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El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló (horizontal-x3)
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. (GFR Media)

El Tesoro de los Estados Unidos determinó que antes de prestarle dinero a Puerto Rico a través del programa de Préstamos a Comunidades afectadas por Desastres (CDL, en inglés), el territorio estadounidense debe comprometer todos los recaudos del Fondo General, así como los recaudos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) para repagar dicho financiamiento, pues el dinero de los contribuyentes estadounidenses debe protegerse “al máximo”.

Prestar a un territorio en quiebra

De igual forma, el Tesoro federal concluyó que Puerto Rico tendría liquidez para repagar dicho préstamo y que, por ende, este debe cumplir con los términos que aplican a una entidad en bancarrota (DIP, en inglés), según lo establecido en el capítulo 11 de Código de Quiebras.

A esos efectos, el Tesoro estadounidense también habría determinado que a menos que Puerto Rico acepte dar a esa agencia federal una “prioridad superior” para recobrar lo prestado, no se desembolsará préstamo alguno a la isla y así se informará a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain que atiende los casos de Título III de Puerto Rico.

Las condiciones que habría establecido el Tesoro estadounidense están descritas en una carta que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares envió al liderato legislativo en el Congreso estadounidense y en la que el mandatario puertorriqueño instó esa rama de gobierno federal a atender “el descarado fracaso” de la dependencia federal en implementar la ley de apropiaciones del 26 de octubre pasado, y en la que se aprobaron unos $4,900 millones para el programa CDL y del cual debió beneficiarse la Isla.

Admite un posible recorte en servicios públicos

“Desgraciadamente, sin justificación racional, las acciones del Tesoro a la fecha han puesto a Puerto Rico en el peligroso dilema financiero que ahora confronta innecesariamente”, escribió Rosselló Nevares a los líderes de mayoría en Senado y la Cámara de Representantes, A. Mitchell McConnell y Paul D. Ryan, y a los líderes de la minoría demócrata en ambas cámaras, Charles E. Schumer y Nancy Pelosi.

“El gobierno podría estar forzado a reducir profundamente sus reservas de efectivo y a tomar la insostenible decisión de escoger cuáles servicios esenciales cortaría para mantener otros servicios esenciales”, agregó el Primer Ejecutivo en la carta donde se agrega que, en las próximas semanas, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) necesitará más que los $300 millones que autorizó la jueza Swain recientemente.

En la carta, Rosselló Nevares indicó que la intervención del liderato congresional y senatorial federal es clave para evitar “más daño y sufrimiento a los residentes de Puerto Rico y sostuvo que en contravención a las reglas del CDL, el Tesoro federal ha planteado que “no tiene la intención en condonar el préstamo” y que incluir en la documentación del préstamo una cláusula a esos efectos sería “simplemente engañoso”.

A finales de octubre pasado, el Congreso aprobó un paquete de ayuda a los estados y jurisdicciones afectados por los huracanes Harvey, Irma y María, así como por fuegos forestales que totalizó unos $36,500 millones. En ese paquete se inyectaron unos $4,900 millones al programa CDL y esos fondos estarían disponibles para todas las jurisdicciones afectadas, aunque la administración de Rosselló Nevares planteaba que la mayor parte de ese dinero iría a auxiliar a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes estadounidenses.

El Tesoro daría la mitad del préstamo

Aparte de los requisitos de repago y prioridad, el Tesoro también determinó que solo daría al gobierno central unos $2,065 millones o menos de la mitad de la cantidad que reclamaba como suya la administración.

“El 20 de febrero de 2018, casi cuatro meses después de que la Ley de Apropiaciones se firmó, el Tesoro finalmente transmitió los términos y condiciones para un préstamo reducido de $2,065 millones a Puerto Rico de fondos CDL bajo la Ley de Apropiaciones”, reza la carta de Rosselló en la que se explica que, en lugar de facilitar el proceso, el Tesoro federal ha impuesto “restricciones” para que sea “extremadamente difícil” que Puerto Rico pueda acceder a tales fondos.

De acuerdo con Rosselló Nevares, por instrucciones suyas, el personal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) comenzó a reunirse con el Tesoro y se ha provisto toda la información requerida sin lograr otra cosa que la postura asumida por esa agencia federal.

Sin embargo, en la carta de Rosselló Nevares, parece quedar establecido que el Tesoro adoptó su postura luego de que saliera a relucir el informe de recursos líquidos que posee el gobierno. Este informe, divulgado a mediados de diciembre pasado, reveló la existencia de unas 800 cuentas bancarias y calculó en unos $6,875 millones el efectivo que posee el gobierno.

Rosselló Nevares sostuvo que muchos de esos fondos están restrictos por ley como serían las cuentas de reserva para pagar la deuda.

“Pero como se hizo claro en el reporte inicial, este reflejaba un análisis preliminar de cientos de cuentas bancarias del gobierno y sus instrumentalidades, y no tenía la intención y no debe haberse visto, como (un informe) que provee un cuadro preciso de fondos disponibles para que el gobierno pueda utilizarlos sin restricciones y de manera inmediata”, dijo Rosselló Nevares, en la que insistió que Puerto Rico necesita el efectivo que daría el CDL y que ese préstamo deben condonarse a la isla.


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