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El Departamento de la Familia (DF) no investigó como un caso de abuso sexual el primer embarazo de Paola Rodríguez Acosta, la adolescente de 16 años acusada de asesinar a la bebé que parió el viernes pasado en Mayagüez, porque supuestamente no había elementos que señalaran que se había cometido ese delito, dijo ayer la secretaria de esta agencia Yanitsia Irizarry.

Esto, a pesar de que en su primer embarazo la menor tenía 14 años, edad en que no estaba legalmente capacitada para consentir tener relaciones sexuales, por lo que cualquier relación de esa naturaleza con un adulto constituye el delito de violación técnica.

“Para que haya abuso sexual tengo que llegar a la conclusión de que hubo un contacto sexual (en el) que no tuvo la capacidad para consentir o que no fue deseado. Eso específicamente, los elementos de abuso sexual, nunca se desprenden del testimonio de ella ni del testimonio de las personas colaterales, de que había sido abusada. Lo que teníamos era una adolescente con una conducta sexualizada de forma precoz”, dijo Irizarry.

La Secretaria alegó que distinto sería el caso si la menor hubiese tenido 7 años, porque a esa edad “no hay forma en términos jurídicos de que tenga capacidad para consentir”. “Hay jóvenes que están activos sexualmente y en éste estamos hablando de un caso de negligencia pero no necesariamente de abuso sexual”, dijo Irizarry.

‘Patina’ Irizarry

Se le recordó a la Secretaria que el ordenamiento legal dispone que a los 14 años no existe capacidad jurídica para consentir a tener relaciones sexuales, y entonces cambió su respuesta.

“Lo que surge del informe es que se trata de una menor que dio a luz una criatura y que por la edad, se entiende que pudo haber el delito”, dijo Irizarry. La Secretaria aseguró que como parte del caso se activaron los protocolos de la agencia y reiteró que el caso de ellos era por negligencia, y que por ser una primera ofensa, lo que procedía era implantar un plan de servicios.

El plan de servicios consistió en referirla al programa Nido de Amor, que le orienta sobre el cuidado de un bebé.

Señaló que durante esa primera intervención la adolescente solo vivía con su madre por lo que se determinó que no estaba en riesgo de ser abusada sexualmente, a pesar de que en todo momento Rodríguez Acosta se negó a identificar a la persona que la embarazó.

El DF nunca determinó si la menor había sido coaccionada a no revelar la identidad de su agresor.

“Lo que la Ley 177 dice es que uno debe determinar si hay peligro presente. No lo había porque ella vivía sola con la mamá”, señaló la Secretaria, sin explicar cómo la agencia determinó que el único riesgo que corría la menor era en la casa en que vivía y no en cualquier otro lugar.

“Se siguió el protocolo”

A raíz del desenlace de su segundo embarazo, que terminó con el asesinato de la bebé recién parida a las 30 semanas de gestación, la menor ha identificado a Hernán Rodríguez, un primo de 37 años, como el padre de los dos menores.

Si se prueba la alegación de la menor, querrá decir que en el momento en que el DF la tuvo bajo su atención hace dos años, Paola había sido víctima de violación técnica. Irizarry indicó que la menor fue examinada por especialistas de abuso sexual y que en ningún momento presentó señales de que estaba siendo coaccionada por algún agresor sexual, aunque se negaba a identificarlo.

Dijo que la identificación del agresor sexual le toca a la Policía y no al DF. “Esto se refirió a las agencias de autoridad, que no somos nosotros, para que investiguen la posibilidad de que se cometió un delito, porque nosotros no intervenimos con delitos”, añadió.

“Hay casos que yo podría tener dudas. En este caso, no. En este caso se siguió el protocolo”, afirmó la Secretaria.


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