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La organización Crianza Compartida se opuso este jueves al borrador que modificaría las tablas de pensiones alimentarias de la Administración para el Sustento de Menores (Asume) por entender que "discrimina" contra los hombres.

El licenciado Hiram Angueira, presidente de Crianza Compartida, opinó durante la continuación de las vistas públicas para discutir los cambios en las guías, que el borrador sigue fundamentado por "la idea machista y hembrista que dice que las mujeres deben criar y los hombres pagar".

Entre los cambios propuestos a las guías figuran la incorporación de un modelo de proporción de ingresos que considera el aporte económico de la persona custodia y la no custodia al calcular la pensión alimentaria básica. Además, la pensión mínima mensual aumenta de $100 por niño a $150 por un solo menor. Esta cantidad puede variar de acuerdo con el número de menores para los cuales se esté fijando la pensión.

Angueira dijo ante el licenciado Raúl Hernández González, procurador auxiliar de Asume quien presidió la vista, que lo propuesto por el gobierno no es "equitativo" y que "empeora el problema" que enfrentan los no custodios porque, según señaló, no reconoce la existencia de hijos "no alimentistas" en el cálculo de la pensión.

"Aunque la administración de Asume enfatiza que ahora se consideran los ingresos de la madre, la realidad es que esto no cambia significativamente el monto de la pensión a pagarse por los padres. Esto es así porque los porcentajes que hay detrás de las tablas para el cálculo de la pensión básica son altísimos en relación al ingreso de los padres", manifestó el presidente de Crianza Compartida.

A manera de contrapropuesta, Angueira presentó varias enmiendas para las guías, entre ellas: Desvincular la pensión de la custodia, incluir a los hijos no alimentistas en cualquier cálculo de la pensión y obligar a ambos padres a depositar su parte correspondiente de la pensión en una cuenta de banco.

"Al presente se parte de la presunción de que mamá gasta su parte correspondiente de la pensión en sus hijos e hijas, pero esa no es la realidad en muchísimos casos. Obligar a ambas partes a depositar la pensión en una cuenta reduciría dramáticamente el uso indebido de la pensión por parte de las madres custodias", señaló Angueira.

Otras de las propuestas de la organización fueron excluir los ingresos de las nuevas parejas de los padres y madres en la pensión, eliminar el ajuste en la pensión básica, eliminar los ingresos no recurrentes, incluir una reducción de pensión en los padres y madres desempleados, eliminar el pago de honorarios y limitar la retroactividad de los aumentos en pensiones a no más de un mes y las reducciones en pensiones a no más de 30 días.

El economista José Caraballo y el maestro Carlos Torrench Prieto, también depusieron en la vista, avalando las propuestas del grupo Custodia Compartida.

La licenciada Verónica Rivera Torres, presidenta de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados de Puerto Rico, en tanto, destacó en conversación telefónica con este medio, que las posturas del grupo Crianza Compartida no parecen buscar el bienestar de los menores, sino el revanchismo con la persona custodia.

"Hay cierto aire de revanchismo y cuando uno escucha lo que dicen no parece salir de la boca de hombres que aman a sus hijos sobre todas las cosas. Uno siente que hay mucho odio contra mamá custodia y que independientemente de los intereses de los menores queremos castigar a mamá", opinó en torno las expresiones del presidente de la organización.

Rivera Torres opinó que el borrador de las nuevas tablas de pensiones es beneficioso para ambas partes porque considera el ingreso de la persona custodia y no custodia en el cálculo de la pensión, algo que antes se calculaba solo con el ingreso del no custodio.

"Se trató de que (las nuevas tablas) fueran lo más objetivo posible, según los estudios que asignó Asume", expresó la letrada, quien recordó que el propósito de la ley nunca ha sido que los padres paguen el 100 por ciento de la pensión, sino que aporten una cantidad determinada para el bienestar del menor.

La Ley Orgánica de Asume (Ley 5 del 30 de diciembre de 1986) establece que las guías deben revisarse cada cuatro años. La última revisión fue en el 2006 cuando entraron en vigor las últimas guías.



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