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El gobernador Ricardo Rosselló. (André Kang)

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares admitió que la demanda que presentó contra la Junta deSupervisión Fiscal (JSF) podría implicar un gasto significativo en servicios legales, pero alegó que se trata de la defensa de las prerrogativas del gobierno electo de Puerto Rico.

El gobernador no presagió en detalle a cuánto ascendería el gasto por el pleito que fue presentado ante la jueza Laura Taylor Swain y que pide una sentencia que deslinde los poderes del gobierno estatal y el organismo que, por disposición de la Ley Promesa, controla las finanzas del gobierno.

No obstante, recordó que, bajo el estado de derecho actual, el gobierno paga no solo por sus abogados, sino que costea los de la JSF y los de los bonistas que, de algún modo, busquen inmiscuirse en la controversia.

“Puede ser decenas de millones al mes… Sí, (la demanda) tiene consecuencias en la liquidez del gobierno”, admitió el gobernador sobre el impacto económico que tendría el nuevo pleito.

En distintas versiones del presupuesto del año fiscal que comenzó a inicios de este mes, se separaban sobre $250 millones en gastos legales asociados a los pleitos de bancarrota bajo el Título III de la Ley Promesa. Esta es la parte del estatuto federal que establece un proceso de ajuste de deudas presidido por el Tribunal Federal.

La demanda surge luego de las diferencias entre el gobernador, la Junta y la Legislatura en el tema del presupuesto. El gobernador ha anticipado que estaría poniendo en vigor el desglose de ingresos y gastos aprobado por la Legislatura, dejando en el aire las partidas certificadas por el organismo federal.

La decisión la tomó a pesar de la negativa legislativa de derogar la Ley sobre Despido Injustificado (Ley 80), acción que servía de base para un acuerdo presupuestario entre el organismo fiscal y la administración de Rosselló Nevares.

El mandatario, en una conferencia de prensa en Bayamón sobre el estado de las carreteras en Puerto Rico, indicó que el presupuesto aprobado por la Junta tiene disposiciones que entran en materia de política pública, asunto que está reservado a los funcionarios electos de Puerto Rico.


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