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La primera irregularidad recae en asumir que los proyectos se llevarían a cabo cuando ninguno contaba con los permisos de construcción. (Gerald López Cepero)

Se imagina comprar un terreno, nunca desarrollarlo y luego venderlo    por una cantidad de dinero exorbitante que incluye el valor de la propiedad que nunca construyó.  

 Bajo estas condiciones, precisamente, fue que el Gobierno de Puerto Rico completó varias transacciones de compra de terrenos  privados que forman parte del Corredor Ecológico del Noreste (CEN). ¿El resultado? Una dramática inflación del precio de los terrenos adquiridos.    

 “Espero equivocarme en esto pero espero que no se haya instituido un esquema de estar vendiendo terrenos a sobreprecio  para fines de conservación que es donde hay dinero ahora mismo”, apuntó   Luis Jorge Rivera Herrera, asesor del CEN.

 Las implicaciones de cómo se están valorando los terrenos en el País no solo obstaculizan o hacen prácticamente imposible la compra de terrenos dentro de la reserva natural, sino que además pautan las condiciones para futuras transacciones.

 Un ejemplo de ello es que el pasado 16 de diciembre, el Tribunal Superior de San Juan emitió una sentencia adjudicando el valor de $32.5 millones a los terrenos donde estuvo propuesto el proyecto Costa Serena de PFZ Properties en Piñones, Loíza. 

Tres tasaciones  en el 2008, valoraron los  terrenos en cerca de $5 millones. Sin embargo, otra tasación hecha  en el cuatrienio pasado  establecía que el valor a la fecha de expropiación -13 de agosto de 2008-   era de $32.5 millones. 

No obstante, esa determinación no contempla que la Declaración de Impacto Ambiental  carecía de efecto jurídico tras una determinación del Tribunal Supremo.

El proyecto tampoco contaba con consulta de ubicación,  apuntó el subsecretario del Departamento  de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Julio A. Méndez. 

“Una nueva tasación del DRNA efectuada el 15 de junio de 2014, establece que la valorización real no sobrepasa los $7 millones. Sin embargo, los foros judiciales no han permitido que se presente ese nuevo informe de valorización y el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia contra la posición del DRNA, por lo que se radicó la solicitud de reconsideración”, explicó Méndez.

  Agregó  que el DRNA no puede sufragar ni considera una medida de sana administración pagar $32.5  millones por unos terrenos que valen cuatro veces menos esa cantidad. 

  El aumento dramático en la cifra se da tras el proponente  demandar al DRNA reclamando que los terrenos se tasaran bajo la premisa que el proyecto iba a ser construido, detalló Rivera Herrera.  

  “Cómo es posible que cuando el resto de terrenos en Puerto Rico han devaluado hasta en un 20%, la conducta de los terrenos en el Corredor , al igual que en Piñones, ha sido todo lo contrario”, dijo el planificador.

  Serias irregularidades.  Entre el 2007 y el presente son varias las transacciones que el Gobierno ha hecho de terrenos en el CEN, designado como reserva natural en abril de 2013 por el gobernador Alejandro García Padilla.

 Entre los acuerdos económicos adoptados está la compra de los terrenos donde se proponían los proyectos residenciales-turísticos San Miguel Resort y Dos Mares Resort.

El DRNA compró  los terrenos a los proponentes de ambos proyectos en los años 2007, 2008, 2010 y 2013. 

En el caso de San Miguel Resort, la agencia pagó la suma de $32.5 millones por tres propiedades pertenecientes al abogado Juan Ramón Zalduondo.  

Mientras, pagó $3.5 millones a los empresarios Luis Alberto Rubí, Efraín Kier y Mark Green, proponentes de Dos Mares Resort, por la compra de 90 cuerdas en la reserva natural, en mayo de 2013. 

La primera irregularidad recae, dijo Rivera Herrera, en asumir que los proyectos se llevarían a cabo cuando ninguno contaba  con los permisos de construcción.

El también científico ambiental explicó que las guías federales sobre los criterios que debe considerar un tasador al valorar una propiedad  que será adquirida con dinero federal (Uniform Appraisal Standards for Federal Acquisitions, Sección B-23)  establecen  que “el valor en el mercado al momento de tasación debe ser aquel según la condición y situación que presente la propiedad”.

 “Bajo ninguna circunstancia la propiedad puede ser valorada como si  hubiese sido rezonificada a un uso mayor”,  establece la Sección D-6 de las mencionadas guías. 

