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El secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, asegura que derogar la Ley 80 afectará menos que la pérdida del bono de Navidad. (GFR Media) (semisquare-x3)
El secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, asegura que derogar la Ley 80 afectará menos que la pérdida del bono de Navidad. (GFR Media)

Derogar la Ley 80 no creará los empleos que necesita Puerto Rico, pero esa movida fue la pieza que escogió el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para llegar a un pacto con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), por entender que afectará menos a los trabajadores, y dará más recursos al gobierno que enfrascarse en un litigio con el organismo federal.

No obstante, el gobierno no pudo obviar ayer un nuevo pleito judicial, al encarar la primera demanda asociada con el plan fiscal certificado por la JSF y con el proceso presupuestario.

Las aseguradoras Assured Guaranty y Financial Guaranty Insurance Company regresaron a la corte pidiendo a la jueza Laura Taylor Swain que declare que el plan fiscal recién certificado no cumple con las disposiciones de la ley Promesa.

Ayer, antes de darse a conocer la demanda, el secretario de Asuntos Públicos, Ramón L. Rosario Cortés, quien tiene a su cargo la redacción del proyecto para derogar la Ley 80 de Despido Injustificado, conversó con El Nuevo Día acerca de la ficha que, por el momento, ha servido para una tregua entre la JSF y el gobierno.

Según Rosario Cortés, eliminar la Ley 80 será menos perjudicial a la economía y a la gente que la pérdida de ingresos que supone eliminar el bono de Navidad y reducir a siete días, cada una, las licencias pagadas de vacaciones y enfermedad.

El gobernador no quería derogar la Ley 80. En la negociación, el gobernador escogió (proteger) lo que más afectaba y eso era a los más vulnerables, quitarles el bono de Navidad a los empleados del sector público y privado. A eso, el gobernador dijo que ‘no’ desde el primer día y a eso, la Junta, dentro de ese escenario, puso la Ley 80 como lo que iban a retener”, dijo Rosario Cortés.

El funcionario estimó que el proyecto para derogar la Ley 80 podría estar ante la Legislatura esta semana o a principios de la próxima. “El proyecto acoge lo que terminó en la mesa de la JSF”, indicó.

“El gobernador, en un balance, tenía que analizar o terminamos en tribunales -la junta no me aprueba el presupuesto con el bono de Navidad de los empleados públicos y termino litigando- o llego a un acuerdo donde permito sacar de la mesa el bono de Navidad y la reducción de licencias, más cojo otros fondosimportantes para el desarrollo económico”, dijo Rosario Cortés en referencia a los fondos que recibirán los municipios y la Universidad de Puerto Rico.

La Ley 80 y el plan fiscal

Para la JSF, la Ley 80 es indispensable porque, según los economistas que asesoran al organismo federal, se trata de un cambio de paradigma que ayudaría a que la economía crezca y una economía en crecimiento es la llave para llegar a un acuerdo con los bonistas en corte.

Según el plan fiscal certificado, la reforma laboral (incluyendo la eliminación del bono de Navidad y las medidas para aumentar la fuerza laboral) contribuiría 1% al producto bruto al cabo de su implementación.

El Nuevo Día supo que la JSF puso en la mesa la ficha más drástica de esa estrategia para sumarla a las demás reformas estructurales. La propuesta de Rosselló Nevares fue avalada por la JSF, pero de manera dividida.

¿Cómo, según el plan fiscal, eliminar la Ley 80 tiene más impacto en la economía que romper el monopolio de energía eléctrica?

“El impacto de la reforma eléctrica a corto y mediano plazo realmente es mantener los precios porque ahora tú ves un kilovatio hora de 20 centavos, pero es ficticio porque no estamos pagando deuda”, dijo Rosario Cortés.

“Ese famoso stay que permite no pagar deuda en Promesa, eso se va a acabar, por esto tenemos que hacer la transformación”, insistió Rosario Cortés.

De acuerdo con el abogado, quien antes encabezaba la práctica Laboral para el bufete Cancio, Nadal, Rivera & Díaz, la eliminación de la Ley 80 debe verse en el contexto de las demás reformas que se contemplan.

“Tenemos que asegurarnos de que hacemos los cambios a nivel de transformación desde la consolidación de agencias, la reforma energética, la reforma educativa, de salud porque este cojín que hemos tenido no va a durar para siempre”, dijo Rosario Cortés.

De otra parte, según el abogado, la Ley 80 afectaría a menos personas mientras daría flexibilidad a los patronos para crear empleos.

Rosario Cortés utiliza como argumentos datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y de la Administración de Tribunales.

Desde el año 2015 hasta abril pasado, la Oficina de Mediación y Adjudicación y el Negociado de Normas del Trabajo, los dos foros administrativos que atienden reclamaciones por Ley 80 atendieron 8,529 casos.

Algunos de esos casos pudieron terminar en el foro judicial, pero ello se desconoce. Tampoco se cuántas de estas reclamaciones resultaron en compensaciones al trabajador y cuántas corresponden a un individuo o a un grupo de trabajadores afectados.

Lo que sí se sabe es que entre los años fiscales 2010 y 2016, los tribunales de Puerto Rico recibieron 675 casos de reclamaciones de mesadas por despido injustificado, aunque entendidos en el tema señalan que buena parte de las reclamaciones por despido injustificado se radican en los foros federales.

Partiendo de los datos vinculados a los foros locales, el número de casos registrados por Ley 80 en los pasados ocho años representaría apenas el 1% de la fuerza trabajadora en Puerto Rico.

Si ese es el caso podría decirse, que la Ley 80 no afectaría a un número grande de trabajadores que resulten cesanteados, pero tampoco sería un escollo para los patronos.

Sin embargo, según Rosario Cortés, uno de los retos del estatuto -que de paso fue flexibilizada con la primera reforma laboral hace un año- para los patronos es el tiempo que toma litigar el asunto.

A manera de ejemplo, el abogado sostuvo que todavía permanecen activos en los foros pertinentes casos que este radicó mientras ejercía en la práctica privada.

¿Qué va a pasar si al cabo de un año, el sector privado que antes abogó por eliminar la ley de cierre no cree los miles de empleos que se estima en el plan fiscal?

“La Ley 80 no puede verse por sí sola. Hay que verlo en conjunto con todas las demás cosas y reformas que se están haciendo para que mejore la economía. No sería justo verlo de esa forma únicamente”, indicó Rosario Cortés.


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