La Fortaleza enviará esta semana a la Legislatura el proyecto del nuevo Código de Incentivos, según Ramón Rosario, secretario de Asuntos Públicos del Ejecutivo. (semisquare-x3)
La Fortaleza enviará esta semana a la Legislatura el proyecto del nuevo Código de Incentivos, según Ramón Rosario, secretario de Asuntos Públicos del Ejecutivo. (Juan Luis Martínez Pérez)

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, confirmó ayer que “en algún momento temprano en esta semana”, el Ejecutivo presentará ante la Legislatura las medidas que deberían darle paso a un nuevo Código de Incentivos y a la eliminación de la Ley por Despido Injustificado (Ley 80-1976).

No obstante, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, advirtió que las medidas debían estar hoy ante la consideración de dicho cuerpo legislativo para que la Asamblea pueda descargar sus funciones de manera responsable. Aun así, no aseguró que ambos proyectos puedan ser atendidos durante esta sesión.

“Lo que ocurre es que quien los está radicando tarde es el Ejecutivo. Si fuera el lunes (hoy) que lo radicaran y ojalá que así sea, tendríamos solo 23 días (para atenderlo); y nosotros no vamos a despachar esto livianamente, nosotros vamos a atender esto con un alto sentido de responsabilidad. Si nos diera el tiempo, formidable, si no diera el tiempo, pues se queda para la próxima (sesión)”, sostuvo el líder senatorial.

Rosario recordó que el proyecto para el nuevo Código de Incentivos, anunciado el pasado 15 de abril, va de la mano de la reforma contributiva y por eso es importante que ambos se atiendan de forma paralela. Sin embargo, la Legislatura tiene ante su consideración la reforma contributiva desde el pasado 17 de abril, contrario al Código de Incentivos, que aún no ha sido sometido.

El Código de Incentivos sería el proyecto que generaría el dinero o los ahorros necesarios para financiar las reducciones de arbitrios y contribuciones incluidas en el nuevo sistema tributario.

“Soy de la opinión que debieron estar conjuntamente radicados la reforma contributiva y el Código de Inventivos para poder atender con mejor entendimiento e información el proyecto de presupuesto”, coincidió Rivera Schatz.

Tanto la derogación de la Ley 80 como la reforma contributiva formaron parte del diálogo del gobernador Ricardo Rosselló con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con el objetivo de garantizar el bono de Navidad y las licencias de vacaciones y enfermedad, según el Ejecutivo.

La Cámara ya tiene los 26 votos necesarios para la derogación de la Ley 80, supo este diario. En la Cámara alta, sin embargo, solo dos senadores han respondido públicamente al llamado de Rosselló. Rivera Schatz ha mantenido su rechazo a la eliminación del estatuto.

“La impresión que yo tengo es que no hay ninguna garantía”, dijo Rivera Schatz.

Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JSF, advirtió la semana pasada que si la Legislatura y el gobernador no aprueban, en o antes del próximo 27 de junio, la ley que cambiará las relaciones obrero-partonales en Puerto Rico, dejarán sin efecto “el acomodo” que pactó con Rosselló.

En entrevista con este rotativo, el presidente de la Cámara baja, Carlos “Johnny” Méndez, adelantó que la medida que eliminaría la Ley 80 puede ir a evaluación de ese cuerpo o de la Comisión Especial para la Reconstrucción y Reorganización de Puerto Rico.

Rivera Schatz dijo que hoy deben tener ante su consideración también el análisis que hizo el organismo federal sobre los beneficios económicos que tendría para el país la eliminación del estatuto.

“Llevo más de un mes pidiéndole... Ya veremos si llega ese documento, si es voluminoso y si tiene sustancia y contenido. Lo vamos a examinar con un alto sentido de responsabilidad”, dijo, al agregar que lo hará público.

No lo cree

Méndez calificó de falsas las expresiones que hiciera Jaresko, quien dijo que el gobernador había negociado la derogación de la Ley 80 a cambio de un alza presupuestaria para su oficina.

La Oficina del Gobernador, a partir del próximo año fiscal, tendrá un alza en presupuesto de 182% en comparación con el presupuesto vigente. Méndez dijo que este asunto no tenía ningún efecto sobre los representantes que han accedido a favorecer la propuesta del Ejecutivo

“No, ninguno. Para mí que eso no es cierto porque desde el principio el gobernador habló con nosotros y nos expresaba en qué consistían las conversaciones”, expresó.

“En todo caso, ellos (la JSF) habrán negociado un aumento de presupuesto para las oficinas de la Junta. Todo presupuesto y asignación se va a evaluar y se va a aprobar lo que es justo y para mí es justo que cada una de las ramas esté en igualdad de condiciones en términos de presupuesto”, agregó.

Cuando se le preguntó a Méndez sobre qué salvaguardas contendrá la medida para derogar la Ley 80 cuando hay expertos en derecho laboral y economistas que aseguran que no hay evidencia de que redunde en un empuje para la economía, respondió con un “vamos a atender todas las inquietudes y le buscaremos contestación”.

“Nos tiene que justificar la derogación de esa ley con argumentos económicos”, dijo.


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