(horizontal-x3)
La abogada Adi G. Martínez; el presidente de la Red de Fundaciones, Rafael Cortés Dapena; la directora ejecutiva de la red, Janice Petrovic; y la decana de la Escuela de Derecho de la UPR, Vivian Neptune, detallaron la ayuda que proveerán. (Ramón “Tonito” Zayas)

Hace cuatro años, Marilyn Pérez se mudó junto a su esposo, José Miguel Rivera, a la casa de su cuñada localizada en el barrio Franquez, en Morovis, para estar cerca de su suegra, que vive sola.

El 20 de septiembre, a raíz del paso del huracán María, la pareja perdió el techo de zinc del hogar debido a los fuertes vientos. Desde entonces, han reclamado las ayudas disponibles a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que le ha denegado la solicitud en dos ocasiones.

“Estábamos dialogando si hacíamos una carta suplicándoles a los de FEMA, porque ya estamos en la temporada de huracanes otra vez y nosotros estamos prácticamente sin techo”, relató ayer, desesperada, la mujer.

Pérez relató que la primera solicitud se la denegaron por no ser los propietarios de la residencia, a pesar de que llevaron como evidencia los recibos de agua y luz a su nombre. En la segunda ocasión, presentaron un estimado de los daños hecho por un contratista. La respuesta fue la misma.

Pocos días después del paso del fenómeno atmosférico y con la ayuda de los vecinos, lograron recoger algunas planchas de zinc, las enderezaron y ubicaron. Sobre ellas colocaron el toldo azul para evitar que entrara el agua. “Es una combinación de sentimientos. Me pongo un poco triste, porque esto es bien horrible y uno ve la injusticia”, dijo Pérez, quien perdió su trabajo en un vivero de plantas que cerró tras el huracán.

La historia de esta pareja se repite en todo el país. A ocho meses del huracán, FEMA ha denegado 80,000 solicitudes de ayuda por no tener títulos de propiedad (ownership not verified), según datos provistos por la directora ejecutiva de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ), Adi G. Martínez.

“Es una situación histórica relacionada con la pobreza. Ha sido un problema en Puerto Rico por los altos costos de terminar estos procesos”, dijo Martínez.

Un proyecto financiado por la Red de Fundaciones de Puerto Rico, Ford Foundation y el Center for Disaster Philanthropy (CDO), con un costo de $300,000, confía darles una oportunidad a familias como la de Marilyn y Miguel.

Con la integración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y de la FFAJ, este grupo de colaboradores otorgará -en una primera fase- asistencia legal y notarial a 1,600 personas de escasos recursos para que puedan obtener el título de propiedad necesario para acceder a la ayuda federal disponible.

“En ese Puerto Rico que queremos transformar, el tema de titularidad tiene que ser atendido. Mucha gente pobre no tiene ese título y esto tiene un impacto social y económico enorme”, sostuvo Rafael Cortés Dapena, presidente de la Red de Fundaciones de Puerto Rico.

Gracias a la subvención de estas fundaciones aliadas, se desplegará un equipo de voluntarios de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho y 40 notarios que van a proveer esa labor de forma gratuita.

“Lo que se pueda resolver conun documento notarial, una declaratoria de herederos o una declaración jurada... gratuitamente se puede hacer”, dijo Vivian Neptune, decana de la Escuela de Derecho de la UPR.

Neptune explicó que la idea es ir casa por casa e impactar los 78 municipios dentro de un período de ocho semanas. De forma paralela, dijo, se va a realizar una investigación sobre los hallazgos que estará encabezada por la profesora Érika Fontánez, experta en Derecho de Propiedad y trabajo comunitario.

“No solo es atender lo inmediato, es también la investigación a largo plazo para empezar a esbozar una solución más permanente”, sostuvo Neptune.

Janice Petrovich, directora de la Red de Fundaciones de Puerto Rico, resaltó el nivel de vulnerabilidad en la que esta situación ha colocado a miles de familias pobres. “Muchas veces la casa es el activo más importante que tienen los pobres y si no se consigue el dinero para reconstruirla, pierden ese techo”, expresó.

Aunque inicialmente la urgencia es ayudar a las personas que no poseen el título de propiedad para solicitar la ayuda de FEMA -que tiene como fecha límite el próximo 19 de junio-, en una siguiente fase esperan atender aquellos casos más complicados, así como aquellos en donde la reubicación es necesaria.

“Esto es un primer paso y es importante el junte de fundaciones. Este país se va a echar para adelante a base de alianzas y eso es lo que nosotros estamos promoviendo”, expresó Cortés Dapena.


💬Ver 0 comentarios