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La profesora Carmen de Lourdes Cáez, quien se querelló de hostigamiento sexual en la UPR y alega que fue víctima de represalias por denunciarlo, prefiere no mostrar su rostro. (Xavier J. Araújo Berríos)

Solo dos personas saben con total certeza lo que pasó en la oficina del edificio Arturo Morales Carrión de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey, el viernes 17 de marzo de 2016, cuando los profesores de historia Carmen de Lourdes Cáez y Luis Alberto Lugo se quedaron solos unos minutos mientras el director del Departamento de Humanidades, Harry Hernández, salía a atender a un estudiante.

Muchos saben, sin embargo, lo que pasó después: Cáez acusó a Lugo de haberla besado por la fuerza (él no niega que la besó, pero dice que no fue por la fuerza), lo que desató un tortuoso proceso que terminó dos años y medio después con la querellante sin empleo, el querellado suspendido, pero con permanencia, y la senadora que investigó el asunto, Zoé Laboy, estupefacta por la manera en que se condujo el proceso y pidiendo la intervención del Departamento de Justicia.

La controversia puede haberle costado el puesto también a la rectora interina, Glorivee Rosario, cuyo nombramiento en propiedad fue dejado en suspenso por el presidente de la UPR, Jorge Haddock, mientras se dilucida una querella por represalia que interpuso Cáez ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC, en inglés), en septiembre del año pasado.

Cáez, doctora en Historia Europea de la Universidad de Barcelona, sostiene que fue dejada sin clases en agosto de 2018 en represalia por haber denunciado a Lugo y en violación también a la Certificación 130, el reglamento de hostigamiento sexual de la UPR, que prohíbe alterar el estatus laboral de quien se haya querellado por actos de esa naturaleza.

Su queja no ha sido atendida ni por los directivos de la UPR en Cayey ni por Haddock, al que Cáez escribió en septiembre del 2018 contándole de su caso.

Cáez, de 56 años, también denuncia que Lugo fue protegido por la UPR, al punto de que se le otorgó permanencia mientras tenía pendiente la querella de hostigamiento sexual y, aunque fue suspendido por un semestre, se le permitió estipular la denuncia sin reconocer la alegación, a pesar de que, según sus supervisores, había admitido su conducta.

En la estipulación, la UPR se comprometió a no imponer ninguna otra sanción a Lugo a raíz de la denuncia de Cáez. “En el caso mío, no había interés de protegerme a mí, sino de protegerlo a él. Durante todo el proceso, eso fue lo que yo vi”, dijo la profesora.

Los directivos de Cayey dicen que todo el caso se manejó bajo los reglamentos universitarios.

La senadora Laboy, que lleva a cabo una investigación sobre el problema de hostigamiento sexual en la UPR, como parte de la cual realizó una vista pública en Cayey el pasado 2 de abril, dijo que le levanta “banderas” la maneraen que se manejó este caso.

“Me parece que necesita ser investigado con mucho detalle este asunto, porque levanta bandera que una profesora con 18 años de experiencia a la que anualmente se le renovaba el contrato, casualmente luego que hace la denuncia de que ha sido víctima de acoso sexual, ya no hay necesidad de sus servicios”, dijo.

“Lo vamos a estar refiriendo al Departamento de Justicia para que la secretaria Wanda Vázquez y su equipo determinen si en este caso se puede llevar algún caso criminal contra el profesor que administrativamente fue disciplinado como hostigador y que investigue si hubo alguna represalia contra la querellante, y si la hubo, si hay algún remedio”, agregó.

“Me temblaban las manos”

En sus dos querellas ante la UPR (la primera a dos semanas del suceso y la segunda más de un año después y juramentada), en su testimonio ante el Senado, en una carta a Haddock y en relatos a sus supervisores, Cáez ha dado la misma versión: que cuando Hernández salió de la reunión, Lugo se le acercó, le preguntó si le podía dar un beso, la agarró por los brazos, la besó en la cara y trató de besarla en la boca, hasta que ella pudo zafársele, empujándolo.

Cuando Cáez reaccionó consternada ante la acción de Lugo, él supuestamente dijo: “Relájate, es viernes social”.

“Eso realmente me dejó muy mal. Yo me quedé paralizada”, dice Cáez, quien salió de la oficina tan pronto Hernández regresó. Al salir, continúa relatando, “empecé a temblar, a tener como ciertas náuseas. Entré a la oficina (de Hernández) y le digo a la secretaria lo que me pasó. Se me salían las lágrimas. La secretaria me decía ‘profesora, cálmese’. Me temblaban las manos”.

Cáez se fue en ese momento, pero ese mismo día le contó por teléfono a Hernández, quien dijo a El Nuevo Día que al confrontar a Lugo este reconoció lo ocurrido.

Lugo dio otra versión a El Nuevo Día. “No hubo tal beso por la fuerza. Yo lo que reconocí fue que le di un beso en la mejilla y, de hecho, ella me acercó su mejilla para que se lo diera. De eso a hostigamiento sexual existe un universo”, dijo Lugo, un laureado historiador graduado de la Universidad Complutense de Madrid.