   Otro de los señalamientos recae en que ninguno de los proyectos propuestos contaba con la aprobación necesaria para su desarrollo.

El requisito mínimo es la  Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

En el caso de  San Miguel Resort, el documento ambiental fue rechazado en tres ocasiones consecutivas  por la Junta de Calidad Ambiental (JCA); en el caso de Dos Dos Mares Resort, la aprobación  fue rechazada por el Tribunal Supremo. 

A Costa Serena se le  denegó también por el máximo foro local.      

 “Irregularidades hubo, ilegalidades lo desconocemos, pero las autoridades federales tendrían que tomar acción en cómo actuar porque mediaron fondos federales. Nuestro propósito principal  es evitar que esas transacciones continúen contaminando futuras transacciones”, insistió Rivera Herrera. 

A este panorama hay que añadirle que   tanto los terrenos de Costa Serena como la mayoría de las demás tierras que han sido adquiridas por el DRNA fueron clasificados como áreas inundables por la Agencia Federal para Manejo de Emergencias  (FEMA).

“Resulta incomprensible que los informes de valorización sobre los terrenos adquiridos por el DRNA partieran de la condición hipotética que las consultas de ubicación serían aprobadas según presentadas”, establece Rivera Herrera en un memorial presentado al Senado, cuerpo que  tiene ante sí una investigación. 

Hay que tomar acción.  Toda esta evidencia, planteó Rivera Herrera, ya está ante la consideración de la Comisión de Recursos Naturales, Ambientales  y Asuntos Energéticos del Senado, que hace  un estudio sobre todo lo relacionado a la adquisición de los terrenos dentro del CEN, desde el año 2007 al presente. 

 La resolución del Senado  fue presentada  el 6 de marzo pasado, por el senador Larry Seilhamer (PNP), pero a  casi tres años de su presentación lo que hay es un “borrador”, reconoció  Cirilo Tirado (PPD), presidente de esa comisión senatorial.

   “Hubo un borrador de un informe que pedí aclarar para escuchar otros sectores de personas que necesitamos que hablen y planteen sus posturas, como por ejemplo los tasadores”, expresó Tirado a este rotativo. 

 “Los terrenos se tasaron presumiendo que los proyectos se llevarían a cabo, aun cuando nunca obtuvieron un solo permiso para su construcción”, dice le exposición de motivos de la pieza legislativa.  

Tirado no quiso establecer una fecha límite para presentar el informe, aunque dijo que lo hará antes que acabe la presente sesión legislativa el 30 de junio próximo.  

“Esa resolución ha tenido un trámite bien cuestionable y extraño... la única conclusión lógica es que no hay mucho interés en atender eso”,  señaló Seilhamer al reconocer que  durante la vista pública salió a relucir que el terreno “se pagó bajo unas condiciones irreales”.

A pesar de que el informe no incluiría política pública, los hallazgos y conclusiones que determine se hacen urgentes  ante la eventualidad de futuras transacciones,  opinó Rivera Herrera, quien urgió a publicación de la investigación.

   Se estima que hoy día el 66% de las 3.057 cuerdas de terrenos en el corredor entre los municipios de Luquillo y Fajardo ya le  pertenecen al pueblo de Puerto Rico; el restante sigue estando en manos privadas.

“El senador (Tirado), junto a otros legisladores, han sido vitales en la protección del CEN, así que  de cierta forma nos sorprende el que este informe no haya salido a la luz pública”, planteó  Rivera Herrera.

 Sospecharon siempre.  Pagarle a  PFZ Properties de Joel Katz  $32 millones por las cuerdas de terreno donde se proponía desarrollar Costa Serena “es un robo”, sostuvo Maricruz  Rivera Clemente, portavoz de de la Corporación Piñones se Integra (Copi). 

 “Costa Serena es un neonato que se murió  en el proceso de incubación. Era un proyecto que no adquirió ningún permiso...es un robo, así lo hemos entendido y lo hemos denunciado”, enfatizó Rivera Clemente.

  “En medio de una crisis económica nunca cantes vista tenemos que sacar dinero del pueblo cuando ahora mismo no hay dinero ni para darle comida a los presos o para tener un Centro Médico en buen estado”, agregó la líder comunitaria. 

Sostuvo que es inmoral pagar esa cantidad de dinero por unos terrenos inundables y  el hecho de que sea uno de los cuerpos judiciales del País el que “legalice y legitime ese robo, eso es lo mas terrible”, haciendo referencia de la acción judicial.

 La comunidad ha defendido por años los terrenos que por su definición y características son del pueblo.   


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