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(GFR Media)

La falta de datos confiables, la ausencia de un sistema de vigilancia sobre el uso y abuso de sustancias controladas, y las diferencias en los patrones de comportamiento en comparación con Estados Unidos hacen dudar a los expertos sobre si en Puerto Rico se experimenta una crisis de adicción a los opioides.

Sin embargo, cifras recopiladas por varias agencias de gobierno generan preocupación, pues en los pasados años se han reportado aumentos en las muertes asociadas al uso de opioides y en los casos de envenenamiento.

“Estamos en nivel de alerta de sobredosis de opiáceos en Puerto Rico”, confirmó la administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), Suzanne Roig Fuertes.

En el 2015, el entonces Instituto de Ciencias Forenses (ICF) reportó 72 muertes por intoxicación con opioides, así como otros 36 envenenamientos no específicos, sospechosos de estar relacionadas a estos narcóticos usualmente recetados para reducir el dolor, especialmente tras una lesión grave o una cirugía.

Al año siguiente, se registraron 58 fatalidades asociadas a esta sustancia y 21 intoxicaciones sospechosas a opioides. Mientras, en el 2017 murieron 45 personas por envenenamientos relacionados y se reportaron 33 intoxicaciones, también posiblemente vinculadas a estas drogas.

Por su parte, en el 2017, el Negociado de Emergencias Médicas también reportó 612 intervenciones con sobredosis por opioides, mientras que el Registro Demográfico certificó 118 muertes por intoxicación a medicamentos, aunque no se detalló cuantos están relacionados a estos narcóticos.

El año pasado, Ciencias Forenses reportó 13 fatalidades por intoxicación con opioides y tres intoxicaciones no específicas. Además, el Cuerpo de Emergencias Médicas reportó 598 intervenciones por sobredosis con opioides.

Y en los primeros tres meses de este año se registraron 96 intervenciones con sobredosis, que aunque representan 70 menos que las reportadas el año pasado para la misma fecha (166), solo incluyen los casos auxiliados por el sistema de ambulancias del Cuerpo de Emergencias Médicas, advirtió Roig Fuertes.

Las cifras han sembrado consternación entre el gobierno, profesionales y expertos en adicciones. En agosto de 2017, el gobernador Ricardo Rosselló firmó una orden ejecutiva para establecer un grupo de trabajo interagencial de prevención de muertes por sobredosis de opioides en Puerto Rico.

Roig Fuertes informó que, además del uso inadecuado de medicamentos, hay mucha preocupación por un narcótico de alta peligrosidad que ha levantado bandera roja.

“Los primeros casos de (sobredosis de) fentanilo fueron en el área oeste y, en menos de un año, vimos a Puerto Rico llenarse de fentanilo”, dijo la administradora de Assmca.

La funcionaria advirtió que, más allá de los riesgos que tiene el uso de este opioide sintético, prácticamente toda droga ilegal que circula en el país está mezclada con fentanilo. Además de la falta de controles de calidad en los laboratorios donde se fabrican estas drogas, Roig Fuertes alertó que el nivel de tolerancia a estos fuertes narcóticos varía de persona a persona.

“El que tiene una sobredosis de este tipo, si no se interviene rápido, muere”, resaltó.

Crisis emergente

Datos de la Asociación Nacional de Profesionales de la Adicción advierten que el 80% de los usuarios de drogas utilizaron medicamentos recetados previo a consumir drogas ilegales.

Según Roig Fuertes, la mayoría de las personas que caen presas a estos narcóticos están entre los 30 y 40 años, contrario a los Estados Unidos, donde el grueso son jóvenes entre los 20 y 30 años,

“En Estados Unidos hay una tendencia bien marcada hacia la metanfetamina (estimulante sumamente adictivo que afecta el sistema nervioso central), pero en Puerto Rico he visto solo un caso. Aquí estamos muy alerta a las benzodiacepinas (medicamento que se usa para aliviar la ansiedad y el insomnio). Nos hemos reunido con expertos para que nos analicen esto. Sabemos que el fentanilo está y viene mezclado (con otras drogas)”, dijo Roig Fuertes.

El doctor Juan Reyes Pulliza, catedrático de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR), informó en una reciente mesa redonda sobre el tema que datos de encuestas, como la Consulta Juvenil que anualmente realiza la Assmca, han registrado un aumento de estudiantes de escuelas públicas y privadas que admiten haber tomado pastillas no recetas en algún momento de sus vidas.

