El gobierno defendió ante la jueza Laura Taylor Swain los méritos de la reestructuración voluntaria del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), al argumentar que ese proceso no afecta el curso de los casos bajo el Título III de la Ley Promesa y que las partes que podrían oponerse a la transacción, en realidad, están a favor de ella.
En una moción de objeción, de unas 27 páginas, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) le salió al paso a un pedido del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), entidad que solicitó a la jueza Swain que no dé paso a la reestructuración del BGF.
Para el UCC, renegociar las obligaciones de la entidad que fue epicentro del caos fiscal de la isla -antes que otros deudores-, podría terminar afectando los derechos de los acreedores del gobierno central que se ventilan bajo el Título III de Promesa.
Al hacer sus planteamientos, el 23 de agosto, el UCC indicó a la jueza que la Aafaf y el BGF actúan en violación de la suspensión automática de litigios que entró en vigor una vez el gobierno central se acogió al Título III de Promesa.
La posición del gobierno
“La única violación actual es el intento del UCC de aparecer a nombre de varios deudores en el (proceso de) Título VI sin autorización”, ripostaron la Aafaf y el BGF en la moción que se radicó esta semana, justo en la fecha límite que dio Swain para que las partes se expresaran sobre el asunto.
De acuerdo con la moción de la Aafaf y el BGF, el proceso de renegociación de la deuda del agente fiscal cuenta con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), así como de una nueva ley aprobada por la Legislatura que permite reestructurar tanto la deuda por bonos como los depósitos pertenecientes a agencias, empresas privadas y municipios y que el BGF custodiaba.
Según el gobierno, entre otras cosas, el reclamo del UCC no procede porque ello limitaría sus poderes, lo que estarían protegidos en la sección 303 de Promesa.
Un entierro “sin autopsia”
Desde la perspectiva del UCC, la reestructuración voluntaria del BGF es una movida a destiempo y abriría la puerta a que los funcionarios que fueron parte del colapso fiscal de la isla quedensin responsabilidad.
“Como resultado de la crisis fiscal, el BGF fue cerrado operacionalmente, y cesó operaciones hace más de un año, pero exfuncionarios del BGF continúan involucrados en todos los aspectos de los esfuerzos de reestructuración”, indicó el UCC.
El grupo destacó que directivos de la JSF, funcionarios de la Aafaf y asesores financieros, e incluso, el director ejecutivo de la organización Bonistas del Patio, que respalda la renegociación del BGF, ocuparon cargos en la fallida institución.
“Estos individuos preferirían que esta corte ‘entierre’ al BGF antes de que el comité y otros intesados tengan la oportunidad de hacer una autopsia”, reza la moción del UCC, suscrita por el abogado principal del grupo, Luc A. Despins.
Entre otros asuntos, la ley que permite reestructurar la deuda del BGF, libera a los funcionarios presentes o pasados de esa entidad de cualquier acto o responsabilidad por los eventos que provocaron el colapso de la entidad.
Los encontronazos entre el UCC y el gobierno no son nuevos. Hace unos meses, justo cuando se anunciaba que el UCC y la agente de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) llegaban a un acuerdo en torno al Impuesto a la Venta y Uso (IVU) y se planteaba en corte el proceso de reestructuración voluntaria en el BGF, Despins advirtió a Swain que era necesario examinar la transacción a la luz de la reestructuración del gobierno central.
En ese momento, la Aafaf radicó una moción para que no se aprobara la compensación de Paul Hastings, el bufete en el que labora Despins. La moción luego fue retirada por el gobierno.
La controversia sobre la reestructuración de la deuda del BGF surge mientras la JSF creó un comité especial para incoar reclamaciones contra terceros a la luz de la investigación de la deuda que efectuó la firma Kobre & Kim y cuyos hallazgos se discutirán en una vista pública el próximo 18 de septiembre.
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