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Al hablar de la crisis fiscal en los municipios, el exportavoz de Alejandro García Padilla y ahora representante reconoció que el pasado gobierno llegó a fallar y se quedó sin tiempo para reestructurar la deuda, pero dijo que "de las experiencias aprendemos"

Las medidas impositivas del gobierno de Puerto Rico y los municipios tienen el potencial de extraer de la economía mucho más de los $924 millones que se contemplan en el Plan Fiscal certificado y el presupuesto recomendado para el próximo año fiscal que comienza en julio.

Esto según una revisión de las alzas ya impuestas, los cambios anticipados en el Plan Fiscal y leyes propuestas, así como expresiones de expertos entrevistados por El Nuevo Día. Estos alertan que el gobierno central y las entidades públicas del Estado -incluyendo las corporaciones públicas y los municipios- sacarán del bolsillo de las empresas y de las personas mucho más dinero que el anticipado, añadiendo nuevas capas a la retahíla de impuestos y aumentos en tarifas que se registran desde el 2006, año en que la crisis fiscal y económica comenzó la escalada que llevó la deuda pública a niveles inmanejables. 

En el caso de los ayuntamientos, las administraciones en Cabo Rojo y Arecibo han anunciado el cobro por el servicio de recogido de basura. En San Lorenzo, la necesidad de nuevos ingresos ha tomado forma de patentes especiales por ornato y “embellecimiento de la ciudad”. 

Esto es un impuesto sobre las ventas brutas de las empresas que se usará para costear los trabajos ornamentales en las calles y los programas de reciclaje. Del mismo modo, en Yabucoa se impuso un cobro por las escoltas que da la Policía Municipal a algunas comitivas fúnebres. 

Por otro lado, en las corporaciones públicas, como la Autoridad de Energía Eléctrica, ya se impuso un aumento permanente a la tarifa básica de 1.025 centavos el kilovatio-hora. Para inicios del año natural 2018 se anticipan alzas en la factura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. A esto se le podría sumar el aumento de 10 centavos que a partir del sábado pasado que se cobra en los peajes de las autopistas PR-22 y PR-5, ambas propiedades de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) pero arrendadas desde inicios de década a la empresa Metropistas.

Lo que viene

La lista es larga y sigue con cargas adicionales que se perfilan para los consumidores o beneficiarios de programas del gobierno. Por ejemplo, el Plan Fiscal anticipa recortes en el programa Mi Salud y el establecimiento de un sistema de copagos.

Del mismo modo, a partir de agosto se comenzará a discutir una nueva reforma tributaria que, entre otras cosas, tiene como meta expandir la base de contribuyentes corporativos, mientras que todavía se manejan ideas para reformar el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) de modo que se encuentren nuevos fondos para los ayuntamientos, que a partir de julio entrarán en un proceso de transición fiscal con la eliminación de los $350 millones que reciben en transferencias del gobierno central. 

Entretanto, ya se legislaron aumentos a los arbitrios sobre el cigarrillo y hubo alzas en los importes por las licencias, los seguros que ofrece el gobierno y las multas de tránsito. 

Impacto que se acumula

Lo mencionado solo contempla los cambios de los últimos seis meses o aquellos que en la actualidad se anticipan para los próximos años. No toma en cuenta las cargas contributivas legisladas por gobiernos anteriores al actual, como el aumento del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) a un 11.5% y las alzas en el arbitrio sobre los productos derivados del petróleo, entre muchas otras. 

“Todo esto tiene un efecto acumulativo. Lejos de fomentar un modelo de producción, estas tratando de tapar agujero y todo esto se está mirando desde la óptica fiscal. Se ha visto el problema como uno de contabilidad y tratan de resolverlo con más impuestos o recortes de gastos. El problema es que eso no nos saca del atolladero. Estoy sorprendido porque cada día más esto apunta a que esto va a reventar. Eso es lo que va a pasar aquí si no comienzan a verlo como un problema económico”, dijo el profesor jubilado de Administración Pública, Mario Negrón Portillo.

El secretario auxiliar de Rentas Internas en Hacienda, Francisco Parés Alicea, reconoció que cada uno de estos tributos ha tenido un impacto en la economía. Sin embargo, la magnitud depende del tipo de imposición, el ajuste en las tasas, y los costos de cumplimiento de los contribuyentes. 

“Pero es claro, los aumentos en contribuciones y en cargos tendría un efecto en el crecimiento económico. Cualquier carga impositiva en el sector privado podría desacelerar el crecimiento económico”, dijo Parés Alicea. 

“Se hicieron muchas enmiendas al Código (de Rentas Internas) tratando de satisfacer una incapacidad de fiscalización que se venía arrastrando desde hace años. Para el gobierno era más fácil cobrarle más a los que pagaban que ir a cobrarle a los que no pagaban. Eso se está corrigiendo ahora”, añadió el funcionario. 

Los números

Según el Plan Fiscal, con las medidas de ingresos, muchas de ellas legisladas desde enero, se busca atraer $924 millones al gobierno. El 56% de ese dinero se obtendría con la extensión de la Ley 154 que impone un arbitrio a las empresas foráneas, el 16%, con mejoras a la fiscalización de Hacienda, y el 28%, con los cambios a las tarifas y al resto de las contribuciones enmendadas. 

No obstante, en el documento fiscal se contemplaba un alza de 91% en el arbitrio a los cigarrillos. La Legislatura, sin embargo, dejó el incremento en 74%. Por otro lado, el aumento en las multas de tránsito que se perfiló inicialmente en el orden del 10%, terminó con una tasa, por mucho, mayor. 

Algunos estimados extraoficiales sitúan el incremento en multas en 50%. Es decir, si una infracción implicaba una multa de $100, bajo el nuevo esquema, el infractor tendrá que pagar alrededor de $150. 

La proyección de ingresos que más dudas ha generado es la que se espera con una mejor fiscalización de Hacienda a los contribuyentes. Esto incluye los esfuerzos por el cobro del IVU en las transacciones por internet, un incremento en los procesos electrónicos. 

El representante de la minoría popular, Jesús Manuel Ortiz, indicó que este estimado de recaudos por fiscalización de Hacienda es de los más inciertos por el amplio margen de error en las proyecciones. 

“Esto se ha visto antes. Los gobiernos alegan que con cambios administrativos en Hacienda pueden recaudar más pero después se quedan cortos. En esto hay que recordar que cuando se suben los impuestos se contrae la economía y eso baja los recaudos del gobierno”, dijo Ortiz.

El secretario auxiliar de Rentas Internas, sin embargo, explicó que este estimado tiene detrás una serie de iniciativas específicas que fueron medidas al momento de elaborar los estimados.

“No son $150 millones a recaudar porque sí. Eso está enmarcado en una serie de estrategias específicas”, sostuvo el funcionario.


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