El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.  (AP) (semisquare-x3)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (AP)

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche que enviará al Senado estadounidense el nombramiento de los siete miembros actuales de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Trump refirió al Senado los nombramientos de los integrantes de la JSF, a poco más de dos semanas de que venza la moratoria otorgada por el Primer Circuito de Apelaciones federales en torno al funcionamiento del ente fiscal.

Pero, aprovechó para reafirmar sus críticas contra el gobierno y los políticos de la Isla.

Los políticos en Puerto Rico han administrado mal las finanzas del pueblo puertorriqueño. Esa mala administración causó que haya más de $100,000 millones en deudas y obligaciones no financiadas que perjudicaron directamente a los ciudadanos con promesas incumplidas, servicios deficientes, una burocracia abultada e infraestructura en mal estado. La mala administración, la corrupción y la negligencia continúan perjudicando a la gente de Puerto Rico, que se merece algo mejor de su gobierno”, indicó Trump.

A base de la decisión de mediados de febrero del Primer Circuito –la cual la JSF ha pedido al Tribunal Supremo de Estados Unidos que revise–, el presidente y el Senado tienen hasta el 16 de mayo para ponerse de acuerdo sobre la confirmación de los actuales miembros del ente fiscal o de nuevos integrantes.

Trump indicó que su intención es que los miembros actuales de la JSF puedan completar su término de tres años, que vence en agosto.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, había adelantado ayer en la tarde la intención de Trump de redesignar a los miembros de la JSF. Una fuente que había adelantado también que el anuncio era inminente advirtió anoche que, aunque el término de los actuales miembros expira en agosto, pudieran continuar en sus puestos hasta que otra persona sea designada o decida renunciar.

Para asegurar una rápida votación en el Senado, donde hay un significativo tráfico de nombramientos pendientes, se requerirá un abarcador consenso entre republicanos y demócratas.

Trump propone al Senado que confirme a José Carrión, Carlos García, David Skeel, Andrew Biggs, Ana Matosantos, José Ramón González y Arthur González, que han estado en sus puestos desde el 31 de agosto de 2016. Hoy día, la composición del cuerpo legislativo está dominada por los republicanos, 53 a 47.

Los miembros de la JSF habían sido sometidos en los pasados días a la investigación formal que hace el FBI sobre el historial de los funcionarios federales.

Poco antes del anuncio oficial de la Casa Blanca, Carrión publicó un artículo de opinión en el periódico conservador The New York Post en el que se solidariza con los reclamos de Trump en torno al manejo de los fondos de emergencia para la isla, tras el huracán María. Trump ha buscado frenar nuevas asignaciones de emergencia para Puerto Rico.

“Parte del trabajo de la JSF es garantizar que se aborden las inquietudes del presidente Trump: garantizar que los fondos federales se administren con prudencia en todos los niveles del gobierno de Puerto Rico. No se utilizarán fondos federales para pagar la deuda”, indicó Carrión.

Más aún, Carrión sostuvo que le toca al gobierno de Puerto Rico tomar acción y promover reformas y la prudencia fiscal.

A base del mecanismo que fue declarado inconstitucional por el Primer Circuito, seis de los siete miembros fueron originalmente propuestos por los líderes del Congreso y uno, José Ramón González, fue designado directamente por el expresidente Barack Obama.

Carrión y García fueron recomendados por el entonces speaker Paul Ryan, republicano. Biggs y Skeel fueron sugeridos por el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky).

Matosantos, secretaria del gabinete del gobierno de California y la liberal del grupo, fue la persona propuesta por la ahora speaker y entonces líder de la minoría demócrata Nancy Pelosi (California).

Mientras que Arthur González, aunque técnicamente sugerido por el entonces líder de la minoría demócrata del Senado, Harry Reid (Nevada), respondió a la recomendación del que sería su sucesor, Charles Schumer (Nueva York).

El pasado 15 de febrero, el Primer Circuito mantuvo que los miembros de la JSF son funcionarios federales de alto nivel. De este modo, declaró que el mecanismo creado por la ley Promesa, que no requiere la confirmación por el Senado, viola la cláusula constitucional de nombramientos.

Entonces, el foro de Apelaciones dio un plazo de 90 días para que el presidente nombrara a los actuales integrantes o nuevos miembros, y que fueran confirmados por el Senado federal.

Los nombramientos se dan casi en la víspera de la audiencia del jueves en la que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes examinará el funcionamiento de la ley Promesa y las medidas de austeridad que han impuesto la JSF y el gobierno electo de la isla.

Todo esto ocurre ahora que la JSF ha comenzado a lidiar con el presupuesto del próximo año fiscal. El ente federal también pretende acordar el proceso de reestructuración de las obligaciones generales del gobierno central y la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, entre otras corporaciones.

