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Ofrecer inmunidad del Estado a hospitales privados para limitar el monto de demandas por impericia médica, de modo que puedan atenderse emergencias y traumas en más lugares del País, debe hacerse controladamente.

“Se debe mantener limitado a ciertas instituciones en todas las regiones, y que el Departamento de Salud revise si se han cubierto las necesidades”, afirmó el doctor Onix Reyes Martínez, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología. Este ha sido un sector que ha abogado mucho por enmiendas a la ley que regula la impericia médica en Puerto Rico.

Las expresiones del galeno surgieron ayer como parte del análisis sobre el alcance de varias medidas que han entrado en vigor recientemente. Una es el reglamento aprobado al amparo de la Ley 544, y otro de la Ley 103.

El reglamento extendió ya a diez hospitales en nueve municipios la inmunidad del Estado, que limita a $75,000 y $150,000 las demandas por daños y perjuicios a una o más de una persona, respectivamente. Mientras, la Ley 103 enmendó el Código de Seguros para extender ese límite, que amparaba solo a hospitales públicos, a otras instituciones particulares.

De acuerdo con el ortopeda, esto mejora los servicios a los pacientes en la medida en que facilita que más médicos especialistas como ellos se atrevan a atender casos arriesgados aun cuando el pronóstico no sea el más alentador. De lo contrario, los pacientes tendrían que llegar al Centro Médico de Río Piedras, donde igual les aplicarían los topes en reclamaciones de haber impericia.

Para el abogado José Fernando Velázquez, quien litiga casos de impericia médica, el establecimiento de topes a las demandas va en contra de futuras víctimas de impericia. “Están pasando estas legislaciones basados en una premisa falsa de que los médicos se están yendo de Puerto Rico por temor a los altos costos del seguro y a los casos de impericia médica, cuando estadísticas que reveló el Colegio de Médicos en estos días muestran que se están yendo del país por otras razones”, dijo.

Precisamente sobre las causas del éxodo de médicos de Puerto Rico, ayer el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, recordó que desde principios de este año ha hecho gestiones para que las autoridades federales revisen las tarifas por servicios y equipos médicos en la Isla, incluyendo las del seguro por impericia.

“La data que usaron para el costo de seguro de mala práctica era antiquísima, de más de 15 años atrás”, mencionó entre los ejemplos de las situaciones que ha planteado. Pierluisi opina que si los funcionarios federales no corrigen los cómputos que han hecho, estarían actuando de forma arbitraria e irrazonable.


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