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Imagen de la alcaldía de Toa Baja. (GFR Media)

La Oficina de la Contralora detalló hoy, martes, un esquema de fraude con las compras y desembolsos del Municipio de Toa Baja durante el periodo de enero de 2011 a abril de 2014. 

Según la contralora, Yesmín Valdivieso, dicho esquema fue ideado por un proveedor A para adjudicarse trabajos del ayuntamiento. 

Dicho contratista fue identificado como Luis Serrano Perdigón y fue acusado en el Tribunal Federal el 19 abril junto al exdirector de la Oficina de Facilidades del ayuntamiento, Edgar Arroyo Amezquita, luego de que la controlara refiriera los hallazgos al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en 2015. 

La auditoría revela que durante el periodo investigado “el municipio emitió 52 comprobantes de desembolso por $307,882 que se adjudicaron al proveedor A para el mantenimiento del sistema de alarma, basados en 89 cotizaciones falsas, fraudulentas o alteradas”. 

“De mayo de 2011 a mayo de 2013, el municipio emitió 20 comprobantes de desembolso por $169,668 al proveedor B para la compra de aires acondicionados, sillas, rolling doors y remodelación de baños entre otros, basados en 28 cotizaciones falsas o alteradas. Los 20 cheques girados a nombre del proveedor B tenían un segundo endoso del proveedor A; uno de los cheques lo utilizó el proveedor A para pagar el pronto de un auto y los restantes cheques fueron depositados en la cuenta bancaria del proveedor A”, detalla el informe de la Contralora. 

Asimismo, la auditoría detalla que de mayo de 2012 a mayo de 2013 el ayuntamiento emitió tres comprobantes de desembolso por $12,570 al proveedor C para reparaciones eléctricas y de una bomba sanitaria, también basado en cotizaciones falsas. 

“La auditoría de tres hallazgos señala que al proveedor A se le pagó de forma indebida $191,925 por trabajos no realizados. Por ejemplo, se facturaron servicios de mantenimiento al Cuartel del barrio Candelaria Arenas que estaba cerrado, también al Anfiteatro Julita Ross que había sido vendido previo a la firma del contrato y a la Escuela de Bellas Artes que nunca ha estado en uso ni tenía servicios de electricidad. Los directores interinos de la Oficina de Facilidades Municipales declararon que no verificaban si los servicios habían sido brindados cuando certificaban las facturas como correctas”, estableció Valdivieso en el informe. 

Igualmente, la auditoría detalló que los auditores de la agencia identificaron computadoras en el municipio con cientos de archivos con fotos y documentos político-partidistas, de índole personal, y en la computadora de un usuario se detectaron accesos a páginas en internet de contenido sexual. 

“Estas situaciones son contrarias a la Constitución de Puerto Rico y al Reglamento para la Administración Municipal”, sostuvo la contralora. 



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