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La Unión General de Trabajadores (UGT) denunció este lunes que los Centro de Prevención y Tratamiento de Enfermedades Transmisibles (CPTET) del Departamento de Salud (DS) no podrán realizar las pruebas de conteo sanguíneo completo (CBC, en inglés) a los pacientes de VIH a partir del 22 de junio de 2019.

“La compañía que suministra el equipo y los reactivos para las mismas ha dejado de suministrarlos, ya que no le han hecho pagos desde hace ya más de un año", apuntó Gerson L. Guzmán, presidente de la UGT.

Guzmán sostuvo que Salud ha estado poniendo en práctica "la receta clásica que se utiliza cuando se pretende entregar una actividad gubernamental a la empresa privada", en los centros de tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. 

“Los Centros de Prevención y Tratamiento de Enfermedades Transmisibles han venido experimentando la inhabilitación clásica de las operaciones, que es de uso común en estos casos” dijo Guzmán López. 

De acuerdo a cifras de Salud del año 2019, los CPTET ofrecen servicios a 9,000 pacientes de VIH y unos 3,000 con otros diagnósticos de enfermedades de transmisión sexual.

Portavoces de la comunidad de personas VIH positivo en Puerto Rico denunciaron la semana pasada que Salud ha impulsado durante meses la privatización de los CPTET a través de la isla.

En Puerto Rico hay ocho CPTET bajo jurisdicción del DS, ubicados en Bayamón, Arecibo, Caguas, Carolina, Mayagüez, Ponce, Fajardo y Humacao. La mayoría de los fondos con los que se paga los servicios a las personas VIH positivo provienen del gobierno federal a través de la Parte B de la Ley Ryan White HIV/AIDS.

El líder sindical añadió que otra medida adoptada por la administración de los Centros, es limitar las pruebas de carga viral, un examen esencial para evaluar el progreso del tratamiento de los pacientes de VIH. Este medio reveló hace unos meses que desde agosto de 2018 hasta inicios de febrero de 2019, Salud dejó de procesar y analizar las pruebas de carga viral y de diagnóstico del virus. La UGT sostuvo que una vez se agoten los reactivos disponibles, necesarios para procesar las pruebas de VIH, no hay una garantía de la continuidad del servicio. 

La UGT denunció que las medidas van deteriorando de manera progresiva los servicios y desviando los pacientes hacia entidades privadas.

“Para la Unión General de Trabajadores es totalmente inaceptable el manejo y la administración que se hace de estos importantes centros de tratamiento donde no tan solo debe hacerse una labor de tratamiento, sino que deben servir el objetivo de la prevención de enfermedades de transmisión sexual, tarea que nunca va a asumir una entidad privada pues la misma no añade nada a la rentabilidad de las operaciones” concluyó Guzmán López.

 La portavoz de la Asamblea Permanente de Personas con VIH y Hepatitis C, Ivette González, manifestó que una situación inestable con los laboratorio de VIH de las personas que se atienden en los CPTET, redunda en una violación a la Ley 248, "que dice que tenemos el derecho a que se nos garantice el tratamiento idóneo para los personas con VIH en cualquiera de sus etapas”.

“Ahora mismo el propio Departamento de Salud está violentando nuestra carta de derechos. Si está faltando el poderle realizar a los pacientes de estas clínicas, un CBC, una carga viral, se está violentando esa ley porque el paciente no está recibiendo el tratamiento idóneo”, señaló en declaraciones a El Nuevo Día. 

El Programa Ryan White Parte B, adscrito a la Oficina Central para Asuntos del SIDA y Enfermedades Transmisibles del DS -que a su vez está bajo la secretaría auxiliar que dirige Lugo-, es quien administra los fondos. Estas asignaciones, según lo establece el mismo portal de Salud, van dirigidos a asegurar el acceso a servicios clínicos y de apoyo, incluyendo medicamentos para la población médico-indigente del país con VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida). 

La secretaria auxiliar de la Secretaría de Salud Familiar y Servicios Integrados, Migdalia Lugo, negó la semana pasada que Salud tenga un plan de privatizar los CPTET. “Eso no está en la agenda del Departamento de Salud, no está ahora y nunca ha estado”, afirmó en declaraciones a El Nuevo Día. Sin embargo, más adelante en la entrevista planteó que esa opción no está del todo fuera del panorama.

“Si no hubiese otra alternativa ante la crisis fiscal que estamos enfrentando y hubiera que cerrar las clínicas, están los Centros 330”, manifestó. “De igual manera están los IPAS contratados bajo el plan Vital (Reforma de Salud) que también bajo su cubierta pueden dar los servicios a esta población”, añadió.

La funcionaria sostuvo que la Secretaría de Salud Familiar y Servicios Integrados enfrenta un déficit presupuestario de sobre $2 millones y que actualmente su oficina está analizando cuánto de ese déficit corresponde a la operación de los CPTET.


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