“La reforma que hoy proponemos busca maximizar el uso de los fondos estatales y federales
“La reforma que hoy proponemos busca maximizar el uso de los fondos estatales y federales", dijo la secretaria de Educación, Julia Keleher. (GFR Media)

La evaluación de la reforma educativa que impulsa la administración del gobernador Ricardo Rosselló comenzó hoy en la Cámara de Representantes con una vista pública en la cual la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, explicó las razones por las cuáles es necesaria una transformación del sistema de educación pública.

La funcionaria sostuvo que los cambios a las escuelas públicas son necesarios para mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes de la isla, así como para hacer frente a los recortes económicos que enfrenta el DE en los próximos años.

Los recortes en los fondos federales que recibe la agencia -y que en promedio componen un tercio del presupuesto total del DE- así como las reducciones contenidas en el plan fiscal entregado a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) son elementos detallados por Keleher como parte de los retos que la reforma educativa permitirá encarar.

La reforma que hoy proponemos busca maximizar el uso de los fondos estatales y federales. Por años, el uso y manejo de los fondos del departamento no ha sido el más eficiente, lo cual ha ocasionado que la cantidad que finalmente llega a la educación del estudiante sea mínima”, expresó Keleher.

El proyecto de ley que detalla la reforma educativa propone crear una nueva Ley Orgánica para el DE. De esta manera, la pieza legislativa dispone nuevos procesos para el reclutamiento de los empleados de la agencia, sistemas de evaluación constantes para el personal docente, plasma la necesidad de ofrecer a los estudiantes de Educación Especial los servicios que necesitan, viabiliza el establecimiento de escuelas charter en Puerto Rico y revive el programa de vales educativos en la isla.

Las escuelas charter, que en la reforma se identifican como Escuelas Alianza, son planteles públicos que son administrados por entes privados, municipios o universidades, entre otros tipos de organismos sin fines de lucro.

De acuerdo con la secretaria, la transformación educativa que plantea el proyecto de ley permitirá que los estudiantes tengan más opciones educativas, así como impulsará que se desarrollen ofrecimientos educativos variados en todos los planteles.

En la ponencia que presentó ante las Comisiones camerales de Educación, Arte y Cultura y la de Educación Especial, la secretaria detalló que se crearán nuevos mecanismos para el reclutamiento y evaluación de los empleados, particularmente los maestros y directores escolares, de modo que se garantice que los estudiantes recibirán su enseñanza de manos de un “equipo escolar competente y profesional”.

La reforma que proponemos busca reconocer la ardua labor del magisterio y ofrecerle la oportunidad de crecer profesionalmente y adelantar sus carreras a través de un sistema de méritos que permitirá tomar decisiones justas en cuanto a ascensos, permanencias y medidas correctivas o acciones disciplinarias. Este sistema es uno justo, que recompensa la buena labor y busca corregir aquella que se queda corta de lo que merece nuestro estudiantado y el pueblo que costea el mantenimiento del sistema”, expresó la secretaria.

Keleher reconoció que los puntos más controvertibles de la reforma educativa son las propuestas para crear escuelas charter y la libre selección de escuelas, lo cual permitiría que los padres puedan seleccionar el plantel al que matricularán a sus hijos, el cual podría ser uno privado y el Estado otorgaría vales para asistir en los costos.

La secretaria insistió que ambos modelos educativos se establecerían en beneficio de los estudiantes. Para hacer frente a las críticas, Keleher reiteró que las llamadas Escuelas Alianza continuarán siendo escuelas públicas, serán gratuitas y no podrán implementar criterios de admisión para seleccionar solo a un tipo de alumno.

Keleher además hizo referencia a la decisión del Tribunal Supremo del 1994 que declaró inconstitucional el programa de vales educativas que se intentó implementar durante la administración de Pedro Rosselló.

La secretaria aseguró que decisiones tomadas por el Tribunal Supremo federal en las últimas dos décadas han dejado claro que los vales educativos son legales y permiten expandir las oportunidades educativas de los menores. De hecho, la secretaria se hizo eco de las opiniones disidentes emitidas en el pleito de 1994 al establecer que dos jueces, Francisco Rebollo y Antonio Negrón, quienes señalaron que revocar los vales educativos tronchaba las aspiraciones de los niños más pobres.

La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, quien se presentó ante las comisiones legislativas luego de Keleher, elogió la reforma educativa y aseguró que, tal y como están plasmados en la medida legislativa, las propuestas de las Escuelas Alianza y los vales educativos son constitucionales y cumplen con el estado de derecho vigente.

Vázquez opinó que la decisión del Supremo de 1994 en contra de los vales educativos fue errada ya que esta propuesta es “viable”.

Con la decisión de la mayoría del Tribunal Supremo se descartó la oportunidad de adelantar una alternativa educativa viable para los estudiantes de Puerto Rico”, expresó la secretaria de Justicia. “La situación económica de los últimos años y, si sumamos los daños causados por los huracanes Irma y María, producen retos mayores en todos los renglones de la sociedad, incluyendo la educación. En ese sentido, propuestas como la que analizamos en se presentan como baluarte para que el Estado sirva como garante de ese derecho al acceso a la educación”, añadió.


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