4 de diciembre de 2009. Estamparon su firma el entonces director ejecutivo de la corporación pública, Miguel Cordero, y el presidente de Energy Answers, Patrick Mahoney.

El contrato, en principio, sería a 30 años. No obstante, la cláusula 16.1 establece que la AEE podía darlo por terminado si, al cabo de 60 meses (cinco años) desde la fecha de inicio, Energy Answers no iniciaba operaciones. La AEE podía extender ese plazo hasta dos años adicionales si la tardanza de la empresa se debía a que tenía permisos pendientes o asuntos legales que lo impidieran.

Cumplidos esos 84 meses o siete años, el contrato quedaba cancelado.

“Su vencimiento ocurrió porque llegó su fecha de culminación, que fue el 3 de diciembre de 2016”, reiteró Paredes.

En opinión del abogado ambiental Pedro Saadé, quien representa a los grupos y comunidades que se oponen a la incineradora, el vencimiento del contrato “refuta” alegaciones hechas en noviembre pasado por Energy Answers de que ya había conseguido una segunda prórroga. La empresa habría dicho esto durante una vista administrativa abierta al público, celebrada por la Junta de Planificación (JP) por dictamen del tribunal para atender la impugnación de la consulta de ubicación de la planta.

“La realidad es que ya Energy Answers no cuenta con un contrato que obligue a la AEE a comprarle electricidad. No hay tal prórroga. El contrato terminó”, aseveró Saadé.

De paso, dijo que la AEE “no debe otorgarle ningún otro contrato” a Energy Answers, pues la corporación pública tiene suficiente capacidad instalada y la demanda energética ha mermado. Según datos del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico, la demanda energética bajó 16.4% entre 2006 y 2015, lo que se debe, en parte, al declive poblacional de 6.8% (250,000 personas) del 2010 al presente.

“La AEE ni siquiera ingresó la generación de electricidad de Energy Answers en los cómputos de su Plan Integrado de Recursos (PIR). No sé para qué están negociando entonces, si eso no está incluido ahí”, dijo el abogado ambiental, en referencia al documento, aprobado en octubre por la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR), que detalla los proyectos de infraestructura que la corporación pública deberá ejecutar en los próximos cinco años.

“Aquí hay otro ‘issue’ innegable, y es que a la AEE le sobra capacidad de producción de energía. Entonces, ¿qué justificación puede haber para otorgar un contrato que aporta tan poco?”, cuestionó.

El contrato que venció en diciembre precisaba que Energy Answers generaría 66 megavatios de electricidad, de los cuales 58 serían vendidos a la AEE. Esas cifras distan de las informadas por la empresa al presentar su proyecto, cuando informó que la generación sería de 80 megavatios. También son distintas a las que reportó el Servicio de Utilidades Rurales del Departamento de Agricultura Federal (USDA-RUS, en inglés) en su convocatoria para vistas públicas sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que les presentó Energy Answers. En ese documento público, disponible en internet, se indica que la planta generaría 77 megavatios.

Asuntos pendientes

La tardanza de Energy Answers en iniciar operaciones se debe a los asuntos que aún tiene pendiente ante diversas agencias estatales y federales, y el USDA-RUS es una de ellas.

La empresa tiene la intención de solicitarle un préstamo al USDA-RUS para financiar la incineradora, cuya construcción está estimada en $750 millones. Originalmente, Energy Answers había indicado que la planta se construiría con capital privado, y luego notificó su intención de pedir dinero prestado al gobierno federal. La aprobación de la DIA federal es requisito para someter la solicitud de financiamiento al USDA-RUS.

Una vez la empresa consiga el financiamiento, podría someter una solicitud de permiso de construcción ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

Otro asunto pendiente es la obtención de la franquicia de agua ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). La agencia denegó la solicitud de Energy Answers para extraer a diario 2.1 millones de galones de agua del caño Tiburones, y declaró no ha lugar una posterior impugnación. La empresa, que usaría el agua para enfriamiento y otros procesos, llevó el caso al Tribunal de Apelaciones y aún no se ha resuelto.

Tampoco se ha completado la revisión del mapa de tasas de seguro por inundación ante la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés). La zona donde ubicaría la planta, en Cambalache, es inundable y su construcción impactaría el cauce mayor del río Grande de Arecibo. FEMA debe determinar si la construcción cumple con los requisitos mínimos del seguro de inundación.

Energy Answers tiene aprobados la DIA estatal, la consulta de ubicación (impugnada por los detractores del proyecto), el permiso de aire estatal y federal, y el permiso para construir una instalación para procesar desperdicios sólidos no peligrosos. También consiguió un acuerdo que obligaría a los municipios a disponer su basura en la incineradora, pero los alcaldes han advertido que lo retarán en los tribunales.

Otra versión

Green, quien no estuvo disponible para entrevista “debido a limitaciones de tiempo”, indicó por escrito que los términos del contrato entre Energy Answers y la AEE, “como es el caso de todos los proyectos renovables”, permiten su extensión bajo ciertas “circunstancias específicas”.

“Por lo tanto, (el contrato) permanece vigente”, dijo sin abundar en esas circunstancias.

Green añadió que el proyecto “se sigue trabajando estrechamente” con la AEE en virtud del contrato, y “sigue siendo un componente” dentro de los planes de energía renovable de la corporación pública.

“Por último, el proyecto sigue ofreciendo el precio más bajo de energía renovable a la AEE entre todas las instalaciones de la utilidad”, sostuvo el empresario. Energy Answers ha informado que le vendería electricidad a la AEE a razón de 12 centavos por kilovatio-hora, unos seis centavos menos que el costo actual.

La periodista Laura N. Pérez Sánchez colaboró en esta historia.


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