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La Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste denunció “una dramática inflación del precio de los terrenos adquiridos” en el área del CEN y Loíza. (Mariel Mejía Ortiz)

La Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN) solicitó que se revelen los hallazgos de una investigación senatorial sobre irregularidades cometidas en la compra de terrenos privados en esta reserva natural, ubicada en los municipios de Luquillo y Fajardo. 

El reclamo fue hecho tras el Tribunal Superior de San Juan emitir una sentencia, adjudicando un valor de $32.5 millones a los terrenos donde estuvo propuesto el proyecto Costa Serena en Piñones, y que el gobierno de Puerto Rico iba a expropiar al empresario y proponente Joel Katz. 

Los terrenos habían sido tasados en el año 2008, por un valor de $4.9 millones. Esta cifra aumentó dramáticamente tras el proponente de Costa Serena demandar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) reclamando que se tasaran los terrenos en Piñones bajo la premisa que el proyecto iba a ser construido.

“Solicitamos al Senado de Puerto Rico a que asigne prioridad e informe públicamente los resultados de esta investigación, particularmente por las serias implicaciones que ha y continúa teniendo sobre la compra de terrenos para conservación en el Corredor y el resto de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico tiene el deber de asegurar el uso juicioso de los fondos públicos, responsabilidad cuya vigencia es mayor debido a la crisis fiscal y a los múltiples sacrificios económicos impuestos sobre toda la ciudadanía”, exigió Luis Jorge Rivera Herrera, asesor de la Coalición.

La Resolución del Senado 177, ordena a la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado, presidida por el senador Cirilo Tirado, a realizar un estudio abarcador sobre todo lo relacionado a la adquisición por parte del gobierno de Puerto Rico de los terrenos en el CEN, desde el año 2007 al presente. Según esta resolución, las adquisiciones que se realizaron en el Corredor y en donde estaban propuestos los proyectos residenciales-turísticos San Miguel Resort y Dos Mares Resort, no reflejaron su justo valor. Esto, y entre otras razones, debido a que los terrenos se tasaron presumiendo que los proyectos se llevarían cabo, aun cuando nunca obtuvieron un solo permiso para su construcción, dice le exposición de motivos de la pieza legislativa.

“El resultado es una dramática inflación del precio de los terrenos adquiridos”, expone la resolución.

Los terrenos fueron comprados por el DRNA a los proponentes de ambos proyectos en los años 2007, 2008, 2010 y 2013. En el caso del San Miguel Resort, la agencia pagó la suma de $32.5 millones y en el caso de Dos Mares Resort pagaron $3.5 millones por la compra de 90 cuerdas en la reserva natural, en mayo de 2013.

Rivera Herrera señaló que la Coalición ha sometido evidencia al Senado demostrando que los informes de tasación utilizados en las compras de terrenos en el CEN incumplieron con numerosas disposiciones establecidas en las guías para la adquisición de terrenos confondos federales (Uniform Appraisal Standards for Federal Land Acquisitions - UASFLA, o Yellow Book).  En consecuencia, señaló, “el Gobierno Federal debería estar interesado también en esta investigación dado al desembolso de más de $10 millones en fondos federales para la compra de terrenos privados en el Corredor”.

La resolución de investigación fue radicada por el senador Larry Seilhamer en marzo de 2013. La última vista senatorial, en la que depuso la Coalición, se llevó a cabo en diciembre de 2014. Sin embargo, el informe de la investigación no ha sido presentado a los miembros de la Comisión para su aprobación. 

“Confiamos en que el senador Cirilo Tirado y el resto de sus compañeros legisladores reconozcan la importancia que esta situación amerita. Todo el esfuerzo logrado por ellos y el resto de los ciudadanos para designar la Reserva Natural del CEN mediante ley, podría resultar en vano en caso de que se demore aún más la publicación del informe.  Esto podría hacer más onerosa, y por lo tanto, mucho más difícil la compra de terrenos de gran valor natural con el fin de ser protegidos en Puerto Rico”, advirtió Rivera Herrera. 


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