Preguntado sobre por qué accedió a ser suspendido si no había cometido ningún acto irregular, respondió: “De eso no puedo hablar”. “Esa querella es absolutamente injusta y se fundamenta en celos profesionales”, reiteró.

Manejo irregular

El manejo irregular de la querella empezó de inmediato.

La Certificación 130 dispone que el proceso de una alegación de hostigamiento sexual empieza cuando la parte querellante pone su queja por escrito ante su supervisor. Cáez lo hizo el 4 de abril de 2016. Llevó la carta a Hernández. Asegura que entró a su oficina estando él allí y puso el sobre en el escritorio diciéndole “aquí está la carta”. El Nuevo Día habló con una persona que dice haber visto a Cáez entrar a la oficina con la carta y salir sin ella, estando Hernández allí. Esa persona, que pidió que no se le identifique, también testimonia que la secretaria examinó la carta y le indicó a Cáez que debía firmarla.

Hernández dijo a El Nuevo Día que nunca recibió la carta. La rectora Rosario y el asesor legal de Cayey, Francisco Moreno, dijeron en la vista de Laboy que la carta llegó al Decanato de Asuntos Académicos, donde el entonces decano, Raúl Castro, la archivó sin tomar acción.

En entrevista con este diario, Castro lo negó rotundamente. “La rectora interina le mintió a la Comisión”, dijo Castro, quien verificó la bitácora de documentos recibidos en el Decanato y asegura que no está la carta. Rosario y Moreno estaban en la entrevista de Hernández con El Nuevo Día en la que este insistió en que nunca vio la carta. Ambos callaron con respecto a la versión de que la carta llegó al Decanato.

A causa de la desaparición de la carta, tardó más de un año en comenzar la pesquisa sobre la denuncia de Cáez. Durante ese tiempo, Hernández trató de mediar entre ella y Lugo, incluso reuniéndolos. De esas reuniones, Cáez salía con la sensación de que se quería resolver de prisa su denuncia.

“Yo me preguntaba: ¿cómo es posible que esto me esté pasando, cómo es posible que una haga lo correcto y a nadie le importe cómo yo me siento?”, dice.

En diciembre de 2017, Cáez presentó otra querella, esta vez juramentada. Comenzó una pesquisa que concluyó en diciembre del 2018, con una estipulación entre Lugo y la UPR, mediante la cual el profesor aceptó ser suspendido por un semestre, pero sin reconocer haber cometido hostigamiento sexual contra Cáez.

La investigadora de la UPR Sheila Díaz había concluido que existía causa probable para creer que Lugo había cometido hostigamiento sexual contra Cáez, quien no supo que Lugo transó con la UPR sin reconocer haberla hostigado hasta que este periodista se lo dijo. “Lo protegieron hasta el final”, expresó Cáez.

Desarrollos dramáticos

Antes de la suspensión de Lugo, hubo dos desarrollos dramáticos.

En diciembre de 2017, días después de la querella juramentada de Cáez, la UPR le dio la permanencia a Lugo. La recomendación fue presentada al Comité de Personal por Hernández, quien no informó de la querella pendiente.

Después de que el Comité, sin tener toda la información, decidió a favor de Lugo, la rectora Rosario, quien también sabía de la querella, llevó la recomendación positiva ante la Junta Administrativa del recinto. Tampoco dio cuenta de la pesquisa de hostigamiento sexual que tenía pendiente su recomendado.

Tanto Rosario como Hernández dijeron que actuaron en cumplimento de la Certificación 130, que dispone que las querellas de hostigamiento sexual son confidenciales hasta que se dilucidan.

Un miembro del Comité de Personal, que prefiere que no sele identifique, dice que si a ese organismo se le hubiese informado que contra Lugo pesaba una querella de hostigamiento sexual, hubieran detenido el proceso mientras se dilucidaba la queja. “Nunca nos dijeron que había una querella. Nunca”, dijo la fuente.

El otro evento dramático ocurrió el 7 de agosto de 2018: Cáez recibió un correo electrónico del nuevo director de Humanidades, Walter Mucher, quien también sabía de la querella, informándole que por cuestiones presupuestarias no podía contratarla para el semestre que empezaba días después.

Era la primera vez desde 2001 que Cáez no era reclutada como profesora o en otra capacidad en Cayey. Tenía las puntuaciones más altas entre todos los profesores por contrato en Humanidades. Pero fue la única que se quedó sin trabajo por las cuestiones presupuestarias citadas por Muchen.

La Certificación 130 prohíbe tomar cualquier acción o represalia que parezca consecuencia de haber presentado una querella de hostigamiento sexual, como querellante o como testigo.

Pero la actual decana, Irmanette Torres, dice que a Cáez no le aplica porque al momento en que se le indicó que no le ofrecerían cursos, no tenía ningún contrato vigente en la UPR.

“El status laboral de la profesora en particular iba desde el 22 de agosto de 2017 al 25 de junio de 2018. Desde el 26 de junio, ella no tenía status laboral”, dijo.

Cáez sigue desempleada. Sus familiares le cubren sus gastos. Perdió su empleo, pero no se arrepiente de haber hecho la denuncia. “Yo quiero justicia, porque yo no hice nada malo, yo hice lo correcto”, dijo.


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