Agregó que una investigación entre la UPR y la Universidad de Nebraska ha revelado, preliminarmente, datos suficientes como para advertir que Puerto Rico parece estar viviendo una crisis de opioides, que es necesario un sistema de vigilancia de drogas y sobredosis y que el fentanilo está presente en comunidades rurales.

También, dijo, urge que haya una revisión de los programas de rehabilitación, y mayor acceso y disponibilidad de naloxona, un medicamento recetado que revierte una sobredosis de opioides.

“Esta es una crisis emergente en el país que estamos a tiempo de trabajar, pero es importante conocer la magnitud real y el acceso a servicios y estrategias de prevención”, dijo Idania Rodríguez, gerente de proyectos del Departamento de Salud.

Datos de la Encuesta Nacional sobre consumo de drogas y salud para el 2016-2018 sobre los usuarios de drogas apuntan a que, en su mayoría, se trata de hombres, beneficiarios de la Reforma de Salud, con una mediana de edad de 36 años. De estos, la mitad consume heroína y un analgésico recetado, el 40% usa analgésicos recetados, y 10% solo usa heroína.

“Veamos lo que realmente está ocasionando que cada vez más la población joven está entrando en el uso de sustancias y un agravamiento de la salud mental. Los determinantes sociales, por ahí tenemos que empezar”, dijo Astro Muñoz, director ejecutivo del Hospital Panamericano.

Iniciativas detenidas

Estados Unidos vivió la primera gran ola de muertes por sobredosis de opiáceos recetados en 1999 y, diez años después, la cifra de fatalidades de este tipo sobrepasó las de accidentes automovilísticos. En el 2015, las muertes por sobredosis sobrepasaron las muertes ocasionadas por armas de fuego, al punto que el presidente Barack Obama declaró una crisis nacional en 2016. En el 2017, el presidente Donald Trump declaró emergencia nacional.

A nivel local, los senadores Miguel Pereira, Eduardo Bhatia y José Vargas Vidot radicaron en febrero de 2017 el proyecto del Senado 341 para crear la Ley para la Prevención de Muertes por Sobredosis de Opioides de Puerto Rico. Sin embargo esta medida, aprobada en ambos cuerpos legislativos, está detenida desde junio del año pasado cuando se designó un comité de conferencia para que acordaran una versión final del proyecto.

“No sé ni quienes son (parte del) comité de conferencia. Mientras tanto, muchas personas han muerto (por sobredosis)”, lamentó Vargas Vidot.

El legislador independiente comentó que ha podido observar el efecto de las sobredosis y la cantidad de muertes asociadas a los opioides, especialmente por fentanilo, en las rondas nocturnas que hace por las calles del país junto a voluntarios de la organización sin fines de lucro Iniciativa Comunitaria.

“Lo que pasa es que como son los hijos de nadie, a nadie le importa”, dijo Vargas Vidot.

Mientras tanto, en abril del año pasado, Pereira y Vargas Vidot radicaron la Resolución del Senado 715 que busca, entre otras cosas, establecer un Observatorio de Drogas para recopilar datos sobre el consumo y trasiego de drogas en Puerto Rico y los delitos relacionados.

Pero, tras ser aprobada en el Senado en febrero de este año, la resolución también se encuentra detenida.

“Mientras tanto, la calle está horrible. Estamos perdiendo gente que llega al hospital muy enferma porque les da una depresión del sistema nervioso central. Es que el fentanilo es hasta 80 veces más poderoso que la heroína y causa una inhibición del sistema respiratorio”, dijo Vargas Vidot.

Según el legislador, se desconoce el efecto real de los opioides en Puerto Rico, ya que “muchas (muertes por sobredosis) ni se cuentan” ya que no se le realizan autopsias para revelar la causa de muerte.

Vargas Vidot apuntó que muchos de estos medicamentos son recetados para aplacar el dolor crónico, síntomas que padecen muchos adultos mayores.

“La epidemia no reconocida es la que se ve en los botiquines por (pacientes de) cáncer, dolor crónico, fibromialgia...”, dijo.

Ante esta realidad, Vargas Vidot invitó a los legisladores a darle paso a estas dos medidas legislativas para “salvar vidas”.

“Assmca tiene el dinero y los medicamentos (para atender las sobredosis), las organizaciones ya estamos alertadas y certificando gente (para asistir a personas con sobredosis). A nivel de pasillo se habla de que algunos religiosos dicen que tener medicamentos accesibles (contra las sobredosis) va a promover el uso de drogas. Otros puede que hayan llegado al morboso pensamiento de que es mejor que mueran a que sigan pecando”, deploró Vargas Vidot.


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