El secretario del DDEC, Manuel Laboy, explicó que con el nuevo esquema, los incentivos se otorgarán en función del retorno de inversión que dejen al fisco y a la economía. (GFR Media) (semisquare-x3)
El secretario del DDEC, Manuel Laboy, explicó que con el nuevo esquema, los incentivos se otorgarán en función del retorno de inversión que dejen al fisco y a la economía. (GFR Media)

En un intento por atraer más inversión y crear más empleos, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), en conjunto con el Departamento de Hacienda, desarrolló un nuevo código de incentivos contributivos que ampliará el tipo de empresas e individuos que podrán recibir estos beneficios al tiempo que, por primera vez, se establecerá un mecanismo específico para medir la efectividad de los incentivos y tratamientos especiales que se otorgan.

Sin embargo, aunque se trata de un esfuerzo novel, los ahorros que dejaría el nuevo código de incentivos serían de $300 millones, una cifra mínima en relación con los $7,300 millones que el fisco deja de recibir por estos tratamientos especiales.

En síntesis, el gobierno central y los municipios dejan de recibir en ingresos casi una cantidad similar al tamaño del Fondo General.

Ayer, en conferencia de prensa, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio y el secretario de Hacienda, Manuel Laboy y Raúl Maldonado, respectivamente, aseguraron que el nuevo Código de Incentivos -ahora en manos de la Legislatura- es un esfuerzo sin precedentes en la historia de Puerto Rico. Y ambos funcionarios se mostraron confiados en que este ayudará a transformar la economía de Puerto Rico, dará mayor énfasis a los empresarios locales y a proyectos innovadores, mientras se hace un uso más eficiente de los recursos públicos que se dedican al fomento de empresas en la isla.

“Nunca antes habíamos visto una reforma contributiva y un código de incentivos de este tipo, lo que refleja el trabajo en equipo que se ha estado haciendo”, dijo Laboy.

“Bajo este método, todo lo que el gobierno invierta, vamos a tener un rendimiento medible, todo va a ser por métrica”, agregó el funcionario.

La pieza que faltaba

La radicación del Código de Incentivos por parte de la administración de Ricardo Rosselló Nevares ante la legislatura completa el cuadro de cambios estructurales que se plantearon en el plan fiscal que certificó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Y al publicarse la legislación propuesta, Puerto Rico accede a la pieza del rompecabezas que ayudaría a financiar parcialmente la reforma contributiva que, según Maldonado, dejará unos $850 millones en el bolsillo de los consumidores.

Nuevo paradigma

Partiendo de la presentación de los funcionarios y del proyecto de ley de unas 470 páginas radicado esta semana, el Código de Incentivos supone un cambio a la forma en que el gobierno ha asignado dinero para actividades empresariales y de inversión en la isla.

El cambio se produce tanto en la forma como en las actividades que serán elegibles para recibir el apoyo del gobierno, pero también en el proceso que se seguirá para otorgar estos tratos especiales a empresas e individuos.

De entrada, el Código de Incentivos supone la consolidación de sobre una decena de leyes que otorgan tratamientos especiales a empresas y ciertos individuos en Puerto Rico.

Laboy se apresuró a decir que lo hecho no fue transferir leyes vigentes en un nuevo texto legislativo. En su lugar, explicó el funcionario, la integración de las leyes fue fruto de unas 30 sesiones de trabajo con múltiples organizaciones del sector privado.

Maldonado, por su parte, aseveró que lo realizado responde a las mejores prácticas para la administración de beneficios a empresas e iniciativas de inversión.

Al integrar las leyes en un solo código, el DDEC y Hacienda agruparon en ocho áreas los incentivos que se otorgarán. Además, se ampliaron los incentivos para individuos inversionistas locales o que se relocalizan a la isla.

De aprobarse la legislación, el gobierno otorgará incentivos por exportar bienes y servicios y dará tratos especiales a negocios de finanzas, seguros e inversiones e iniciativas turísticas bajo el concepto de “la economía del visitante”. También habrá beneficios para industrias creativas, manufactura, infraestructura, agricultura y empresarismo.

Tasa fija y menos patente

Ahora, explicó Laboy, en lugar de que cada sector tenga tasas particulares, el negocio exento suscribirá un decreto de 15 años, que puede extenderse por otros 15, y si recibe la autorización del DDEC, tendrá una tasa contributiva fija de 4%, no pagará el 90% de los impuestos de la propiedad mueble y estará exento de pagar la patente municipal hasta 60%. Quienes reciban ganancias de capital y dividendos no pagarán impuestos por tales ingresos.

