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El Comité de Recursos Naturales abrirá la sesión con los testimonios de la directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko, y el síndico designado para la AEE, Noel Zamot, cuyo título oficial es principal funcionario de Transformación de la corporación p (Gerald López Cepero)

Washington - El Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal ha citado a declarar el martes al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ricardo Ramos, días después de que tuviera que entregar los documentos sobre el polémico contrato con la firma Whitefish Energía, en vías de cancelación.

Ramos comparecerá a una audiencia que fue convocada para discutir los retos de la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico, y que quiere centrarse en el rol que debe tener la Junta de Supervisión Fiscal que controla las decisiones financieras del gobierno.

El Comité de Recursos Naturales abrirá la sesión con los testimonios de la directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko, y el síndico designado para la AEE, Noel Zamot, cuyo título oficial es principal funcionario de Transformación de la corporación pública.

Ramos declararía en el segundo panel de la vista pública, que incluye a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y al alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Cruz ha ganado la atención de los medios estadounidenses por haber elevado desde el principio las denuncias sobre la lenta respuesta federal a la catástrofe causada por el huracán María.

El director de la AEE debió entregar a finales de la semana pasada todos los documentos referentes al contrato de $300 millones con Whitefish, una pequeña empresa de Montana con conexiones políticas y un limitado historial.

Bajo duras críticas han estado los costos del contrato y una cláusula que pretendía evitar que las tarifas de pago a los trabajadores pudieran ser auditadas por los gobiernos de EE.UU. y Puerto Rico.

A Ramos se le ha cuestionado además que los documentos oficiales sobre el contrato alegaran falsamente que la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) había examinado el contrato.

“Con la abrumadora cantidad de asistencia federal que se provee  a la isla, la probabilidad de fraude, desperdicio y abuso aumenta. Por lo tanto, la supervisión del Congreso debe ocurrir para garantizar la integridad de los contratos destinados a la recuperación a largo plazo, y que los recursos, como alimentos y agua, están llegando a los necesitados”, indica el resumen preparado por los asesores del presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah).

De acuerdo al memorando de la mayoría, el contrato de Whitefish acentúa “la necesidad de supervisar los fondos que se harán disponible a Puerto Rico en los próximos meses”.

La semana pasada, el contrato de Whitefish fue el centro de atención y críticas de senadores y congresistas que han reclamado diversas investigaciones desde otros comités, como el de Energía y Comercio de la Cámara baja, y el de Seguridad Interna del Senado estadounidense.

El portavoz demócrata del subcomité de Energía de la Comisión de Energía y Comercio, Bobby Rush (Illinois), ha pedido que se cite a Ramos bajo desacato, después dedificultades para lograr su comparencia.

El escándalo Whitefish es objeto de pesquisas del FBI, la Oficina de Contraloría General (GAO), el Congreso y las oficinas de Inspectores Generales de los departamentos de Seguridad Interna, e Interior.

El memorando de la mayoría republicana indica que pese al contrato prácticamente haber recibido críticas “casi universales”, Ramos, como director de la AEE, continuó defendiendo las acciones de su corporación y alude a que el propio gobernador Ricardo Rosselló sostuvo que no habido “malos manejos” en el contrato de Whitefish, sino que se han convertido en “una distracción”.

Antes del escándalo Whitefish, Bishop había previsto la audiencia del martes – que tiene como título “Examinando los Retos para la Recuperación de Puerto Rico y el Rol de la Junta de Supervisión y Administración Fiscal”-, más como una oportunidad para examinar el poder de la autoridad fiscal impuesta bajo la ley PROMESA en esta emergencia, que mantiene aún a más del 60% de la población de Puerto Rico sin energía eléctrica y ha agravado la crisis fiscal de la Isla.

El trasfondo preparado por los funcionarios de la mayoría republicana indica que “ha pasado más de un mes desde el huracán María, y la Junta de Supervisión ha comenzado a utilizar los poderes que se le transfirieron bajo PROMESA para garantizar una gestión responsable y transparente de  los esfuerzos de recuperación que se ponen en marcha”.

El documento toma nota de como el nombramiento de Zamot para que asuma el control de la AEE – un asunto que está en disputa ante la jueza Laura Taylor Swain que preside el nuevo tribunal de bancarrota territorial creado por PROMESA-, ha generado una pugna con el gobierno de Ricardo Rosselló.

El memorando agrega que la junta inicialmente tomo una posición conciliatoria para apoyar los esfuerzos de recuperación que encabezaba el gobernador Rosselló y autorizó gastos de $1,000 millones para esas tareas.

“Un mes después de María, la relación entre la Junta de Supervisión y el gobernador ha declinado notablemente, con la Junta comenzando a ejercer sus poderes bajo PROMESA para garantizar el gasto adecuado de los fondos y supervisar la reconstrucción de Puerto Rico, alineando las acciones de recuperación inmediata con la reconstrucción a largo plazo y el plan fiscal adecuado”, agrega el documento.

El congresista Bishop ha indicado a El Nuevo Día que considera que la Junta tiene mucha autoridad para poder manejar y controlar el proceso de recuperación.

Pero, el informe reconoce que ha habido un debate en el Congreso en torno a si es necesario revisar la ley PROMESA para precisar el control que debe tener la junta sobre el gobierno de Puerto Rico.

“Hay preocupación acerca de si las herramientas que actualmente posee la Junta de Supervisión permitirán una reconstrucción, eficiente transparente y prudente.Por ejemplo, la Junta de Supervisión actualmente no tiene poder para prohibir la legislación territorial que adopte Puerto Rico que pueda tener un impacto adverso fiscal futuro. Además, el proceso del Título V (de la ley PROMESA), que estaba destinado a promover proyectos de infraestructura de financiación privada por la vía rápida, se ha visto obstaculizado por los municipios que impiden la construcción de proyectos dentro de sus localidades. Sin embargo, con la Junta de Supervisión finalmente utilizando los poderes expansivos de PROMESA, la preocupación sobre esas limitaciones puede ser prematura”, agrega el documento de la mayoría.

El memorando advierte además que la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna ha encontrado que FEMA no tiene “procedimientos adecuados administrativos” para lograr que los que reciben subvenciones de emergencia le rindan cuentas sobre el uso adecuado de fondos federales.


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