Reacciones

Para Javier Ortiz, director ejecutivo de FixPuertoRico.org y quien fue parte del comité de transición de Trump, “el presidente y su equipo entienden la importancia de lo que hizo el Congreso al crear la junta y el potencial efecto negativo de la incertidumbre que crearía en el mercado municipal de bonos dejar la junta sin funcionamiento”.

“A casi tres años de la creación de Promesa y de nombrada la Junta, es importante que haya certeza sobre la legalidad del ente que está a cargo de implementar la ley”, indicó el economista Gustavo Vélez.

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Kenneth Rivera, aunque Trump le dé continuidad a la JSF, “la mayoría de la gente no está contenta con el trabajo de ellos”. “Ni el gobierno, ni los bonistas, ni el pueblo en general, porque sienten que la Junta ha afectado a la Universidad (de Puerto Rico), a los pensionados y a los trabajadores”, indicó Rivera.

Los planes de la Junta

Hace dos semanas, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, dijo a El Nuevo Día que el ente fiscal tiene la meta de terminar en los próximos 14 meses con la reestructuración de gran parte de la deuda de $70,000 millones y el ajuste de las pensiones de retiro, que representan otros $45,000 millones.

De esta forma, en su escenario ideal, Jaresko sostuvo que la JSF aspira a que el gobierno de Puerto Rico pueda tener su primer presupuesto equilibrado en el año fiscal 2020-2021.

La ley Promesa requiere cuatro presupuestos consecutivos balanceados y acceso a mediano y largo plazo a los mercados financieros a tasas razonables para poder terminar con el control de la JSF sobre el gobierno electo de la isla.

Pero, para poder tener acceso a Wall Street, se requerirá también tener los informes financieros auditados, que en este momento tienen un retraso de tres años.

Bajo el plan de la JSF, la primera oportunidad para conseguir cuatro presupuestos equilibrados consecutivos sería entre los años fiscales 2020-2021 y 2023-2024.

“Hasta que no se comience a pagar (el servicio de) la deuda, no se puede argumentar que hay un presupuesto equilibrado”, dijo Jaresko el pasado 11 de abril tras una presentación en la Universidad de Georgetown.

Jaresko, junto con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, encabezaría los ponentes de la audiencia del jueves en la Cámara baja federal.

La presentación de Jaresko en la Universidad de Georgetown coincidió con la divulgación de un nuevo contrato de relaciones públicas de la JSF y los informes de que el ente fiscal ha promovido que se les permita permanecer en sus puestos por lo menos hasta agosto próximo, cuando se vence el término de tres años de los nombramientos que hiciera Obama.

De todos modos, la meta de la JSF de lograr un primer presupuesto equilibrado para junio de 2021 es muy ambiciosa, porque al presente, la JSF y el gobierno solo han logrado la reestructuración del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y de la Corporación del Fondo del Interés Apremiante (Cofina).

Cualquier caída en el proceso de cuadrar cuatro presupuestos consecutivos, sin embargo, requerirá volver a comenzar el conteo.

Petición de la Utier y Aurelius

Mientras, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y la firma de inversiones Aurelius solicitaron ayer al Primer Circuito de Apelaciones que rechace extender el período de 90 días que ese foro concedió a la Casa Blanca y el Senado para que se corrijan los nombramientos inconstitucionales de la JSF.

Justo en el término establecido por el foro apelativo federal para que las partes se expresaran, la Utier advirtió que si se acoge el pedido de moratoria que solicitó la JSF, el tribunal permitiría la continuidad de un organismo que se creó de manera contraria a la Constitución de Estados Unidos.

“(La ley federal) Promesa y la (JSF) ya eran una imposición a la colonia que es Puerto Rico”, sostiene el recurso de la Utier.

Según Aurelius, el pedido de la JSF debe desestimarse porque el organismo fiscal –y tampoco el Departamento de Justicia de Estados Unidos– no presentó evidencia alguna de que la Corte Suprema estadounidense podría revertir el fallo del foro intermedio.

“Desde el fallo de este tribunal, la (JSF) ha buscado explotar el retraso en el mandato para mover hacia adelante tantas acciones controversiales como el tiempo le permita, lo que admite la junta”, agregó Aurelius.

Por su parte, el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) compareció ante el Primer Circuito para apoyar que se conceda la moratoria y se dé espacio a la Corte Suprema de Estados Unidos para que examine la controversia. Para el UCC, no extender la moratoria crearía incertidumbre y un potencial caos en los procesos judiciales de reestructuración.

En su solicitud de la semana pasada al Primer Circuito, la JSF pidió que el foro de apelaciones que decida a más tardar el viernes si extiende la moratoria, para tener tiempo de recurrir al Tribunal Supremo estadounidense, si fuera necesario.

Joanisabel González escribió desde San Juan. Marian Díaz colaboró con este reportaje.


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