“La exención al agricultor bona fide se queda”, ejemplificó Laboy.

Agregó que también habrá incentivos particulares para quienes inviertan en las islas municipio de Vieques y Culebra y que las Pymes con ingresos menores de $3 millones podrán solicitar los incentivos que antes fueron concebidos para multinacionales.

Además, en lugar de que la empresa o individuo reclame ciertos créditos en su planilla de contribución sobre ingresos, el gobierno le otorgará una subvención monetaria por invertir, entre otras cosas, en proyectos turísticos, cine, investigación y desarrollo, así como productos manufacturados en Puerto Rico.

Esa inversión se pagará de un nuevo Fondo de Incentivos Económicos (FIE) en el que consolidarán todos los fondos especiales de incentivos vigentes. El fondo, explicó Laboy, se nutrirá del 10% de las contribuciones que paguen los negocios exentos al fisco (lo que emula la estructura actual del sector industrial) o la cantidad que apruebe la Legislatura en el proceso presupuestario.

La apuesta del DDEC y Hacienda por el FIE supone una manera simple y centralizada para manejar recursos públicos que antes estaban dispersos en múltiples agencias. En ese sentido, el gobierno cumple parcialmente con la exigencia de la JSF de reducir la multiplicidad de fondos para todo tipo de leyes que posee el gobierno.

Transparencia

Según Laboy, el Puerto Rico actual debe tomar una decisión entre “estimular la competitividad o subsidiar la ineficiencia” y por ello, los incentivos se otorgarán en función del retorno de inversión que dejen al fisco y la economía.

De aprobarse la pieza legislativa, cada dólar que apruebe el DDEC tendrá que superar una prueba de costo-beneficio que considerará múltiples variables. Entre estas, los empleos que se creen, si se aumentarán las exportaciones y el potencial de recaudos al fisco.

Todos los tratamientos especiales otorgados se publicarán en un informe anual, aseguró Laboy.

“Aquí no hay nada improvisado o para las gradas. Necesitamos un código de incentivos que permita un desarrollo sostenible”, indicó, por su parte, Maldonado.

Según Maldonado, si bien el huracán María hizo “un detour” al código de incentivos, la nueva fórmula busca potenciar al empresario local y motivar a que las empresas inviertan en nuevos equipos y maquinaria para desarrollar negocios más competitivos.

Una gota de agua

Según Laboy y Maldonado, el Código de Incentivos ahorraría unos $300 millones al fisco.

Si bien sería la primera vez que una administración de gobierno busca reducir y contabilizar lo que otorga en tratos preferenciales, los ahorros serían ínfimos en relación con lo que el gobierno deja de ingresar por su modelo de incentivos y tasa preferencial.

El DDEC y Hacienda revelaron ayer que aparte de los $610 millones que cuestan los incentivos y subvenciones actuales, el Fondo General deja de recibir otros $5,797 millones en recaudos. Esto, cuando se analiza la tasa fija de 4% que se ha establecido para actividades de exportación y aquella de 27% para actividades locales. Como resultado, cadaaño, el Fondo General deja de ingresar unos $6,406 millones.

Ese impacto aumenta por otros $882 millones cuando se suma el dinero que los municipios dejan de ingresar por las exenciones en impuestos al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) o el pago de patentes, elevando la inversión pública en actividades empresariales a unos $7,288 millones.

De esta manera, aunque no se proveyeron cifras del impacto futuro del Código de Incentivos, en la actividad económica, pareciera que el acuerdo recientemente adoptado entre el gobierno y la JSF sobre el plan fiscal y que allegaría unos $250 millones a los municipios apenas compensaría el impacto que estos reciben en incentivos y tratos preferentes.

De otra parte, mientras el impacto fiscal por fomentar actividades empresariales y de inversión en la isla equivale al 10% del producto bruto, datos de la Junta de Planificación apuntan a que entre los años fiscales 2008 y 2017, la compensación a los empleados ha menguado en 7%.

No obstante, según el plan fiscal certificado por la JSF, todavía urge reducir los costos de hacer negocios en Puerto Rico, cosa que ayer reiteróLaboy.

Según el plan de la JSF, parte de ese objetivo se alcanza con una reforma laboral que, entre otras cosas, elimine las protecciones al trabajador en caso de despido. Dicha medida se aprobó parcialmente ayer en el Senado.


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