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El senador Eduardo Bhatia. (GFR Media)

Washington - El senador Eduardo Bhatia reclamó hoy a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que ordene a su principal estratega, McKinsey, frenar su cabildeo dirigido a influenciar sobre el proyecto de la congresista demócrata Nydia Velázquez que prohibiría conflictos de intereses de los contratistas del ente fiscal.

“Ese cabildeo debe ser repudiado por la Junta y de negarse a detenerlo se le debe cancelar el contrato a McKinsey con Puerto Rico”, indicó Bhatia, portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado y aspirante a la candidatura a gobernador.

En los primeros tres meses de 2019, las firmas de cabildeo Bracewell ($400,000) y Alston & Bird ($310,000) reportaron ingresos y gastos por $710,000 para presionar en el Congreso a favor de McKinsey en torno a su trabajo con la JSF, en momentos en que Velázquez y otros congresistas promueven el proyecto de ley que obligaría a abogados, contables, consultores y otros profesionales contratados por la JSF a divulgar ante la Oficina del Síndico de Bancarrota del Departamento de Justicia de EE.UU. sus conexiones con deudores, acreedores y empleados de la JSF, antes de poder ser compensado.

McKinsey y la JSF han negado conflictos de intereses. Pero una de las subsidiarias de McKinsey, MIO Partners,  ha tenido inversiones  en instrumentos de la deuda pública de la isla.

El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU.,  el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), y la congresista Velázquez, han indicado que están vigilantes ante el cabildeo de McKinsey.

“Seguimos firmemente comprometidos a garantizar una mayor transparencia a través de nuestro proyecto. Si McKinsey insiste en oponerse activamente, sospechamos que encontrarán una recepción fría en el Capitolio.  Deben trabajar con nosotros para finalizar este acuerdo, para que la gente de Puerto Rico pueda confiar en que la Junta está tomando decisiones para ayudar a la isla a recuperarse, y no para llenar los bolsillos de McKinsey”, indicaron Grijalva y Velázquez.

McKinsey, por su parte, sostiene que respaldan la idea de  “mejorar la transparencia en el proceso de reestructuración de Puerto Rico y hemos sugerido formas de mejorar la legislación para evaluar efectivamente las conexiones de los asesores con las partes interesadas y si esas conexiones presentan algún conflicto”.

La JSF, sin embargo, ha apoyado el proyecto de Velázquez y no ha explicado por qué su principal estratega realiza gestiones independientes de cabildeo en torno a Promesa.

“Lo que está haciendo McKinsey en Washington es malo para Puerto Rico. Tenemos derecho a saber de cualquier conflicto de interés, incluyendo las inversiones de su subsidiaria -MIO- en bonos de Puerto Rico. La legislación de Nydia Velázquez inserta a Puerto Rico en la misma rigurosidad y apertura que ya existe en Estados Unidos con asesores en procesos de quiebra. La falta de transparencia y carencia de controles de diseminación es en gran parte la responsable de la quiebra de Puerto Rico. Curar esa enfermedad es el camino correcto. Lo que hace McKinsey al cabildear en contra del proyecto de Nydia Velazquez es agravar la enfermedad”, indicó el senador Bhatia.

Cuando se adoptó Promesa –que incorporó apartados del Código de Quiebras–, no se incluyeron las secciones que habrían hecho obligatorio divulgar conflictos de interés o impedido que asesores previos del gobierno trabajaran en el caso de bancarrota.

Hace casi tres años, El Nuevo Día reportó que  muchas de las firmas que antes asesoraban al gobierno y que ayudaron a estructurar su deuda, ahora son participantes claves del proceso de reorganización que lidera la JSF.

En un reportaje del 26 de septiembre de 2018, The New York Times advirtió del potencial conflicto de interés de McKinsey, cuya subsidiaria MIO Partners ha tenido inversiones  en instrumentos de la deuda pública de la isla.

Doce días antes, la empresa de cabildeo Bracewell se registraba como representante de McKinsey ante el Congreso, con el propósito de trabajar asuntos de “supervisión sobre el Código de Quiebras de EE.UU. con referencia específica a actividades anticompetitivas que pueden hacer daño a acreedores, deudores, asesores, consumidores y empresas a ser reestructuradas y sus empleados”.

McKinsey indicó que entonces buscaban defenderse de las denuncias que ha hecho en su contra Jay Alix, un competidor, sobre conflictos relacionados con casos del capítulo 11 de quiebras. Alix también ha cabildeado en el Congreso sobre el sistema de quiebras.

Para el primer trimestre de 2019, los cabilderos de las empresas Bracewell y Alston & Bird integraron explícitamente la ley Promesa a los temas de su portafolio en favor de McKinsey, de acuerdo con el registro de contratos del Senado de EE.UU.

La legislación de Velázquez fue presentada originalmente  en diciembre de 2018. En el primer trimestre de 2019, cuando Velázquez revivía su legislación, Bracewell informó  $400,000 en ingresos y gastos relacionados con sus gestiones en favor de McKinsey.

En total, desde septiembre pasado, Bracewell ha informado ingresos y gastos que totalizan $885,000 en relación con su trabajo para McKinsey.

McKinsey también ha tenido bajo contrato desde el último trimestre de 2018 a Alston & Bird, que ha informado ingresos y gastos de hasta $380,000. De esos, $310,000 corresponden al primer trimestre de 2019, cuando Alston & Bird informó cabildear sobre asuntos relacionados “con el trabajo de Mckinsey ante la JSF”.

Antes de estas actividades, el más reciente informe de una empresa de cabildeo ante el Congreso que menciona a McKinsey como cliente es de 2003.

Mckinsey –que tiene un contrato de $12 millones con la JSF– ha insistido en que ha cumplido con los requisitos de divulgación y que su subsidiaria con bonos de Puerto Rico, MIO Partners, opera independientemente.

Un informe de Luskin Stern, contratada por la JSF, descartó conflictos de McKinsey.

Cuando declaró el pasado día 2 ante el Comité de Recursos Naturales, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, hizo referencia al proyecto de Velázquez y dijo que el ente fiscal respalda “pasos hacia una mayor transparencia”.

“Nuestro gobierno también apoya esfuerzos para aplicar principios básicos de transparencia a la JSF a través de legislación”, dijo entonces, por su parte, el gobernador Ricardo  Rosselló Nevares.

En febrero, McKinsey alcanzó un acuerdo con el síndico de bancarrota del Departamento de Justicia de EE.UU. para pagar $15 millones en multas por potenciales conflictos de interés en otros casos.


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