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El veto de bolsillo al Proyecto de la Cámara 929 se produjo luego de que Rosselló dejara pasar los 30 días que tenía para firmarlo y convertirlo en ley. El término venció el pasado domingo, 4 de febrero.(GFR Media)

El gobernador Ricardo Rosselló dio un veto de bolsillo al proyecto que establecía una nueva política pública en torno al caño Tiburones y un procedimiento para el monitoreo y descarga de sus aguas, informó hoy Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, Inc. (SOPI).

El veto de bolsillo al Proyecto de la Cámara 929 se produjo luego de que Rosselló dejara pasar los 30 días que tenía para firmarlo y convertirlo en ley. El término venció el pasado domingo, 4 de febrero.

La SOPI recibió confirmación del veto por parte de la Oficina de Servicios Legislativos de La Fortaleza. Al momento de este informe, la secretaria de Prensa de La Fortaleza, Yennifer Álvarez, no ha respondido una petición de información adicional.

Por su parte, la portavoz de la SOPI, Ela Cruz, celebró la determinación, al tiempo que reiteró la disponibilidad de la organización para trabajar junto al Ejecutivo en una política pública “sustentable” para el caño Tiburones, ubicado entre Arecibo y Barceloneta.

“Ya hay un precedente, que es la Ley 314-1998, que establece la política pública sobre los humedales. Lo que hace falta es que el gobierno le dé garras y que se ponga en la misma línea de política pública, pero también de la planificación de la totalidad del humedal”, dijo Cruz a El Nuevo Día.

“Estamos disponibles para trabajar con el Ejecutivo y las agencias para ver si finalmente, después de 15 años de hacer este reclamo, se puede resolver”, agregó.

La SOPI y otras organizaciones radicaron una demanda –aún en curso– contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Autoridad de Tierras y la Junta de Planificación para que el caño Tiburones se reconozca en su totalidad como reserva natural. Los grupos entienden que el gobierno ha incumplido con la Ley 314-1998, porque apenas 3,805 de las 7,000 cuerdas que componen el caño Tiburones tienen la designación.

El Proyecto de la Cámara 929 planteaba que, desde 1998, cuando la Autoridad de Tierras y el DRNA suscribieron un acuerdo para la protección del caño Tiburones, ha habido un “manejo incorrecto” de sus aguas. En consecuencia, algunos terrenos han perdido “toda capacidad” de servir como hábitat, mientras que otros –“de alto valor agrícola en la periferia de la reserva”– están anegados o inundados.

Disponía, además, que el DRNA sería responsable de identificar los terrenos periferales, pertenecientes al Departamento de Agricultura y los municipios de Arecibo y Barceloneta, para coordinar la conservación y preservación del caño Tiburones. También le ordenaba al DRNA realizar –en 180 días– un estudio hidrológico e hidráulico para determinar el “nivel óptimo” de las aguas, para que se provean las “mejores condiciones ecológicas” sin menoscabar las “actividadescónsonas”, como la agricultura. Basado en ese estudio, el DRNA fijaría una “regla operacional” para la Estación de Bombas de El Vigía y daría mantenimiento a los canales de drenaje, entre otras cosas.


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