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Defensores de las armas puntualizaron que el ICF debe establecer protocolos atemperados al derecho constitucional vigente. (GFR Media) (horizontal-x3)
Defensores de las armas puntualizaron que el ICF debe establecer protocolos atemperados al derecho constitucional vigente. (GFR Media)

El presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (Codepola), Ariel Torres Meléndez, denunció hoy, lunes, el atraso en las funciones que realiza el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) con las armas de fuego legalmente poseídas que están bajo su custodia.

Torres Meléndez sostuvo que, según expertos, el laboratorio de balística del Instituto en Río Piedras recibe a diario unas 100 piezas de evidencia para analizar, que incluyen casquillos, proyectiles y armas de fuego. No obstante, la división del ICF que analiza la evidencia de los crímenes en Puerto Rico enfrenta una crisis de personal que les imposibilita salir del estancamiento de casos.

“Hay casos donde la ocupación del arma era totalmente innecesaria por los elementos vistos en a escena. La preocupación es que no devuelven la propiedad, en directa violación a los derechos constitucionales que tienen los ciudadanos a tener y portar armas de fuego, y el uso y disfrute de su propiedad”, afirmó Torres Meléndez.

El presidente de Codepola puntualizó que el ICF debe establecer unos protocolos atemperados al derecho constitucional vigente relacionado a las armas de fuego.

Torres Meléndez explicó que “cuando un ciudadano va a la Policía reclamando su arma le contestan que está en poder del ICF, pero cuando el propietario va a forense le contestan que no le pueden dar información, a veces les dicen que las tiene la Policía, y, en el peor de los escenarios, le contestan que tiene que ser el agente que las entregó al ICF quien haga los trámites, pero ya se retiró de las fuerzas policiales. En este asunto, no existe uniformidad, ni un recibo que indique realmente que entidad tiene el arma del ciudadano bajo custodia”.

Actualmente, el recurso más efectivo que tiene un ciudadano para recuperar sus armas obtenidas y registradas legalmente en Puerto Rico es acudir a los tribunales.

Datos en el portal del ICF indican que, desde agosto de 2012, Ponce contaba con un laboratorio propio de balística, pero la unidad eventualmente cerró.

En enero de 2014, el ICF admitió que tenían más de 22,000 casos atrasados espera de análisis de evidencia, como muestras de ADN y estudios de balística, pero aseguraron a los medios que se encontraban trabajando conforme a las solicitudes de los fiscales y de los tribunales.

Sin embargo, los atrasos en las investigaciones por asesinatos, tropiezos en la radicación de cargos criminales y la espera de familias para recuperar un cadáver para su debido sepelio se recrudecieron el 1 de septiembre de 2017 a raíz del cierre de la unidad regional del Instituto de Ciencias Forenses en Ponce y, posteriormente, el taponamientode casos tras elpaso del huracán María.

La Codepola se dedica a defender al ciudadano que tiene licencia de armas en cualquier situación legal que se exponga con sus armas.


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