Erik Rolón, secretario de Corrección. (GFR Media) (semisquare-x3)
Erik Rolón, secretario de Corrección. (GFR Media)

El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Erik Rolón, llegó hoy a un acuerdo con la compañía Correctional Health Services Corporation (CHSC), la cual administró hasta ayer la cubierta médica de los confinados, para continuar utilizando su sistema de récord médico electrónico y no afectar así los servicios a esta población penal.

Rolón, quien llegó el viernes de un viaje oficial en Mississippi, reconoció que se trata de “un servicio esencial para nosotros”.

La compañía cesó ayer de brindar sus servicios al DCR, debido al vencimiento de su contrato. Sin embargo, la empresa a la cual se le adjudicó el contrato nuevo, Physician HMO, necesita un sistema médico electrónico para completar la transición, por lo cual el secretario intervino hoy a esos efectos.

Las farmacias en las instituciones penales estaban impedidas de despachar medicamentos hasta hoy al mediodía por la falta de licencia de la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (Saraf), corroboró El Nuevo Día.

Rolón explicó que el DCR firmó el contrato con Physician en la tarde del viernes, por lo cual la compañía estaba impedida de poner las licencias a su nombre, mientras la empresa saliente retiró todas sus licencias al momento que venció su contrato.

El secretario de Salud, Rafael Rodríguez, autorizó el sábado, en reunión con Rolón y el secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, una licencia provisional de 30 días para farmacia y hospitales, a nombre de la compañía nueva.

Rolón opinó que la transición ha sido todo menos cooperadora, por lo cual le ordenó a sus abogados investigar si la compañía saliente incumplió con su deber contractual.

“En caso de que hubiese algún cambio de proveedor de servicios, ellos tenían la obligación de cooperar por un período de hasta seis meses. Hubiésemos esperado que ellos hubiesen mantenido esas licencias al día durante ese período de seis meses(…). Vamos a estar determinando si hubo o no algún incumplimiento con el periodo de transición, que se hubiera esperado, pero eso va a estar en manos de los abogados”, expresó Rolón.

La cláusula 8.8 del contrato de CHSC establece que la empresa debe mantener sus sistemas información, según le sea solicitado por el DCR por un período no mayor de seis meses, pero sujeto a la negociación de términos y condiciones entre las partes, incluyendo costo.

El presidente de CHSC, Manuel Quilichini, le dio la bienvenida a cualquier investigación, pues expresó que “va a quedar claramente demostrado que Correctional dio el 100% de la información y más, y que el período de la transición era tan corto, que esto se sabía que iba a pasar”. 

Además, señaló que le informaron a Physician que tenía que cambiar las licencias de Saraf, pero observó que el tiempo provisto para la transición fue demasiado corto.  “La licencia no se puede quedar a nombre de Correctional porque Correctional no tiene ninguna responsabilidad sobre el sistema. Es como si yo me hiciera cargo de ser responsable por los medicamentos que otro va a repartir, que yo no superviso ni veo. Esa posición del secretario es contraria a derecho”, sostuvo el abogado.


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