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Las escuelas están listas para el plebiscito (horizontal-x3)
La secretaria de Educación, Julia Keleher, aclaró que no tiene una meta clara en cuanto al número de escuelas que quieren o deben identificar a partir del próximo año escolar para clausurarlas. (Juan Luis Martínez Pérez)

El cierre oficial de 167 escuelas públicas iniciará después de la consulta de status, que se celebrará el 11 de junio.

¿La razón?

El 90% de esos planteles escolares sirve de colegios de votación durante procesos electorales.

“No vamos a cerrar las escuelas hasta que se realice el plebiscito para no interferir en ese proceso”, aseguró ayer la secretaria de Educación, Julia Keleher.

El cierre de escuelas conlleva la interrupción de los servicios básicos de agua y de luz. Sin electricidad, por ejemplo, los funcionarios de colegio no podrían  transmitir los resultados del escrutinio electrónico a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Ayer, la ayudante especial de Keleher,  Leyda Cruz Berríos, explicó a preguntas de El Nuevo Día que han trabajado esta situación con el área de planificación de la CEE.

“Corresponde al área de planificación identificar otros espacios que sirvan de colegios de votación o hacer una redistribución de los electores”, indicó.

La consolidación de escuelas, que el Departamento de Educación (DE) estima redundará en ahorros de $7.7 millones, también incide en el proceso de planificación de la temporada de huracanes.

El gobierno utiliza como refugios 32 de las 167 escuelas que cerrará, en casos de eventos atmosféricos e  inundaciones.

Un día después de que inició la temporada de huracanes, Keleher señaló que el cierre de escuelas se trabajó en comunicación con el secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat.

“Al principio de mayo, compartimos la lista de posibles candidatos (para cerrarse). Él (Gil Enseñat) con su equipo revisó la lista. Identificaron 32 que son refugios, entre ellos, 26 que son primarios y otros que son secundarios, y su equipo fue comunidad por comunidad para buscar otros centros de la comunidad que pueden servir como refugios”, afirmó la titular de Educación sobre los ajustes interagenciales que requirió el plan de cierre de escuelas.

A inicios de mayo, Keleher anunció que cerraría 179 escuelas como parte de un proceso de evaluación que tomó unos tres meses. Esta semana informó a través de un comunicado de prensa  que la cifra de aulas  se había encogido a 167.

También consignó que el análisis de potenciales clausuras continuaría en los primeros meses del próximo año escolar.

Ayer, sin embargo, pareció suavizar el alcance de sus expresiones.

“No hay ninguna meta para el segundo año. Lo que decimos (sic) el 5 de mayo cuando anunciamos la primera ronda, es que se habían identificado algunas escuelas que cumplían con los criterios que utilizamos en la primera ronda, pero reconocemos que no hubiese sido posible consolidar esas escuelas”, afirmó Keleher.

“Ya fueron identificadas en la primera etapa. No es que en agosto vamos a empezar de cero. Yo tengo escuelas que me han escrito y han presentado propuestas pidiendo que se consolidaron otra escuela. Hay un interés de buscar la economía y de sacar a una población de donde está para moverla a otro sitio”, agregó.

En esa primera ronda, según la funcionaria,  el DE identificó 30 escuelas que cumplían con los criterios de consolidación. Pero la decisión final  dependerá de la “diligencia” de las escuelas en atender las necesidades identificadas o de conseguir apoyos externos como han hecho otros planteles que fueron retirados de la lista de consolidaciones.

El bono de $1,000

En torno al bono de $1,000 que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares mencionó en su mensaje de presupuesto, Keleher detalló que busca “incentivar” a algunos de los 2,635 maestros declarados excedentes al cierre del año escolar que culminó esta semana para que acepten un cambio voluntario a una escuela de bajo rendimiento académico donde existen plazas vacantes.

Precisó que para honrar el convenio colectivo y el principio de  antigüedad se creó una plataforma que ayudará en el proceso de selección.

El DE entregará el bono de $1,000 en agosto cuando inicie el nuevo semestre escolar.

“Esa bonificación es el primero de varios proyectos de la secretaria donde yo voy a incentivar el comportamiento profesional que quisiera provocar”, aseguró.

Keleher también se mostró confiada en que podrá atender las necesidades del DE, pese al recorte de $101 millones que contempla  el presupuesto presentado por Rosselló Nevares el miércoles.

Explicó que siguió una fórmula donde trató de reducir el 10% de cada partida sin afectar los servicios que ofrece la agencia. 

“El análisis no fue  para lograr un número. Fui viendo donde está la ineficiencia línea por línea... Era más reingeniería para lograrlo”, afirmó.


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